En el marco del día Internacional de las Mujeres Indígenas, conmemorado el 5 de septiembre en memoria del asesinato en 1782 de la heroína de la Independencia del Alto Perú Bartolina Sisa, el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos” elaboró un informe sobre violencia extrema por razones de género y femicidios en comunidades originarias.

El observatorio relevó 17 femicidios de mujeres Indígenas a nivel nacional entre 2015 y 2022 en Argentina. En Salta sostuvo que desde 2019 hubo 6 femicidios de niñas y adolescentes indígenas.

Esmeralda López, de 14 años de edad, fue asesinada en Coronel Juan Solá, pueblo del norte salteño, el 10 de febrero de 2019. Mumalá resaltó que no se encontraron culpables por este crimen. Le siguió el femicidio de Raquel Viviana Palacios, de 18 años de edad, en Tartagal, el 11 de febrero de 2019. 

Mientras que el 14 de febrero de 2020 Araceli Pereyra, de 8 años de edad, resultó víctima de un femicidio vinculado; la mató su padre, quien después se suicidó. Nancy Villa, de 14 años de edad, de Misión La Loma en Embarcación, fue otra víctima de femicidio el 9 de enero de 2021. 

El 15 de enero de 2022 fue hallada asesinada la niña Pamela Julia Fernanda Flores, de 12 años de edad, en la Misión Wichí Kilómetro 2 comprendida en la jurisdicción del pequeño pueblo de Pluma del Pato, también en el norte provincial. Mientras que el 5 de marzo de 2022 fue asesinada Florencia Torrez, también wichí, de 14 años de edad, en Pichanal, siempre en el norte.  

La agencia de noticias indígena Telesisa también recordó a la adolescente de 18 años Aldana Quico, que estaba embarazada y murió al no recibir la asistencia médica adecuada en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal. La chica había ingresado con un feto muerto y esperó 12 horas sin que se lo retiraran. La familia denunció al médico Patricio Parra Marín por no haber actuado a tiempo. En principio, el profesional habría pretendido que Quico expulsara al feto a través de un parto normal. 

El mismo médico ya tenía una denuncia previa por violencia obstétrica en perjuicio de otra adolescente de 18 años de la Misión Los Tobas a quien le habría negado la asistencia mientras se desangraba por presuponer que se había practicado un aborto. La paciente tenía otro problema de salud.

Víctimas niñas y adolescentes 

La coordinadora del Observatorio de Mumalá en Salta, Valeria de los Ángeles Casimiro, puso énfasis en el hecho de que las víctimas indígenas de femicidios son niñas y adolescentes. "En la mayoría de los casos tiene que ver con el contexto", dijo a Salta/12. En ese sentido, relacionó estos hechos con otras problemáticas que atraviesan a las comunidades indígenas en el interior de la provincia, "la trata de personas, la violación grupal, las adicciones". 

Casimiro dijo que Mumalá presentará por tercera vez un proyecto en el Congreso de la Nación solicitando que se declare la emergencia por violencia de género. Destacó que consideran que esta medida "es necesaria y urgente (...) porque los casos de femicidio no han descendido en cantidad sino muy por el contrario, han aumentado".

La organización Mumalá precisó que construye información sobre la base del relevamiento en medios de comunicación. En ese sentido destacó que "son escasas las menciones a la pertenencia étnica de las mujeres y disidencias de pueblos originarios víctimas de femicidios". Asimismo, hizo la salvedad de que el relato informativo desde 2015 se fue enriqueciendo con la perspectiva de género y sería valioso avanzar con la inclusión de la interseccionalidad. 

Asimismo, las víctimas son más jóvenes que lo reflejado en el promedio general, la violencia sexual está presente en la mayoría de los casos, se las desaparece en un alto porcentaje. En los cuerpos de las mujeres y disidencias originarias se multiplican las violencias así como los mecanismos en búsqueda de encubrimiento e impunidad. 

El Observatorio de Mumalá también resaltó que a nivel país, mientras que para los femicidios en general es alto el porcentaje de condenas, los femicidas de mujeres wichí, quom, guaraní, chicha y omagua warmikura sólo fueron condenados en un 40 % de los casos. 

"En el marco del día internacional de las mujeres indígenas visibilizamos los datos de femicidios hacia mujeres originarias, también expresamos nuestra profunda preocupación por la persistencia y naturalización de prácticas de violencia y abuso sexual de la que son víctimas por su pertenencia étnica (chineo)", señaló Mumalá.

Las voces de las mujeres 

Rosa Rodríguez es integrante de la misión wichí Carboncito en Embarcación, trabaja como auxiliar bilingüe en el Ministerio de Educación salteño y también realiza esa misma labor para el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación en los talleres que dictan.

"Como mujer de pueblos indígenas (...) siempre analizo y observo lo que a nosotras nos hace falta seguridad", dijo Rodríguez a Salta/12. "Nos hacen falta herramientas para acceder a las informaciones, por ejemplo, sobre los femicidios", señaló.

"El desconocimiento permite que atravesemos eso", consideró. Mencionó que hay criollos que ingresan a las comunidades y las niñas muchas veces "desconocen los peligros" a los que pueden estar expuestas. Palabras que resuenan en un contexto en el que las mujeres indígenas se han atrevido a denunciar las violaciones sexuales de las que son víctimas por parte de habitantes criollos. 

"Hay muchas personas (criollas) que traen droga y todas esas cosas, las que son de la comunidad están accediendo a eso", señaló Rodríguez. "Y lo mismo pasa con el alcohol", añadió. "La gente está adquiriendo una cultura que no era la de ellos. Antes tenían valores como cuidar de su hermana. Actualmente es muy distinto", opinó.

"Siempre que voy a algún encuentro que se trata de violencia de género, abusos sexuales, femicidios. Insisto y hago el aporte de que hacen falta talleres, que trabajen esos contenidos sobre el cuidado, la prevención, las enfermedades, los peligros, la trata de personas, sobre diferentes contenidos relacionados a estos temas", sostuvo. "Insistimos sobre los talleres, siempre nos dicen que no hay plata, no hay viáticos" recalcó además respecto a las autoridades gubernamentales.

En cuanto a la Educación Sexual Integral, Rodríguez dijo que algunos temas se adaptan a la lengua materna y a la cultura indígena como "cuidado del cuerpo" pero señaló que algunos contenidos son difíciles de abordar y no se traados en las escuelas "para no tener problemas" con la comunidad.

Estela Torres, integrante de la organización "Wakalis (mujeres de lengua) Lule", es parte de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, que se ubica en San Lorenzo, vecina a la ciudad de Salta. Torres consideró "valioso" el informe de Mumalá, ya que observa que "no hay informes sobre mujeres indígenas o femicidios de mujeres indígenas. El Observatorio (de Violencia contra las Mujeres provincial) las agrupa a todas juntas, no diferencia a las mujeres indígenas", sostuvo. 

"No hay políticas públicas y de prevención para las mujeres indígenas", afirmó Torres. Consideró que las políticas que hay son generales para toda la población de mujeres y el colectivo LGBTIQ+ incluso, pero eso mismo "se intenta aplicar en las comunidades" sin tener en cuenta el "tinte especial" de cada una, porque "cada comunidad es diferente". "Hay empleados públicos suficientes para salir al territorio y escuchar las voces de las mujeres indígenas", opinó. 

Torres también afirmó que "Existen muchas violaciones y no se denuncian". Dijo que escucha esos relatos sobre todo de las mujeres del Chaco salteño. "Existe maltrato verbal y violencia institucional de empleados públicos en los hospitales, de la policía, hasta en el IPPIS (el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas)", agregó.   

Para Torres, el estado está "fallando en casi todo". "Digamos que leyes hay muchas, de protección contra la violencia, para la misma discriminación, hay instituciones, secretarías, ministerios que yo creo que no se ocupan o no trabajan en las comunidades. Muchas veces cuando ocurren estos casos, como los de las mujeres que fallecieron el año pasado, recién se acercaron desde el Gobierno nacional y del gobierno provincial muy poco se acercan", manifestó.

Además, consideró que "años anteriores existían políticas que empoderaban un poco más a las mujeres de las comunidades, por ejemplo, el programa nacional de lideresas de mujeres indigenas Bartolina Sisa, pero con Macri se eliminaron. Había un programa de facilitadores interculturales bilingües, se quitaron todos. pensamos que con el gobierno de Alberto Fernández se iba a retomar todo eso pero no se retomó nada". 

Torres refirió diversas situaciones de violencia que atraviesan las mujeres indígenas. En su comunidad vienen luchando para que el gobierno provincial reconozca a su Pueblo, la Cámara de Diputados dejó vencer un proyecto de ley en ese sentido. La Comunidad Lule ya tiene el relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la personería jurídica nacional. "Nos sentimos discriminadas en ese sentido, no se valora la historia de nuestras ancestras, hemos vivido 5 o 6 generaciones en estas tierras, está documentado, el gobierno (de la provincia) hace la vista gorda", afirmó. 

También mencionó los atropellos que viven las mujeres de su comunidad por esa falta de reconocimiento. 

"Hacemos prevención sobre violencia de género. No son muchos casos pero sí existen. En la zona urbana es más fácil, que (las mujeres) se comuniquen, tienen señal, policía cerca. Tenemos varios casos, que están judicializados. En la zona montañosa ya no llega la señal", mencionó. Dijo que es una problemática que está normalizada y luchan contra eso. También contó que tuvieron al menos dos casos de trata de niñas, a las que lograron rescatar sobre la base del trabajo con otras organizaciones e instituciones y la difusión rápida en redes sociales. 

Torres también mencionó que como mujeres demandan el acceso a servicios públicos básicos como el agua, ya que estando en una zona de vertientes no tienen conexiones formales, e iluminación en algunos lugares por donde cruzan cuando van a trabajar. Asimismo, dijo que vienen pidiendo un puente en una zona donde atraviesan el río San Lorenzo, que en esta época cruzan caminando o en vehículo porque le ponen ripio, pero en verano crece y no se puede cruzarlo.