Con pocos días de diferencia, la jueza Paula Verónica González, titular del Juzgado Penal número 40 y subrogante en el 43, le concedió a Alejandro Muszak una eximición de prisión y rechazó las medidas cautelares solicitadas por la fiscal Mónica Cuñarro, tendientes a evitar que Muszak ponga su patrimonio fuera del alcance de sus acreedores.

El pedido de las medidas cautelares data de la última semana de agosto, poco después de que Muszak se presentara a la audiencia virtual y se negara a declarar. A partir de entonces, la jueza tenía 10 días para resolver la situación procesal del imputado.

En ese lapso, la fiscalía reclamó embargos e inhibiciones al patrimonio de Muszak y sus supuestos cómplices, el ex funcionario macrista Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone, para preservar la posibilidad de resarcimiento de los damnificados, entendiendo que cualquier demora generaba peligro y existían elementos suficientes para justificar las medidas. Pasaron los días y la jueza no respondió. La fiscalía contraatacó con un pedido de “pronto despacho”, que finalmente fue rechazado.

Para la jueza González no existen motivos estrictos que justifiquen las medidas reclamadas por la fiscalía. El rechazo de González no pasó desapercibido: como consecuencia de su decisión, desde hace unos días los querellantes presentan escritos en el mismo sentido que la fiscalía. El rechazo de la cautelar, sostienen abogados querellantes, permite la comisión de nuevos delitos y niega la tutela real y efectiva del derecho de las víctimas.

La otra buena noticia para Muszak es la eximición de prisión, que también le concedió González, contradiciendo el dictamen de la fiscalía. La prisión preventiva tiene como objetivo principal impedir que un obstruya la investigación judicial, cuando tiene los medios para lograrlo.

Para Cuñarro, Muszak, millonario y con relaciones con la política, tiene la capacidad y los recursos necesarios para entorpecer la investigación. Curiosamente, la jueza González piensa lo contrario, y es su voluntad la que prevalece. El capítulo más reciente de este contrapunto entre la jueza y la fiscal es la presentación de un recurso de queja por retardo de justicia. 

Paula Verónica González, de 48 años y graduada en la UBA, con pasado en los Tribunales Federales de Comodoro Py, fue designada en 2018 con un decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. 

En los últimos tiempos, obtuvo cierta notoriedad pública al hacerse cargo del juicio por el homicidio de Lucas González en Barracas, a manos de agentes de la policía de la ciudad, que depende políticamente de Horacio Rodríguez Larreta.