Siete agentes penitenciarios fueron pasados a disponibilidad esta tarde, después de que un preso intentó apuñalar a la fiscal mendocina Claudia Ríos en medio de un juicio oral, en el Polo Judicial de Mendoza. Se trata de los responsables del traslado y las requisas al detenido y los investigadores quieren determinar si el agresor contó con la colaboración del personal de esa fuerza de seguridad para entrar a los tribunales armado.

Marcelo Puertas, titular de la Inspección de Seguridad de Mendoza, aseguró esta tarde que puede haber otros efectivos o responsables de áreas involucrados. Y afirmó que "no se descarta que pudo haber existido connivencia entre personal de servicio”.

Según el funcionario, “los siete efectivos fueron pasados a disponibilidad y serán citados a declarar, aunque puede haber otros efectivos o responsables de áreas involucrados”, informó el diario Los Andes.

"Al salir del penal tiene que ser requisado, se lo sube a un móvil y al bajar es requisado nuevamente. Luego, al ingresar a la sala de audiencias hay una tercera requisa”, explicó. "Evidentemente, alguna persona no ha cumplido con sus deberes y no se descarta el dolo, por si hubiera algún acuerdo a los fines de acceder al elemento corto punzante con la cual intentó agraviar o matar a la fiscal Ríos”, analizó.

Los penitenciarios apartados, por el momento, "no están imputados" aunque "eso va a ocurrir a posteriori de obtener la prueba de cargo", aclaró el funcionario. "Se los va a citar a indagatoria donde podrán declarar y presentar la defensa pertinente y pruebas de descargo como estrategia defensiva para ver cómo se dilucidan estos hechos que se les están imputando", dijo Puertas.

El ataque a la fiscal fue realizado con un cuchillo de fabricación casera conocido en la jerga carcelaria como "chuza". Si bien la fiscal no sufrió heridas y el hombre fue detenido, la pregunta es ¿cómo pudo haber ingresado a la sala de audiencias con el arma? 

"Extrema gravedad", el duro comunicado de los magistrados

Por eso, la Asociación de Magistrados emitió un duro comunicado contra el Ministerio de Seguridad, de quien depende el Servicio Penitenciario, calificando el hecho como "de extrema gravedad" para la seguridad de todos los funcionarios y demás personas que intervenían en el debate, y reclamando medidas para aclarecer la situación, además de reforzar la seguridad.

"Esta situación de negligencia e impericia en lo que hace a la seguridad, debe llamar la atención del Ministerio de Seguridad, de quien depende el Servicio Penitenciario provincial, debiéndose tomar las medidas investigativas y disciplinarias que correspondan", dice el comunicado. 

El organismo presidido por la jueza Norma Llatser, solicita además "a las autoridades competentes que de manera urgente se tomen medidas pertinentes para reforzar la seguridad en todos los edificios públicos del Poder Judicial, especialmente en aquellos lugares que puedan ser considerados conflictivos, como por ejemplo donde se trasladan personas imputadas por graves delitos".

"Al Ministerio Público Fiscal solicitamos una célere investigación para determinar responsabilidades de la violación a las medidas de seguridad que puso en crisis el sistema de audiencias en materia penal", finaliza el texto firmado por la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados.

Cómo fue el ataque a la fiscal Ríos

La funcionaria judicial no sufrió heridas y se defendió rociando con gas pimienta —que tenía entre su ropa— al delincuente, Hugo Eduardo Arredondo, de 37 años, apodado "Mecha". Según medios locales, el preso logró eludir al personal del Servicio Penitenciario y se escapó de la sala de debates y con un arma blanca e intentó apuñalar a la fiscal.

El episodio ocurrió este martes a la mañana en el inicio del juicio contra tres presos acusados de intentar matar a otro recluso del penal de Almafuerte, en 2019. En el lugar donde se realizaba la audiencia, además de la fiscal Ríos, estaban el juez Mauro Perassi y la defensora oficial Ximena Morales.

Arredondo cumple prisión perpetua por el asesinato de Jorge Daniel Montilla (51), un ex militar y comerciante asesinado en marzo de 2015. En un intento de robarle la camioneta, la banda en la que estaba Arredondo le dieron cuatro disparos y murió.

En diciembre de 2019,el preso apuñaló a Nicolás Lozano, compañero de celda. Esa causa la investigó la fiscal Ríos. Lo sentenciaron a 14 años de prisión.

Pero además, tiene una causa abierta por drogar y empalar a otro interno en septiembre de 2022, y en el juicio de este miércoles era por tentativa de homicidio contra otro preso, Carlos Olmedo