Las querellas particulares en el juicio por crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en los Pozos de Quilmes y Banfield, el centro clandestino El infierno y la Brigada de Investigaciones de San Justo durante la última dictadura solicitaron ampliar la acusación contra los acusados por la apropiación del nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, además de casos de abusos sexuales, secuestros, torturas, homicidios y desapariciones. Resta que expresen sus posturas las partes acusadoras que representan a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la subsecretaría bonaerense y de la Municipalidad de Avellaneda.

En general, las querellas que expusieron este martes expresaron su adhesión a la ampliación de acusaciones que postularon el martes pasado la Fiscalía y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. “La Fiscalía ha receptado muchas de las cuestiones que las organizaciones querellantes fuimos solicitando durante este largo ciclo de juzgamiento”, remarcó la abogada Guadalupe Godoy, representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y querellante de numerosa cantidad de casos.

Godoy recordó que tanto su querella, desde siempre, “aboga por un abordaje integral de estos hechos” al considerar que “todos esos hechos constituyen una unidad de acción, que el reproche penal se tiene que realizar con ese alcance para evitar el juzgamiento parcial de una conducta y la multiplicidad de procesos en el tiempo”. El tratamiento fragmentado de estos procesos “atenta contra la reconstrucción histórica y la eficacia probatoria”, postuló la abogada,

“No podemos soslayar el paso innegable del tiempo desde que se iniciaron estos procesos, el tiempo que transcurrió a la espera del juicio oral –la primera elevación fue en 2012–, y el propio desarrollo del juicio que, pandemia mediante y con dificultades del tribunal por subrogancias y demás, llevamos casi tres años”, sostuvo Godoy. Así, en esta “suerte de carrera contra la impunidad biológica, una remisión a la etapa de instrucción resulta una condena de impunidad”, remarcó en relación con la posibilidad que, de no habilitarse la ampliación de la acusación por casos cuyo conocimiento o pruebas que los confirman fueron conociéndose en el marco del juicio en curso, estos hechos debieran instruirse de cero una vez concluido el debate.

La apropiación de Daniel Santucho Navajas, el hijo que Cristina Navajas, vista por última vez con vida en el Pozo de Banfield, parió en cautiverio antes de ser desaparecida es uno de estos casos: Abuelas de Plaza de Mayo halló a Daniel, quien restituyó su identidad, hace algunas semanas. Pero hay más. La querella adhirió a la ampliación de acusación por 11 casos de abusos sexuales, así como en otro gran número de casos de privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios, sobre los que, en algunos de ellos, realizaron la solicitud de que conste su condición de detenides desaparecides.

Asimismo expresó su “adhesión global” el abogado Pablo Llonto, querella que representa algunos casos en particular y la querella de Justicia Ya en la voz de Pía Garralda, que hicieron hincapié en el sostenimiento de la figura de desaparición de las víctimas en debate. “Creemos que es muy importante en estos tiempos donde hay un sector que niega y reivindica el genocidio, que estos juicios aporten claridad respecto a determinados conceptos, como el de desaparecido, desaparecida”, puntualizó la abogada. El hecho de la desaparición de hombres y mujeres durante la última dictadura “representa una herida a sus familiares y a la sociedad en su conjunto” y “hasta que no haya una certeza tangible respecto del destino de estos compañeros y compañeras, va a ser imposible de cerrar, aún cuando lo más lógico es que hayan sido asesinadas”. “Es el Estado el que debe cerrar ese ciclo de incertidumbre diciendo dónde están estos compañeros, qué paso con ellos y ellas, y juzgando a todos los responsables”, concluyó.

Al cierre de la audiencia también expresaron su adhesión a la ampliación de acusación contra algunos de los 12 acusados en juicio, la querella de la APDH y del abogado Germán Camps. La querella de Codeseh adhirió de forma escrita. El próximo martes restará la exposición de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Municipalidad de Avellaneda.