Los libertarios ya no solo no esconden el "plan motosierra" que tienen pensado aplicar si llegan al Gobierno, sino que lo cuentan con orgullo al mundo entero. Recientemente, Diana Mondino, quien suena como potencial canciller de Javier Milei, brindó una entrevista a un medio británico en la que confirmó que el aborto será sometido a plebiscito si el candidato de la Libertad Avanza se convierte en el nuevo presidente de la Nación -pese a que esta prohibido por la Constitución- y habló de una "desfinaciación" de la la ley Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En declaraciones a The Telegraph, Mondino defendió la postura de su líder en políticas como la introducción de un referéndum sobre el aborto, que fue legalizado en el país para embarazos de hasta 14 semanas en 2020, puesto que lo considera como un “homicidio”. 

"Lo que ha dicho es que podría convocar un referéndum sobre eso", explicó la economista sobre la posición de Milei.  “Esa es una vía constitucional que no se ha utilizado en Argentina y generalmente no es vinculante". 

A la declaración de Mondino le falta una contraparte, a la que suele omitir varios de los ultraderechistas: su constitucionalidad. Es que la intención de enviar plebiscitar la IVE es ilegal, tal cual lo explica el abogado Andrés Gil Domínguez al canal IP.  "La Constitución prohíbe que la materia penal pueda ser incluida en la iniciativa legislativa. La consulta popular vinculante o no vinculante no está prohibida, pero hay otra interpretación: todo lo que tenga que ver con penalizar a las personas es un ámbito exclusivo del Congreso, no puede ser plebiscitado", señaló el letrado.

Quitar recursos, otra de las opciones

Sin embargo, sus consideraciones no terminaron allí: Mondino sugirió que el Estado no pagaría los abortos en el futuro. "Una cuestión muy importante sobre el aborto no es sólo si se considera el aborto como un pecado o un asesinato, eso es una cosa. La otra cuestión es ¿quién lo paga? En muchos países el aborto no es un delito, pero eso no significa que lo pague el sistema de salud pública”, aseguró.

No es la primera vez que Mondino se refiere a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -y de toda la salud pública- como un "gasto", puesto que en una charla que brindó en Córdoba, a fines de agosto, aseguró que "Argentina tiene un problema fiscal: gasta más de lo que tiene. Encima, gasta mal, de manera ineficiente”. 

Cabe aclarar que, de acuerdo a la plataforma electoral de La Libertad Avanza, el objetivo en Salud es  “arancelar todas las prestaciones de salud y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”. En concreto, si accede al Ejecutivo Nacional, quienes no estén en condiciones de pagar medicina privada, no ejercerán un derecho humano fundamental.

De acuerdo a una investigación de Pablo Esteban para este diario, en caso de replicarse ese modelo, una persona con diabetes sin obra social, según los precios actuales, debería abonar entre 9.539 y 78.867 pesos al mes para cubrir su tratamiento; alguien con hipertensión, 19.540 pesos mensuales; y quien quisiera, por caso, cumplir con todas las vacunas del calendario obligatorio, tendría que desembolsar 1.017.198 pesos. Las personas gestantes, parece, también tendrían que calcular cuánto les costaría interrumpir su embarazo, en caso de que Milei llegue a la Rosada.