La fiscal española Marta Durántez solicitó las autoridades australianas que analicen la causa contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones -a raíz del beso no consentido a Jennifer Hermoso en la premiación del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023- para aclarar si la actuación del expresidente de la Federación Española de Fútbol es un delito en ese país.
Para que la causa prospere en España es necesario que se dé el requisito de doble incriminación, es decir, que el hecho sea considerado un delito en ambos países, según exige la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPD) en su artículo 23.2. No obstante, el Ministerio Público de España tiene las competencias necesarias para instruir el procedimiento, ya que el supuesto delito fue cometido por un español en el extranjero. Además, la víctima también es española.
Por otro lado, la fiscal destacó que España adhiere al Convenio de Estambul de lucha contra la violencia contra la mujer, a través del cual el país asumió el compromiso de "proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica", y que se aplicará "a todas las formas de violencia contra la mujer".
Tanto el delito de agresión sexual como el de coacciones conllevan penas de prisión de entre tres a cinco años. Según la gravedad de los hechos, el Código Penal español permite bajar las eventuales condenas en multas, según describen los medios de ese país. El juzgado de la Audiencia Nacional en el que recaiga el pedido debe decidir si abre o no procedimiento penal contra Rubiales (suspendido hasta noviembre por la FIFA).
En qué consiste la querella contra Rubiales
La querella contra Rubiales llegó tres días después de que la futbolista compareciera ante la fiscal acompañada de su abogado. Hermoso había denunciado que el comportamiento de Rubiales tras la final de Mundial de Fútbol femenino que se llevó a cabo en Sydney fue sin su consentimiento.
Además, según la Fiscalía, la futbolista española refirió también en su declaración que Rubiales y sus allegados la presionaron reiteradas veces, tanto a ella como a su entorno más cercano, para que justificara y aprobara los hechos. Por esto, la fiscal del caso consideró que este hostigamiento podría ser constitutivo de un delito de coacciones.
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