Un allanamiento por un conflicto entre un propietario y su inquilino en un lujoso edificio del puerto de Santa Fe derivó en una investigación de la Justicia Federal por defraudación y lavado de activos, ya que los policías hallaron una "cueva" financiera. En el allanamiento se secuestraron 45 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros, 23.000 reales, gran cantidad de tarjetas de débito y una libreta con contactos, por lo cual fue convocado el fiscal federal Walter Rodríguez. La causa tiene como protagonista a un exfuncionario de la gestión de José Corral. Se trata de Angel Yamil  "el turco" Benavídez (39), quien se desempeñó en el área de tránsito del municipio (fue designado en 2017 con la firma del propio José Corral) y también ocupó en un momento el cargo de protesorero de la Unión Cívica Radical en la localidad de Diamante, Entre Ríos. En la actualidad  Benavídez registra relación de dependencia con el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe.

El allanamiento que permitió descubrir la "cueva" fue la inesperada derivación que tuvo un conflicto por un contrato de alquiler, entre un ciudadano chileno y la propietaria de un departamento. Como el hombre debía varios meses de alquiler la mujer decidió cambiar la cerradura del inmueble. Cuando el inquilino regresó de un viaje y se encontró con la imposibilidad de ingresar, reclamó ante la mujer que le dijo que se iba a cobrar lo adeudado con las pertenencias que habían dentro del departamento.

Así las cosas el hombre formalizó ante la policía una denuncia por violación de domicilio. Mientras tanto la dueña del departamento lo alquiló a otro hombre. Tratando de recuperar los objetos del primer inquilino la policía decidió allanar el lugar, sin imaginar la sorpresa (la "cueva") que los estaba esperando.

En la mañana de ayer se libraron siete allanamientos en locales comerciales céntricos de la capital provincial, un estudio jurídico y una vivienda del country Los Molinos. En uno de esos locales comerciales funcionaba una mueblería que, además, ofrecía "préstamos al instante".

En el domicilio de Puerto Amarras además se hallaron cuadernos con anotaciones, que tienen vinculación con las últimas elecciones, ya que el investigado fue fiscal de Unidos el pasado domingo. También hay un listado de nombres con los que realizó transacciones. El propio fiscal federal Walter Rodriguez confirmó el hallazgo. “Se secuestraron cuadernos con anotaciones y tenemos que hacer un análisis. Había nombres, apellidos, cifras y algunas cosas más”, dijo el funcionario judicial.

Rodríguez anticipó además que pedirá la intervención de dos organismos financieros para que se sumen a la investigación: la Unidad de Información Financiera, recientemente inaugurada en la ciudad de Rosario y la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación. "Voy a dirigirme a las autoridades para pedir colaboración porque la entidad del caso así lo merece”, aseguró.

 Reservado por lo que puede surgir con posterioridad en la causa, Rodríguez aclaró que tras los allanamientos se deberán analizar los elementos secuestrados. “Primero hay que hacer una evaluación para construir hipótesis y esas hipótesis que arrojen la necesidad de producir medidas probatorias para corroborar o despejar la existencia del delito”, dijo.

Los pesquisas revelaron que la montaña de dinero estaba sobre una mesa, junto a una maquina de contar billetes, celulares y 39 tarjetas de débito. No está claro el sentido de las tarjetas pero los investigadores le recordaron a este diario que en Entre Ríos, Benavídez había tenido una causa por derivar ayuda social para personas con extrema necesidad a través de tarjetas de ese tipo. 

La causa volverá a tener un nuevo avance hoy cuando se realice en el Juzgado Federal N°2, provisoriamente a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, la audiencia indagatoria en la que el santafesino detenido podrá declarar o guardar silencio. Según fuentes judiciales, el detenido se encuentra incomunicado por estas horas y será representado por el abogado penalista Ignacio Alfonso Garrone, quien asumió la defensa.

Por otra parte, este diario pudo saber que la pareja del detenido, planta permanente del gobierno provincial, no está siendo investigada en este expediente.