En la última reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se trató el tema “Argentina y los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia”.
Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia expuso un informe sobre cómo el Estado Argentino previene y aborda la problemática de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. En este acto se dio conformidad para dar por cumplida la presentación del informe de la Defensoría de la Nación a cargo de Marisa Graham.
Abordaje del problema en el país
Según el informe Fuera de las Sombras, presentado por la Fundación Red por la Infancia ante la La Comisión Bicameral Permanente Defensora de Derechos de Niñas/os y Adolescentes, Argentina ocupa el puesto 49 de 60 países y se encuentra en el último puesto a nivel regional en materia de prevención y abordaje de esta problemática social.
Wachter precisó que a nivel global 400 millones de niños son potencialmente víctimas de abuso sexual y que la situación de la Argentina presenta “déficits a los que se debe atender”. La especialista aseguró que “el proceso de justicia es uno de los que reciben menor puntuación global” y que en nuestro país “no hay políticas públicas destinadas a la recuperación de las víctimas”.
En este contexto Wachter explicó que esta investigación apunta a comprender “en qué medida los estados nacionales elaboran programas de prevención y respuesta frente al abuso y la explotación sexual”. Según el informe Argentina se destaca por la ESI (Educación sexual Integral), “nos caracterizamos por tener un buen marco normativo”, definió Wachter. En esta presentación se sugirió hacerla extensiva a madres, padres y docentes para generar entornos protectores.
En materia pendientes legislativas, la especialista resaltó que la ley 27363 de privación de responsabilidad parental: “hay que mejorar la legislación”, aseguró. Sobre la ley 24270 explicó que no se debería constituir delito en los casos donde hay indicios de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Y según los índices la Argentina tiene una edad muy baja en materia de legislación del consentimiento sexual, y se propone elevar las edades para casos de figuras de autoridad y confianza. Por otro lado se establece la urgencia de tipificar el delito de compra y venta de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la explotación sexual en el marco de la industria del turismo “que está subregistrada y subdimensionada en nuestro país”.
Los peores índices aparecen al evaluar la respuesta ante los casos de abusos, donde uno de los problemas centrales son la ausencia de protocolos de articulación “que garantice la actuación adecuada y conjunta entre todos los actores que forman el sistema de protección integral”. Así como la falta de centros especializados para el abordaje de víctimas y el derecho a la reparación económica. Sugieren reformar “la arquitectura del proceso judicial para evitar la fragmentación de los conflictos entre el fuero civil y el fuero penal para poder reducir la revictimización”.
Postura de la titular de la Bicameral
A raíz de esto la Senadora riojana, Clara Vega instó a que seamos todos “agentes preventores del delito” y destacó lo presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes haciendo referencia a “la ley 24270 recomendando su derogación”. A su vez advirtió lo que “está sucediendo en algunas provincias como en Salta que querían establecer un registro para aquellos padres o madres, que en realidad son las madres las más afectadas que por ahí interrumpen esta relación a raíz de descubrir un tipo de abuso”.
A su vez resaltó la importancia del informe de la Defensoría de NNyA que “ha ido creciendo generando los espacios, generando la estructura y dando respuestas a todo el país”.
El informe de la Defensoría
Según el documento “el saldo de estos 40 años en materia de protección de la niñez es aún insatisfactorio y persisten vulneraciones que tornan ineludible abordar de manera prioritaria y sin demora la agenda de la infancia y la adolescencia en Argentina”.
Desde la Comisión Bicameral se destacó la necesidad de orientar esfuerzos para atender las deudas pendientes entre las que figura “erradicar las diferentes formas de violencia (sexual, física, emocional, psicológica) contra niñas, niños y adolescentes en los distintos ámbitos (el hogar, la escuela, las redes sociales, la calle, los clubes), especialmente aquellas ejercidas -por acción u omisión- por instituciones o agentes estatales” y “reconocer la jerarquía de la Defensoría Nacional como un actor fundamental y de peso en la exigibilidad, control y supervisión del desempeño de los otros poderes del Estado”.
