El gobernador Omar Perotti volvió a agitar el avispero político con un decreto de nombramientos en la estructura del aparato estatal que recae sobre funcionarios y colaboradores de su gestión, tal como los pliegos de jueces, fiscales y defensores que también merecieron impugnaciones por parte de la oposición. En este caso son designaciones de planta permanente en el Estado provincial. Lo indica el decreto n° 2056/23, fechado el viernes 8, en el que designa secretarios y secretarias en 13 juzgados comunitarios de pequeñas causas, en diversas localidades santafesinas, y que dependen del Ministerio de Justicia. Son varios los que hasta aquí se desempeñaban como personal político del gobernador saliente, y que a partir de este decreto ingresarían a la planta permanente estatal.

El decreto se funda en la misión de completar vacancias de secretaría en 11 juzgados comunitarios (los viejos "juzgados de paz") que atienden pequeñas causas. Pasaron a llamarse así en 2011 y hay 260 en todo el territorio, con la misión de descomprimir la justicia ordinaria y quitarle causas de menor relevancia a partir de la resolución alternativa de conflictos.

El contexto reciente es el del envío a la Asamblea Legislativa de 42 pliegos para cubrir juzgados y vocalías de cámara, algo que el propio Maximiliano Pullaro le pide a Perotti que los retire y le deje a él ese asunto para cuando asuma en diciembre. También en agosto hubo otra desavenencia entre el Ejecutivo y la oposición cuando resultaron rechazados 29 de las 48 propuestas de Perotti para fiscales y defensores públicos. 

En el caso de este decreto para juzgados comunitarios, cada nombramiento asume en planta permanente y con el escalafón de Oficial Mayor del Poder Judicial. No obstante, su nombramiento corresponde al Ejecutivo.

Perotti decretó entonces una modificación a la afectación presupuestaria para planta permanente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, para hacerle lugar a estos funcionarios designados.

La nómina de nombrados y su juzgado de destino es la siguiente: Emiliano Lattini (San José de la Esquina); Ezequiel Yódice (Sauce Viejo); José Carlos Fernández Vigil (San José del Rincón); Aldana Cabrera (María Juana); Juan José Nardoni (Gdor. Crespo); René Alzugaray (Nelson); Romina Fosco (Bombal); Milena Kern (Bdo. de Irigoyen); Juan Manuel Forconi (San Jerónimo Norte); Pablo Pérez (Santa Isabel); Pedro Croppi (Humboldt); Luisina Giovannini (Montefiore); Janise Lamas (Lehmann).

El abogado René Alzugaray ya había sido propuesto el año pasado por el Ejecutivo para ser juez, pero la Asamblea Legislativa bochó su pliego. Y ahora vuelve por la revancha: Perotti lo designa como secretario en el juzgado de Nelson. No es ajeno al entorno perottista, puesto que en esta gestión se desempeña como subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Salud que conduce Sonia Martorano. 

En aquel entonces, el diputado Maximiliano Pullaro, ya lanzado a la campaña que culminó con su elección como gobernador, había denunciado "un dedazo" de Perotti para proponer afines en cargos clave.

José Carlos Fernández Vigil es el secretario del Consejo de la Magistratura, que inició bajo la presidencia del secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia. Ahora ha sido designado en el juzgado comunal de San José del Rincón.

Pedro Croppi, asignado a la secretaría del juzgado de Humboldt, es referente de Juntos Avancemos en esa localidad del departamento Las Colonias.

La abogada Luisina Giovannini, oriunda de Ceres, está alineada con el perottismo y es la referente de ese espacio en el departamento San Cristóbal. Ya fue concejala en su ciudad, directora de Registro Civil, y ahora, –cargo de nombre extenso– secretaria de Coordinación de Políticas Públicas de la Provincia de Santa Fe. 

El decreto de Perotti la asigna a un pueblito donde reconoce que no hay vacante de juzgado pero la nombran igual: Montefiore, en el departamento 9 de Julio, donde habitan 315 personas, según el censo 2010. Según la afectación presupuestaria, le espera una retribución de $602.374,18.

En su perfil de Twitter se identifica con los colores del gobierno de Santa Fe y la leyenda "Somos parte de algo grande".

La misma situación para la licenciada en Ciencia Política Janise Lamas, de la localidad de Lehmann, departamento Castellanos. Ahí tampoco hay vacante, pero esta joven profesional que supo trabajar en la Cámara de Diputados provincial y ahora lo hace como "asesora" en el Senado de la Nación, desde que pasó por ahí Roberto Mirabella. A partir del decreto del viernes pasado, tendrá funciones como secretaria del juzgado comunitario de su pueblo natal y con la misma retribución que su colega de Montefiore.

Enterada del decreto, la diputada socialista Lionella Cattalini atribuyó la medida a "una consecuencia más de un gobierno en retirada". Recordó la legisladora un nombramiento similar en noviembre de 2022 e incorporaciones a planta permanente de personal político contratado. "Lamentablemente, estas designaciones no requieren de acuerdo legislativo y es potestad del Ejecutivo", concluyó.