Vecinas y vecinos de la localildad de La Merced, a pocos kilómetros de la capital provincial, se manifestaron ayer ante la municipalidad en reclamo de terrenos. Se trata de un grupo distinto al que acampó la semana pasada exigiendo una respuesta del intendente Javier Wayar, quien se comprometió a cederles 5 hectáreas aunque esto quedó sujeto a la aprobación de una ordenanza en el Concejo Deliberante. Una de las concejalas opositoras adelantó que no aprobarán ese proyecto del ejecutivo.
"Somos vecinos de la localidad de La Merced, que venimos peleando por un terreno hace 4 o 5 años con la promesa del intendente de que nos iba a dar una solución, no lo hizo. En abril también se comprometió con nosotros, dijo que iban a recuperar lotes que no hayan sido habitados y fue una promesa que tampoco cumplió. Por eso fue que en la mañana de hoy (por el martes) decidimos cortar la calle, también con respuesta desfavorable porque el intendente no se hizo presente", dijo a Salta/12 una de las vecinas.
Después de la manifestación, en la tarde, las familias intentaron tomar terrenos en la ampliación del barrio Islas Malvinas de La Merced. Sin embargo, la policía las persuadió para que se retiraran indicándoles que las autoridades municipales no iban a responder de manera urgente como lo precisaban por las celebraciones de la fiesta religiosa del Milagro, que tiene feriados en los tres días hábiles que siguen esta semana.
Una de las vecinas dijo que ya tiene su vivienda pero estaba en la manifestación por su hermana que es madre de 4 niñxs y no tiene donde vivir. En la protesta eran en su mayoría mujeres.
Esta mujer indicó que en la ampliación del barrio Islas Malvinas hay terrenos municipales que fueron entregados hace tres años a personas que los tienen abandonados y no los habitan. Señaló que los adjudicatarios tenían un plazo para realizar construcciones que ya venció en julio. Ahí es donde reclaman una readjudicación e intentaron asentarse. "La gente se metió en un predio con 6 lotes", describió, pero al retirarse cuando intervino la policía, los dueños fueron a cercar los lugares.
La vecina sostuvo que en la localidad de San Agustín, por la ruta provincial 21, se entregaron viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda hace poco, con una irregularidad. "En una de esas viviendas sale (adjudicada) una señora que trabaja en la municipalidad, es secretaria del padre del intendente, Carlos Wayar. El IPV le entregó la vivienda. La hicieron figurar como que está trabajando en bomberos voluntarios cuando no es así. Tiene una casa de dos pisos en San Agustín, se hizo quitar otra casa del IPV en barrio Fátima por alquilarla. ¿A qué estamos jugando si hay familias con necesidad?", cuestionó.
Esta última queja fue la que también motivó un acampe realizado por familias de San Agustín la semana pasada en un camino rural como protesta ante el déficit habitacional. Esa protesta se hizo frente a un predio de 8,5 hectáreas que el municipio tenía previsto destinar a otros usos y de las cuales decidió ceder 5 con fines habitacionales. Sin embargo, el Ejecutivo municipal envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que autorice esa decisión y hasta el momento no fue aprobado.
La concejala Mónica Berruezo (Juntos por el cambio) y aseguró ante Salta/12 que el intendente durante la campaña electoral se comprometió a resolver el déficit habitacional de al menos 600 o 700 familias. Berruezo se opone al proyecto de ordenanza del Eejecutivo municipal para cambiar el destino del predio de las 8,5 hectáreas en San Agustín. Consideró que "no tiene un trasfondo constitucional", porque "las tierras fueron compradas para un destino: un cementerio local y un parque que se iba a gestionar con la provincia".
La concejala dijo que el proyecto que aprobaron originalmente preveía que el destino de dos hectáreas fuera el cementerio de San Agustín mientras que el de las restantes era un "parque urbano metropolitano".
Berruezo señaló que el intendente dispuso entregar 5 de esas 8,5 hectáreas a la comisión de vecinos de San Agustín y la hectárea y media restante a una agrupación de gauchos, y advirtió que esto tampoco fue aprobado por el Concejo Deliberante. Las otras 2 hectáreas se mantienen con el destino original que es el cementerio.
"Pueden tener un cambio de destino pero cuando (el intendente) envía el proyecto incurre en 3 situaciones distintas", dijo Berruezo. Cuestionó que el mandatario propone que la administración de las tierras quede en manos de una comisión de vecinos y prevé el destino para un grupo específico de personas, excluyendo a otras que tienen necesidades habitacionales en la zona. Asimismo, consideró que delega a la Dirección General de Inmuebles de la provincia ciertas funciones que debe realizar el municipio.
"Antes había dos autorizaciones de compra: una para las 8,5 hectáreas y otra para 30 hectáreas de tierras para soluciones habitacionales", explicó Berruezo. La concejala recalcó que a las últimas la intendencia "nunca las compró" pese a que "recibió documentación a más de 600 familias. En campaña se comprometió a solucionarles a todos. Terminada la campaña no compró las tierras para terreno", criticó.
Señaló que la gente advirtió que las únicas tierras compradas por el municipio eran las del predio de 8,5 hectáreas y por ello las comenzaron a reclamar. "Pero no alcanzan para todos", consideró.
La concejala dijo que están trabajando el proyecto de ordenanza en las comisiones de Hacienda, Obras Públicas y Legislación. "Estamos todos los concejales trabajando en las tres comisiones. Nosotros tenemos material de estudio que vamos revisando y el lunes tenemos otra reunión", aseveró. Indicó además que esperan el dictamen legal de sus asesores. Asimismo, aseguró que trabajarán en una propuesta alternativa.
Berruezo sostuvo que le pidieron al intendente que les envíe la cantidad de compromisos que asumió con centenares de familias de La Merced para darles lotes sociales. "Él generó la expectativa de acceso al terreno", afirmó. Dijo que ahora vecinos y vecinas están a la espera de respuestas y a la expectativa "de si están incluidos o excluidos" en las hectáreas que la intendencia quiere ceder.
"La población no tiene poder adquisitivo para la compra en general. Hay dificultades para la compra. Los precios de los terrenos desde hace un mes hasta ahora se han duplicado. Es una población rural con alto porcentaje de desempleo. En realidad el país está en condiciones que dificultan el acceso de la vivienda para la compra. No hay capacidad de ahorro ahora", sostuvo la concejala sobre el déficit habitacional en La Merced, un pueblo pequeño asentado en los valles de Salta.
Entre las cientos de familias con necesidad habitacional en La Merced, Berruezo señaló que son en su mayoría "madres con niños", "hay casos donde la mamá es jefa de hogar", y grupos familiares en general de padres y madres jóvenes. "Hay mucha gente que hace trabajo rural, como peones rurales, hay alto índice de desempleo y economía informal", aseguró. También indicó que hay otro margen de población con empleos en salud, educación y municipales que tampoco acceden a la compra de un lote o vivienda.