El gobierno llamó a licitación pública para implementar en toda la administración nacional un software desarrollado por la AFIP que ya fue adoptado por algunas dependencias con la asistencia técnica del organismo recaudador. La diferencia es que a partir de ahora una o varias consultoras privadas le cobrarán al Estado por algo que el Estado ya estaba haciendo de manera exitosa, luego de que los propios empleados estatales les transfieran a los privados el conocimiento acumulado por la administración pública. Hasta el momento hay once compañías que presentaron ofertas y obtuvieron un dictamen técnico favorable.
El llamado a licitación pública lo realizó el Ministerio de Modernización el 13 de septiembre bajo la modalidad de acuerdos marco, para la contratación de servicios profesionales destinados a implementar y garantizar el mantenimiento del Servicio de Administración de Recursos Humanos (SARHA), un software que facilita la liquidación de haberes y permite disponer online de la historia laboral del personal.
El sistema fue desarrollado en 2002 por la dirección de recursos humanos y el área de informática de la AFIP. Primero se implementó en esa dependencia y luego la propia AFIP firmó convenios con otros organismos estatales como el Banco Central, PAMI, Cancillería y el Congreso Nacional, a quienes les cedió en forma gratuita la licencia. Además, les brindó asistencia técnica y transferencia de conocimientos para su puesta en marcha y mantenimiento. En un artículo publicado el 15 de septiembre de 2009 en el portal Iprofesional fuentes de la AFIP destacaron que ya por entonces contaban con 30 técnicos que se dedicaban exclusivamente a instalar el SARHA en otros organismos públicos. “Gracias a este personal capacitado, el Estado se ahorra millones de pesos por el pago de software, de licencias y consultorías privadas; además de evitarse engorrosas licitaciones”, aseguraban fuentes del fisco nacional.
Debido al éxito de la iniciativa, en julio de este año el presidente Mauricio Macri ordenó a través del decreto 888 generalizar el SARHA a toda la administración pública. La intención oficial, según se expresó en esa norma, es que el sistema sea la base para la implementación del Registro Central del Personal del Sector Público Nacional y del Régimen de Administración del Legajo Informatizado Único del Personal de toda la administración pública. En el artículo 4 del decreto se estableció que el SARHA deberá estar operativo y funcionando en el plazo de un año, pero en lugar de ser la AFIP la encargada de llevar adelante esa tarea se decidió contratar a consultoras privadas, a las cuales los empleados públicos que ya manejan el SAHRA deberán capacitar para que luego sean esas empresas las que hagan negocios a costa del Estado.
El acto de apertura de ofertas se realizó el 6 de octubre y once empresas se mostraron interesadas en llevar adelante la implementación y mantenimiento del SAHRA: 1) Summant Technologies S.R.L, 2) Open Solutions Argentina S.A., 3) NewRol-it, 4) Intersoft.S.A., 5) Neoris Consulting Argentina S.A., 6) Hexacta S.A., 7) Atos Argentina S.A., 8) Tecninfor SA, 9) Ryaco S. A., 10) Everis Argentina S.A y 11) Unitech S.A. El precio unitario que cotizaron, el valor de la hora de trabajo, varía de 600 a 2280 pesos.
El 26 de octubre se publicó el dictamen de evaluación de las ofertas donde se destacó que, según la Dirección Nacional de Sistemas de Administración y Firma Digital, todas las empresas tenían experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas de hardware y software, todas habían acreditado referencias de al menos tres trabajos sobre implementación de sistemas de recursos humanos y liquidación de haberes en los últimos diez años y todas tenían personal con experiencia e idoneidad técnica en el tema. A raíz de ello, se aconsejó avanzar con la adjudicación, siendo esa la última información disponible que figura en el proceso de compra detallado en la web comprar.gob.ar. Algunas consultoras ya están trabajando en la implementación del SAHRA, por ejemplo, en el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Producción y en la secretaría Legal y Técnica de Presidencia. Por lo tanto, se supone que sólo resta formalizar la adjudicación para que el Estado nacional comience a pagarle a los privados para que avancen con la implementación de un sistema diseñado, desarrollado y puesto en marcha inicialmente por el Estado.  

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