La Legislatura porteña estableció por ley que los inquilinos no paguen comisiones a las inmobiliarias. Lo dispuso al reformar la ley 2340, que regula esa actividad. A partir de ahora, quienes alquilen una propiedad no deberán pagar comisión al momento de entrar a la vivienda y serán los propietarios los que tendrán que afrontar ese gasto, que no podrá superar el 4,15 por ciento del valor del contrato. Además, las inmobiliarias no podrán cobrar por los gastos de gestoría ni de administración. El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, dijo a PáginaI12 que “más allá de que la ley tiene importancia en términos económicos, porque los inquilinos dejarán de transferirles casi dos mil millones de pesos a las inmobiliarias, la importancia reside en que durante mucho tiempo el mercado decidió y opinó por nosotros, nos cobró y nos impuso las condiciones que quería, y eso empezó a acabarse”. En contraste con el festejo de los inquilinos, el malestar del sector inmobiliario quedó reflejado en el sitio web del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) donde critican el proyecto bajo el título: “Alquileres, maldita regulación”.

La norma, impulsada por el oficialismo, fue aprobada por 51 votos a favor y dos abstenciones y, si bien tuvo un amplio respaldo de las fuerzas políticas, de asociaciones de inquilinos y de consumidores, muchos de los que apoyaron la reforma señalaron a este diario que también se perdió una oportunidad de ir a fondo con la reforma.

La modificación aprobada, que beneficiará a unas 400 mil familias, sustituye el inciso 2 del artículo 11 y establece que: “Para los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, el monto máximo de la comisión a cobrar será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15 por ciento)” –similar a un mes de alquiler– “del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador”.

Otra modificación importante es la que cambia el inciso 2 del artículo 10 y  fija que las inmobiliarias, al “solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes”, esos costos de gestoría “no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino habitacional”.

Muñoz señaló que “es un avance que la comisión la pague el dueño porque es a él al que le brinda un servicio, lo mismo que no se pueda cobrar cargos por gestoría, pero todavía falta mucho por hacer. Falta que el gobierno tenga una política de vivienda para la ciudad, que hoy es un gran negocio inmobiliario; falta resolver el problema de las garantías para que cualquiera pueda acceder al alquiler sin tener que tener condiciones especiales; falta que el Estado intervenga en la relación inmobiliaria, propietario inquilino, así como también blanquear la actividad”, detalló y remarcó que “falta especialmente que se vote la ley nacional que regula el precio de los alquileres y que está cajoneada en Diputados”.

El martes pasado, el CPI publicó una solicitada donde calificaba al todavía proyecto como “injusto y arbitrario”, y que provocará el “cierre de inmobiliarias”. Además, señalaba que “cada vez que el Estado intervino el mercado las consecuencias fueron nefastas. Todavía estamos a tiempo de frenar este error”, sostenía la solicitada. También anunciaron que la aprobación generará un aumento de los alquileres, porque los propietarios trasladarían el valor de las comisiones y advirtieron que la oferta de alquileres se podría reducir porque muchos propietarios podrían desistir de alquilar sus departamentos y vender el inmueble.

Muñoz desestimó los argumentos de las inmobiliarias y sostuvo que “el precio de los alquileres no está regulado y aumentan lo más posible cada año. Si se trasladara, dividir la comisión en el pago mensual significaría 300 pesos por mes y los alquileres aumentan mucho más que eso”, explicó. 

Por otra parte, la legisladora porteña Andrea Conde (NE, bloque FPV), miembro de la Comisión de Vivienda, explicó a este diario que “se desaprovechó una oportunidad. Es un pasito más, pero no se quiso ir a fondo con la reforma y nos quedamos a mitad de camino. Habrá que seguir trabajando para incorporar muchas cosas que se dejaron afuera”.

Además de la necesidad de replantear el sistema de garantías para alquilar, le legisladora explicó que hay un proyecto presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, el CELS, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del que hay que retomar varios puntos. Entre esos señaló: la creación de oficinas de atención al público en cada una de las comunas, que contarán con asesoramiento y servicio gratuito de certificación de firmas y la implementación de un Contrato Modelo de Alquiler, con incentivos para las inmobiliarias que lo utilicen.