La Cámara Federal porteña empezará a analizar en los próximos días si confirma los sobreseimientos que dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi por el espionaje en las cárceles durante el macrismo. El fiscal adjunto ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, pidió que se revoque la decisión de Martínez de Giorgi y se continúe con la investigación sobre cómo se vigiló y se accedió a las escuchas telefónicas de quienes habían sido funcionarios kirchneristas o empresarios afines y estuvieron detenidos durante la era Cambiemos.

El mes pasado, Martínez de Giorgi sobreseyó a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del macrismo –incluido su director, Emiliano Blanco, y el director principal de Análisis de la Información (DPAI), Cristian Suriano–. El juez dijo que el espionaje en las cárceles existió, pero que la investigación que comenzó en Lomas de Zamora por este tema era nula.

En 2020, el juez de Lomas de Zamora Federico Villena detuvo a un narcotraficante, Sergio “Verdura” Rodríguez, y éste le dijo que un abogado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lo había contratado para dejar una bomba sin conectar en un edificio de la Avenida Callao. El abogado en cuestión era Facundo Melo, que integraba el grupo que pasó a la fama como Súper Mario Bros –conformado mayoritariamente por agentes de la Policía de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada–.

Ésa fue la génesis de la investigación de los Súper Mario Bros que incluye un capítulo sobre el espionaje penitenciario –tanto en el SPF como en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)–. Villena dejó tempranamente la causa porque la Cámara Federal de La Plata lo apartó. El caso lo tomó el juez Juan Pablo Augé y lo delegó en los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

La Justicia de Lomas de Zamora llegó a la conclusión de que hubo una coordinación entre el SPF y la AFI durante el macrismo, que permitía la circulación de información sobre los presos kirchneristas. La causa pasó después a Comodoro Py y la Cámara Federal porteña –por obra y gracia de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– dejó en pie poco de lo avanzado, pero aún así los dos camaristas reconocieron que existió un grupo dentro de la AFI y del SPF que violó la Ley de Inteligencia.

El mes pasado, Martínez de Giorgi sobreseyó a toda la cúpula del SPF macrista al entender que la pesquisa era nula. El juez argumentó que tomaba esa decisión porque Villena había introducido como testigos de identidad reservada a dos hermanos que trabajaban en el SPF y los había guionado. ¿Cuál habría sido el objetivo de Villena, según Martínez de Giorgi? Que los dos testigos desviaran la atención hacia la cúpula del SPF y, de esa forma, evitar que saliera a la luz que el propio Villena les habría dado cobertura al SPF y a la AFI para espiar en la cárcel de Ezeiza.

El fiscal de la causa, Franco Picardi, apeló la resolución. Agüero Iturbe sostuvo su recurso ante la Cámara Federal porteña. En un dictamen que firmó esta semana advirtió que las desvinculaciones resueltas por Martínez de Giorgi eran prematuras.

Para Agüero Iturbe, no corresponde que se caiga el legajo por las declaraciones de los testigos de identidad reservada, aunque éstas puedan ser cuestionables como prueba de cargo. El fiscal remarca que la investigación sobre el SPF no se inició con estos testimonios, sino que hay dos allanamientos anteriores que aportaron prueba y no fueron cuestionados. El Juzgado de Lomas había allanado, por ejemplo, la sede de la DPAI en la calle Varela 266 una semana antes de la primera declaración.

El fiscal ante la Cámara recordó, además, que se acreditaron encuentros entre los mandamases de la AFI que conducía Gustavo Arribas y Blanco o Suriano, por ejemplo. En esa época se firmó un convenio de cooperación, por caso, que después fue dejado sin efecto por Cristina Caamaño y María Laura Garrigós cuando asumieron como interventoras de la AFI y del SPF, respectivamente.