“La coparticipación, ¡afuera!”. El plan motosierra de Javier Milei incluye, entre otros sangrientos capítulos, uno que propone mutilar a la Argentina en 24 partes desiguales. El candidato a presidente de La Libertad Avanza anticipó que planea eliminar o recortar drásticamente el sistema de reparto de tributos federales a las provincias y Victoria Villarruel, su vice, será la encargada de presentar este jueves la propuesta. “Es un conjunto de parches e improvisaciones”, sostienen y sugieren distintos "mecanismos de salida". La medida enciende las alarmas entre los gobernadores, que ya alertaron sobre el daño que provocaría en los presupuestos locales. "Generaría una convulsión social terrible", advirtió el riojano Ricardo Quintela.

Del mismo modo que la Legislatura porteña fue el escenario elegido para montar un show negacionista, ahora la Legislatura bonaerense será el plató del show del ajuste. El objetivo libertario es abrir debates públicos e institucionalizarlos. “Gastar en función de lo que se recauda”, sería la síntesis de esta jornada. Con Villarruel a la cabeza, un grupo de dirigentes de ultraderecha presentará a las 15 horas un informe titulado “Desigualdad fiscal entre provincias y Mecanismos de salida del Régimen de Coparticipación Federal de impuestos”. En sus 113 páginas, el documento al que accedió Página/12 sostiene que la distribución de fondos federales genera una “dependencia económica absoluta” del gobierno nacional. “Este esquema lesiona gravemente la autonomía provincial y el principio del federalismo local”, sostiene el texto elaborado por la Asociación Argentina de Contribuyentes (AAC), que colabora con la campaña de Milei.

Bajo el argumento de que se trata de un régimen injusto que viola la Constitución porque “discrimina” a algunas provincias para “favorecer” a otras”, la propuesta plantea “salir” de este esquema y propone que cada distrito utilice sus propios recursos para invertir en educación, salud, seguridad, etc.

Para graficar la “inequidad” entre distritos, el documento pone como ejemplo los casos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Según el Censo 2022, la provincia de Buenos Aires alberga 38,2 por ciento de la población argentina, en tanto que solo recibe 22,6 por ciento de la transferencias por coparticipación. Otro caso extremo es el de la Ciudad de Buenos Aires, que con el 6,8 por ciento de la población del país, solo recibió el 2,2 por ciento de la coparticipación efectiva”, señala. Y ubica entre los “favorecidos” en la distribución a Chaco, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero.

“Nuestro objetivo sería que exista el mínimo posible de coparticipación y el máximo de federalismo fiscal a fin de otorgar a los ciudadanos el derecho a votar con los pies y de otorgar a las provincias, todas y cada una de ellas, la máxima autonomía posible”, reza el texto.

En el acto, Villarruel estará acompañada por el candidato a diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, hijo del divulgador que introdujo el pensamiento liberal en Argentina. También participarán la economista y candidata a diputada Marcela Pagano; los armadores de La Libertad Avanza Nahuel Sotelo y Sebastián Pareja; y el abogado Francisco Oneto, candidato a vicegobernador de Carolina Píparo, entre otros.

Brexit argento

El documento sostiene que los fundamentos en contra del régimen de coparticipación argentino son similares a las críticas que lanzaban hacia la Unión Europea los británicos que impulsaban el Brexit. “Centralismo, transferencias económicas al poder central, dependencia de las jurisdicciones, etc”, enumera. Siguiendo esa línea, propone llamar a una consulta popular para “indagar en la opinión de la ciudadanía en las distintas provincias”. “¿Que resultaría de un referéndum argentino sobre la salida a la ley de coparticipación, tal como el realizado por Gran Bretaña?", se pregunta. Y responde: “lo más probable es que todos apoyen la terminación” de la coparticipación.

Así, como estrategias de salida, propone dos alternativas: una jurídica y otra política.

La primera es que los distritos que quieran ser excluidos del régimen podrían acudir a la Corte Suprema de Justicia, alegando que es inconstitucional que los distritos no tengan la “libertad” para elegir entrar o salir del sistema. En ese sentido, la AAC sugiere que, en un eventual fallo, el máximo tribunal “debería establecer plazos y un cronograma de salidas parciales a fin de que las partes puedan terminar con el régimen de forma planificada y ordenada”.

La segunda opción es una salida negociada. Reunir voluntades parlamentarias para modificar la ley de coparticipación. “Negociar un sistema de salida, más que la salida misma, permitirá que tenga un cauce regularizado y no acontezcan situaciones bruscas de salida. Sin perjuicio de ello, una salida total también sería posible aunque, a nuestro entender, más compleja”, concluye el informe.

Los senadores y diputados provinciales del resto de las fuerzas políticas fueron invitados a lo que será esta presentación que no incluye por el momento un proyecto legislativo. “La exposición sienta las bases para la discusión sobre la Coparticipación. Esto no es un proyecto de ley, ni debe ser tomado como una hoja de ruta de gobierno. Es un informe para estudiarlo y luego presentar las propuestas”, aclaró Sotelo.

Alarmas encendidas

El gobernador más enérgico en repudiar la iniciativa fue el riojano Ricardo Quintela, quien amenazó con renunciar a su cargo en caso de que Milei acceda a la Casa Rosada y ejecute este tipo de recortes. “Es imposible la medida sin que genere una convulsión social terrible en todas las provincias argentinas. No podríamos vivir”, expresó.

Otros mandatarios provinciales como el salteño Gustavo Sánez también alertaron sobre sus consecuencias. “Se trata de una iniciativa de corte centralista. Beneficia a Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y a Capital Federal”, afirmó y explicó que la coparticipación es un régimen “solidario”, dado que “muchas provincias viven de esos” recursos. El pampeano Sergio Ziliotto remarcó que si se concretan este tipo de políticas se “va a prender fuego el país”.

Respecto a una posible negociación entre las distintas fuerzas políticas para modificar la ley, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, anticipó que además de ser "un disparate" es "inviable", dado que no existe "consenso" parlamentario para avanzar en ese sentido.