El proyecto de ley de libertad religiosa, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y de la ex ministra de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra, entre muchos otros puntos, declara inembargables los templos, lo cual confunde, como explica Fernando Lozada de la Asociación Civil Ateos Mar del Plata, delito con pecado porque si bien no habla de profanación, la introduce de manera práctica: aumentará las penas cuando el bien dañado pertenezca a un culto determinado. Tal vez uno de los puntos más preocupantes del proyecto sea que promueve “de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones”. Así lo define el artículo 7°: “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”. Es decir, dará vía libre a que las instituciones se nieguen, por ejemplo, a cambiar el nombre y sexo registral de quien lo solicite o a brindar educación sexual integral, entre otros derechos.
