La Defensoría General de la Nación solicitó ayer las indagatorias de veintiocho personas, la mayoría integrantes de la policía provincial de Santa Fe. En el escrito de la DGN se afirma que las torturas y la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco "no constituyen un caso aislado sino que se dieron en un contexto de repetidas y comprobadas violaciones a los derechos humanos protagonizadas por funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe, circunstancia de la que dan cuenta diversos informes producidos durante los últimos años por instituciones públicas locales y por organismos internacionales".
Los defensores públicos oficiales Mariano Maciel y Nicolás Laino (co‑titulares, además, del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN), el secretario letrado y defensor público coadyuvante de la DGN, Andrés Pennisi; y el secretario letrado y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN, Luciano Hazan, impulsaron la imputación con el objetivo de avanzar en la investigación y juzgamiento del caso del joven desaparecido forzadamente, torturado y muerto en manos de la policía de la provincia de Santa Fe.
