En busca de una nueva condena, la Justicia de Jujuy puso fecha a un nuevo juicio oral contra Milagro Sala. En este caso, una causa por supuestas amenazas a una oficial de policía cuando reclamaba que devuelvan la ropa robada a una de las integrantes de la Tupac Amaru. La causa es conocida como “el caso de las bombachas”. En la motorización de la denuncia, y como para que no queden dudas, fueron interviniendo en distintos momentos dos abogados de Gerardo Morales y hasta su propio hijo, también abogado, llamado Gastón Morales. El juicio tiene fecha de inicio el 6 de septiembre. Los abogados de Milagro Sala señalan que ese comienzo se da en un contexto en el que todo parece disponerse para lograr como sea una nueva condena y, en esa línea, el juez dio lugar a pruebas sin la revisión de la defensa, por lo que existen aún pendientes planteos de nulidad.
“Para nosotros no resulta causal que fijen fecha en este contexto en el que la Comisión Interamericana le está dando la prisión domiciliaria al considerar el estado de irregularidades y de arbitrariedad”, dice Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro. “Y que se trata de una causa absolutamente absurda con una supuesta amenaza que nadie escuchó salvo la víctima, que está representada por los abogados de Morales y por su hijo. Una causa que no podría haber prosperado porque según los estándares probatorios usados en cualquier lugar del mundo no podría darse por probado, y forma parte de la persecución general”.
Por todo esto esta causa es otra de los símbolos de la persecución a Milagro. Los hechos datan del día 12 de octubre de 2014. Ese día, la hija de María Molina, una de las dirigentes de la organización, hizo un paseo por una feria donde reconoció ropa que le habían robado. Dos meses antes, a María Molina le robaron la cartera donde tenía un juego de llaves de su casa. Hizo la denuncia. Y luego entraron a robar a su casa. En la feria estaba en venta la ropa que ella había obsequiado a su hija. Al verla, su hija discutió con la vendedora. La discusión fue creciendo hasta que dos horas después llegó la policía, detuvo a la vendedora, retuvo a la hija de María y también a su ropa. Cuando Milagro Sala se enteró pidió que devuelvan la ropa de la joven. Pero en la comisaría pedían los tickets de compra. Eso es el caso de las bombachas. Quien impulsa la causa se llama Angela Silvina Cabero, una oficial de la comisaría que fue patrocinada en distintos momentos por Luciano Rivas, Gastón Morales y Eduardo Enrique Vergara. Vergara es el abogado conocido en el juicio de los huevos. Gastón es el hijo de Morales. Y Luciano Rivas es hoy funcionario del gobierno de Jujuy, secretario del ministerio de Gobierno de Jujuy, primer abogado de esta causa, y una de las voces que aparece de modo constante al rastrear algunas causas armadas contra Milagro: apareció como vocero en el caso de Jorge Ariel Velázquez, uno de los jóvenes muertos en medio de un robo con el que trataron de tirarle a Milagro Sala un día antes de las PASO de 2015. Y entre las voces que hablan por boca de la familia de otro de los muertos con los que intentaron tirarle, como el caso del Pato Luis Condorí.
El caso de las bombachas está en manos del TOC 2 de Jujuy. Interviene el juez Antonio Llermanos, quién el martes notificó a Milagro Sala de la noticia en el Penal del Alto Comedero donde está detenida aún pese a la orden de libertad de la CIDH. Las audiencias están convocadas para los días 6, 7, 14 y 15 de septiembre pese a que aún existen nulidades pendientes de resolución.
Entre las irregularidades, la defensa menciona un pedido de pruebas. Todos los ofrecimientos deben ser controlados por las contrapartes. Pues, como esto es Jujuy, no sucedió. Cuando llegaron a la audiencia, los abogados de Milagro supieron que el juez había autorizado la incorporación de prueba nueva antes de esa audiencia. ¿A quién? En beneficio de la acusación. Una nueva condena sería una ganancia para el gobierno porque implicarían más chances para que las penas ya no quedaran en suspenso.
