“Estar acá en Esquel nos da cada vez más certeza de que a Santiago lo desapareció la Gendarmería”, aseguró Carlos Pisoni, integrante de Hijos, que llegó ayer a esa ciudad chubutense junto a una comitiva de referentes de organismos de derechos humanos, sindicatos y universidades. Se reunieron con el defensor oficial y la familia del joven y solicitaron audiencias con la fiscal Silvina Ávila y el juez de la causa, Guido Otranto, quien se negó a recibirlos. Esta mañana irán a la puerta de los Tribunales para exigirle que los reciba. A mitad de mañana ofrecerán una conferencia de prensa. En tanto, referentes de las agrupaciones de derechos humanos nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia le pidieron ayer a Ávila que los acepte como querellantes en la investigación.
La comitiva de referentes de organismos de derechos humanos, sindicatos y universidades llegó ayer a primera hora de la tarde a Chubut. Sus referentes se reunieron con el defensor oficial Fernando Machado y visitaron a amigos de Maldonado y a su familia. “Todo el relato que nos ofrecieron más el intercambio con la comunidad mapuche nos permitió reafirmar nuestros indicios de que a Santiago lo desapareció Gendarmería: la presencia de Santiago en el lugar, el rastrillaje de los perros que probó los testimonios de los testigos, las camionetas lavadas de Gendarmería, las fajas de seguridad rota, incluso la fuerza mintió sobre la cantidad de efectivos y coches que participaron de la represión”, enumeró Pisoni los datos que, a lo largo de los 23 días que lleva la desaparición, permitieron poner bajo foco a la fuerza de seguridad nacional. “La Gendarmería mintió, ¿por qué? porque algo esconde”, continuó Pisoni.
Luego, los organismos compartieron con la familia de Maldonado y miembros de la comunidad mapuche Pu Lof en resistencia de Cushamen un acto en el Centro Municipal Melipal, en Esquel, en el que reclamaron la aparición con vida del joven del que no se conoce paradero desde el 1 de agosto, cuando fue víctima junto a miembros de esa comunidad de una brutal represión de la Gendarmería y la policía de Chubut.
En ese sentido, Pisoni apuntó que el pedido de cambio de carátula que hizo la fiscal de la causa hacia la desaparición forzada de Maldonado, y que aún debe aprobar Otranto, “fue un elemento esperanzador, sobre todo para la familia, que aún espera que la Justicia se dedique a investigar a la fuerza de seguridad”.
Pisoni viajó junto a Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Buscarita Roa, de Abuelas de Plaza de Mayo. El grupo lo completaron Roberto Baradel, de Suteba, y Daniel Catalano, de ATE. Hoy irán a los Tribunales Federales de Esquel a exigirle a Otranto que los reciba, luego de que el juez rechazara “por cuestiones de agenda” mantener una reunión con ellos. La fiscal Ávila también dijo estar muy ocupada, “pero no se negó”. Esperan que los reciba en el transcurso de la mañana y luego ofrecerán una conferencia de prensa.
Del acto en el Centro Municipal también participaron referentes de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que permanecen en Esquel desde el miércoles pasado junto a otras agrupaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que ayer a la mañana se presentó como querellante en el expediente. Con la representación legal de las abogadas de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Liliana Alaniz y Gloria Saez, consideraron justificado su petitorio por tratarse la causa sobre “la comisión de crímenes en que claramente pueden encontrarse involucrados miembros de las fuerzas de seguridad”, lo cual “implica la afectación de todas las personas ciudadanas del Estado argentino, toda vez que ponen en cuestionamiento los derechos y garantías a las libertades democráticas vigentes”. “Nos ofenden particularmente ya que es imperativo que en este país Nunca Mas el Estado o las fuerzas que lo componen se arroguen el derecho de ‘desaparecer’ ciudadanos o proceder a su detención en manera ilegítima negando dicho proceder y disponiendo del ciudadano transformándolo en un ‘desaparecido’”, postularon en representación del organismo.
