El canciller Santiago Cafiero cuestionó este sábado el fallo emitido por la jueza neoyorquina Loretta Preska en una causa por la estatización de YPF, al considerar que se trata de “un atropello más a los intereses del país”, y señaló que la magistrada oficia como “jefa de campaña” de la oposición.

La decisión, que será apelada por el Gobierno, ordena que la Argentina pague un resarcimiento cercano a los US$16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación y recuperación del Estado de la petrolera, ocurrida en 2012.

“Es un fallo que beneficia a un fondo buitre, contra la soberanía del país”, señaló Cafiero en India, en el marco de la 18ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno del G20.

Asimismo, cuestionó a la oposición porque “con tal de obtener un rédito electoral piensa que es un fallo que los favorece”. “Vamos a seguir estando donde tenemos que estar, defendiendo los intereses de los argentinos y argentinas, independientemente de las elecciones”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores, tras lo cual volvió a vincular el fallo con la oposición, en el marco de los comicios electorales.

“Si la oposición quiere cambiar a su jefe de campaña y poner a esta jueza de jefa de campaña, están en su derecho” afirmó Cafiero en un comunicado, y señaló que se trata de “un atropello más a los intereses de nuestro país”.

“Somos un país que siempre avanza sobre los principios del estado de derecho y eso no se ha violentado en ningún momento, con lo cual a nuestro juicio es una cuestión vinculada con intereses económicos, que nada tienen que ver con los intereses nacionales”, concluyó.

Burford Capital es un fondo que recompró los derechos de litigio de la expropiación de YPF a otros acreedores, entre ellos el Grupo Petersen.

Fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de TimeWarner, Christopher Bogart, el fondo Burford financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra el país.

En julio pasado la República Argentina solicitó a la justicia de Estados Unidos, a través del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que el reconocimiento de daños en el juicio iniciado por dos fondos buitre por la expropiación de YPF no sea mayor a US$ 4.920 millones de dólares, según consta en un escrito presentado oportunamente en el tribunal de Nueva York.

Esa indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización.

Dicho monto puede variar, según estimaciones, entre 4.920 y 16.000 millones de dólares.