Más cámaras, más policías, más seguridad. Esa ecuación inflacionaria que parecía ser la solución para los problemas de seguridad pública en la Ciudad de Buenos Aires, empiezan a exhibir su verdadera naturaleza, sesgada, politizada y con olor a viejo.

La jurisdicción autónoma posee una dotación policial de 26.000 efectivos -y en crecimiento- y una población de 3.120.612 habitantes. Es decir, más de 850 policías cada 100.000 habitantes, por lejos la tasa más alta del país y una de las más altas de América. Sí, de todo el continente americano, incluido por ejemplo Ciudad de México y Bogotá, capitales de países “en guerra” contra el narco desde hace décadas. Además su presupuesto de seguridad previsto para 2023 es verdaderamente suculento: $ 332.502.662.660.

Estos datos cobran aún más significación si se comparan con la sitaución que presenta la policía jurisdiccional más numerosa de la Argentina, que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta con una dotación de 96 mil efectivos, en cifras de 2022, y es responsable de la seguridad de una jurisdicción territorial muy diversa y extensa, con 307 mil kilómetros cuadrados y 17.569.053 habitantes. O sea que la tasa es de 546 policías cada 100 mil habitantes. Y que en promedio el despliegue es de menos de un policía por cada kilómetro cuadrado de superficie. ¿Eso significa que la Provincia debería tomar como modelo a la Ciudad Autónoma y su Policía?

CABA es la jurisdicción territorial más pequeña de la Argentina, apenas 200 km 2. Esto hace 130 policías por cada km 2. Puesto en otros términos, debería haber dos policías municipales en cada una de sus 12 mil cuadras. Y esto es sólo una parte del parque de atracciones policiales. La parte “propia”, aunque la transferencia de la Policía Federal, de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta, hizo que el resto de las provincias terminen financiando una parte de su presupuesto. Porque ese territorio lo cuidan también fuerzas federales.

La red de seguridad pública porteña cuenta además con el apoyo tecnológico más avanzado del país. Su dotación de dependencias operacionales es también numerosa y se encuentra ampliamente desplegada en la totalidad de la ciudad: 57 comisarías (15 Comisarías Comunales y cuarenta y dos Comisarias vecinales). Una densidad enorme.

A lo que hay que agregarle la ventaja de ser una jurisdicción geográficamente acotada y morfológicamente homogénea -a diferencia de la mayor parte de las ciudades en las provincias que poseen superficies variadas y extensas-.

Se trata de una ciudad “única” en cuanto su forma. En general gran parte de la jurisdicción está dotada de una infraestructura urbana relativamente adecuada. Es de fácil y rápido accesos a cualquiera de sus zonas, incluidas las más postergadas, y posee una cobertura de cámaras de seguridad en el 75 por ciento del territorio. Es una ciudad asequible para brindar seguridad y otros servicios también, que podrían ser otorgados de manera más justa y equitativa.

La desigualdad con el resto de las jurisdicciones provinciales en términos de recursos presupuestarios, dotación de personal, despliegue, magnitud y complejidad de jurisdicciones, es abrumadora, injusta y excesiva. Policialmente es “Disneylandia”.

Sin embargo, pese al “discurso moderno” de la fuerza política que la gobierna desde hace dos décadas, paradójicamente las estrategias de la policía porteña son anacrónicas. Su actividad se sigue asentando en el despliegue territorial masivo, generalizado y sostenido en determinadas zonas y una capacidad de reacción lo más inmediata posible.

Estos esquemas basados en el número de efectivos en el territorio ya están perimidos en todos los servicios policiales modernos, aquellos diseñados para cumplir con su función al servicio del interés público en esta etapa tecnológica y que paradójicamente suelen ser puestos como ejemplo por el gobierno porteño. Disponen de tecnología de primer orden, pero la doctrina no las aprovecha.

También se trata de una policía con un sesgo “bravo”... con los pobres y clases medias pauperizadas. El homicidio y encubrimiento del futbolista Lucas González, una verdadera paliza a sillazos en plena Barrancas de Belgrano a un transeúnte alterado y violento, la muerte del militante social y fotoperiodista Facundo Molares, luego de ser detenido e inmovilizado durante una protesta de pequeña envergadura, y el inexplicable homicidio del ingeniero Mariano Barbieri en un sector sorprendentemente oscuro del coqueto barrio de Palermo, dan cuenta de la existencia de una cultura policial desarrollada bajo mínimos controles institucionales y cuya profesionalidad deja bastante que desear.

Es evidente que algunos de sus cuadros no tienen reparos en adoptar procedimientos excesivamente abusivos y otros de tipo ilegales para inculpar inocentes. Está claro que los sistemas de supervisión externos no funcionan adecuadamente.

Es decir, la Policía de la Ciudad es una policía potente, bien equipada, numerosa, pero muy poco “empática” con los sectores populares y bastante poco controlada. Por el contrario, es también sumisa con los pobladores de los barrios acomodados. Con ellos son corteses y bien dispuestos. Eso se nota mucho y es una clara línea política.

La Ciudad tiene una buena estructura para dotarse de un servicio policial efectivo y eficiente en la prevención y conjuración del delito, su función primaria. Hasta hoy el gobierno local no ha querido conformar un esquema de conducción política que la dirija adecuadamente en términos operacionales, que la oriente proactivamente hacia la prevención y conjuración del crimen, que la controle efectivamente para disuadir abusos, que la profesionalice efectivamente y que tenga empatía con los sectores populares y las clases medias menos favorecidas.

Así como estamos, nos dirigimos hacia la consagración de un modelo de policía de doble vara: pesada con los pobres y ligera con los ricos y poderosos. Una con la finalidad de disciplinar a sectores pobres y medios, en el marco de políticas económicas, sociales y de desarrollo excluyentes. Así será eventualmente, si no lo evitamos. Va a ser más horrible. Y nada que sea horrible puede tomarse como modelo para cualquier otra jurisdicción de la Argentina.

(Germán Montegro es profesor e investigador en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y en la Universidad Nacional de Quilmes)