El próximo 12 de septiembre, el Tribunal Superior de Israel discutirá el paquete de leyes aprobadas en agosto pasado por la mayoría parlamentaria integrada por partidos de derecha y supremacistas liderados por el primer ministro Bibi Netanyahu. Entre las normas que analizará figuran algunas de las leyes que pretenden coartar al Poder Judicial para poner límites a las crecientes medidas destinadas a ampliar el apartheid contra la población palestina en Cisjordania y extender las políticas discriminatorias contra las mujeres y las diversidades sexuales.

El gobierno actual cuenta con 64 bancas propias de un parlamento (Kneset) integrado por 120 diputados. Con esa mayoría, la coalición de Netanyahu logró aprobar una serie de normativas orientadas a limitar al Tribunal Superior, responsable de trazar en el pasado, un “estándar de razonabilidad” para la vigencia de los derechos humanos básicos de la población, especialmente los de aquellos que no son judíos. La coalición de ultraderecha se opone a que la Justicia autorice el asilo a extranjeros, evite deportaciones, impida la realización de detenciones arbitrarias y restrinja la expulsión de sus tierras a los pobladores palestinos que habitan en el territorio ocupado de Cisjordania.

En el pasado reciente, el Tribunal Superior rechazó la decisión del Ministro del Interior de impedir el ingreso a Israel de una estudiante estadounidense de origen árabe, alegando su participación en el movimiento internacional conocido como Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) destinado a cuestionar la política represiva de Israel hacia los palestinos. En esa misma línea, la Justicia evitó que el Ministerio de Educación retirara el Premio Israel a Oded Goldreich, acusado por la coalición gobernante de objetar las políticas coloniales instituidas contra la población árabe. El javer Kneset (diputado) de la oposición Ofer Cassif –integrante de la Comisión de asuntos constitucionales del parlamento– consideró el 2 de septiembre que “lo que está en marcha en Israel no es solo una reforma de la Justicia, sino un golpe de Estado”.

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, el actual ministro Bezalel Smotrich –integrante del Partido Sionista Religioso– promovió la usurpación de tierras que los propios acuerdos palestino-israelíes vedaban hasta hace dos años. En Cisjordania los palestinos están sometidos a la administración judicial militar y sufren en forma reiterada la confiscación de tierras y limitaciones para el acceso al agua. El 30 de agosto, el exdirector del Mosad, Tamir Pardo, expresó que su país ejecuta “políticas de apartheid”.

Dos días antes de la manifestación de Pardo, el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir –líder del partido Poder Judío–, brindó una entrevista al Canal 12 de la televisión israelí, en la que se refirió a la violencia imperante en los territorios ocupados. En dicho reportaje afirmó ante el periodista árabe Mohammad Magadli: “Mi derecho, el derecho de mi esposa, el derecho de mis hijos a circular libremente por las carreteras de Judea y Samaria [los territorios ocupados a los palestinos] es más importante que el de los árabes (…) Lo siento, Mohammad, pero esta es la realidad".

Las políticas de la coalición gobernante generaron una ola de movilizaciones que se repiten todos los sábados en diferentes ciudades del país, desde hace seis meses. Las protestas incluyen piquetes en rutas y avenidas, manifestaciones frente a las casas de los diputados oficialistas como la realizada en la casa de la congresista Tally Gotliv -- partidaria de la ofensiva contra el Tribunal Superior-- e incluso el bloqueo al Cuartel General del Ejército israelí en Tel Aviv. La efervescencia política motivó también la movilización de la población eritrea que fue reprimida esta semana en el marco de sus demandas de asilo.

Se cumplieron 56 años de la ocupación de los territorios palestinos. A principios de agosto, más de 2500 académicos –mayoritariamente judíos– difundieron una carta abierta titulada “El elefante en la habitación”, en la que se expresa que “el pueblo palestino carece de casi todos los derechos básicos, incluido el derecho a votar y protestar. Se enfrenta a una violencia constante: sólo este año, las fuerzas israelíes han matado a más de 190 palestinos en Cisjordania y Gaza, y demolido más de 590 estructuras”. Una de sus conclusiones señala que “No puede haber democracia para los judíos en Israel mientras los palestinos vivan bajo un régimen de apartheid”.

La dialéctica del carcelero sugiere que el opresor siempre termina intoxicado en forma endogámica por las acciones que ejecuta contra terceros: impulsar prácticas coloniales sobre un pueblo, expulsarlo de su territorio e impedir su desarrollo autónomo degrada a su instigador y lo convierte en enemigo de su propia comunidad.