Desde Rosario

El fiscal Fernando Rodrigo decidió ayer presentar su renuncia al cargo, luego de ser suspendido en sus funciones por haber ordenado escuchas telefónicas a su ex pareja y empleada de la misma fiscalía, dos de sus amigas –que también son abogadas– y hasta de su ex suegro. Así evitó la investigación ordenada por el fiscal general Jorge Baclini a la auditora provincial Maria Cecilia Vranicich. Sin embargo no podrá esquivar la investigación penal llevada adelante por la fiscal Natalia Benvenutto, que tiene implicancias penales.

Carlos Edwards, abogado que representa a las víctimas, presentó una denuncia escrita ante el Ministerio Público de la Acusación, para que se investiguen los presuntos delitos de interceptación indebida de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público. Sin dudas, los pedidos de intervenciones ilegales del fiscal indujeron a los jueces a cometer errores.

Rodrigo, que trabaja como fiscal desde el inicio del nuevo sistema de Justicia Penal en 2014, había incluido en la lista sábana de teléfonos a intervenir en cuatro investigaciones diferentes los teléfonos de su ex novia y de un familiar de la misma. Las tres abogadas damnificadas (su ex y dos amigas) también se reservaron el derecho para demandarlo civilmente tanto a él como al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La denuncia contra Rodrigo, quien trabajaba en la Unidad de Investigación y Juicio, fue presentada el lunes 7 de agosto por un empleado de la Fiscalía que advirtió que entre los números a intervenir en una de las investigaciones a cargo de Rodrigo figuraba el de su compañera de trabajo. A partir de esta denuncia se inició una investigación que fue encomendada a cargo de la fiscal Natalia Benvenutto, que ordenó allanamientos en la casa del fiscal y la de su madre. En los allanamientos se secuestraron varios elementos claves que dan cuenta de las escuchas que Rodrigo estaba haciendo al celular de su ex novia, pero también a familiares de la joven abogada. El material colectado en los allanamientos, en los que se incautaron computadoras, celulares, tablets y otros elementos que puedan aportar a la causa, también fue remitido a la auditora Vranicich que ahora podrá reenviarlo a la fiscal Benvenutto que continúa la investigación penal.

Rodrigo fue primero separado de su cargo y de las investigaciones que comandaba hasta que terminara la investigación que dio resultados positivos en los allanamientos. Luego suspendido por orden de Baclini, aunque terminó renunciando ante la difusión del hecho. Es que la suspensión obligaba al Ministerio Público a mantener el pago de salarios, y eso sumaba presión al caso.

El fiscal había sido apartado de las investigaciones que estaban a su cargo para “garantizar la transparencia”, entre ellas una que trascendió esta semana con 17 allanamientos a locales que vendían autopartes ilegales.

En la misma semana en que fuera denunciado, el fiscal de Investigación y Juicio tuvo protagonismo mediático: intervino tras la detención de dos parejas por una balacera de la noche anterior, al sur de la ciudad. Las cuatro personas apresadas están siendo investigadas por su presunta participación en el tiroteo que se registró alrededor de las 20, en barrio Municipal.

El mismo día intervino en un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Desarmaderos y la Policía Federal, en el cual se desbarató una banda dedicada a la venta de autopartes robadas en la ciudad. En el operativo se secuestraron miles de repuestos que ascenderían a los 120 millones de pesos y se detuvo a 14 personas. En total se realizaron 17 allanamientos en locales de venta autopartes ubicados en distintos puntos de la ciudad, donde los investigadores comprobaron que “en algunos casos no se sujetaban a la ley que regula esta actividad”, según había consignado el propio fiscal Rodrigo.