Seis años después del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de la Prefectura en territorio recuperado de Villa Mascardi, el lugar de los hechos será objeto de una inspección ocular en el marco del juicio oral contra cinco miembros de esa fuerza de seguridad. El Tribunal Oral Federal de General Roca hizo lugar a esta medida de prueba pedida por la fiscalía para determinar el sitio exacto de los disparos que efectuaron los uniformados el 25 de noviembre de 2017, cuando mataron por la espalda a Nahuel. Las querellas de la familia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acompañaron la solicitud que hará posible ubicar en el terreno de la comunidad Lafken Winkul Mapu a los protagonistas del hecho. 

Mientras tanto, en la novena audiencia del juicio, Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue presionada por la defensa. Todo giró en torno a la evidencia de que el grupo perseguido no estaba armado, a diferencia de lo que llegó a plantear incluso la exvicepresidenta Gabriela Michetti en televisión.

Serquis, doctora en Física especializada en Ciencias Materiales, declaró como testigo y fue objeto de maltrato e incluso violencia de género por parte del abogado de tres de los imputados, Marcelo Rochetti, al punto de que el juez Simón Bracco que conducía la audiencia le tuvo que llamar la atención en varias oportunidades. El tema del día fue la hipótesis de transferencia y contaminación por residuos de pólvora -que finalmente resultó fortalecida- en los cuerpos de Nahuel y de sus dos compañeros, Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo moribundo de Rafita del cerro hasta la ruta 40 en una camilla hecha con ramas para que recibiera atención médica. Además de Serquis declararon Fernando Báez y Daniel Converso, técnicos de Gendarmería.

Hubo coincidencia en que los residuos de pólvora hallados en los mapuches pueden haber sido producto de transferencia o contaminación ambiental por el aire, o hasta por el propio disparo, luego de ser esposados, por la manta con la que se tapó el cuerpo y por superficies contaminadas en el móvil policial donde fueron demorados. Para Serquis hay algunas posibilidades: "O disparó o estuvo cerca o estuvo en contacto con alguien que disparó. Existe algo que se llama la transferencia", dijo y habló sobre la existencia de superficies contaminadas como pueden ser los móviles policiales. En tanto, Converso afirmó que "siempre que haya una superficie contaminada y en contacto con otra, puede haber transferencia (de residuos de pólvora)”. El experto agregó que "también puede ser por aire, cuando salen las partículas tras el disparo y se liberan al medio ambiente; y depende del clima como será su dispersión". 

Volver al territorio

El fiscal Rafael Vehils Ruiz había planteado la necesidad de realizar una nueva inspección ocular en el lugar donde fue fusilado Nahuel para "comprender detalles que surgieron de los testimonios" de agentes de diversas fuerzas de seguridad que estuvieron en el lugar y que no se encuentran imputados. Vehils Ruiz pidió también que estén presentes los cinco procesados, "para que den detalles de dónde estaban en cada uno de los momentos" en los que transcurrió la agresión contra los integrantes de la comunidad mapuche. Según resolvió el martes el TOF, la diligencia se realizará en noviembre y participarán los acusados: el miembro del grupo Albatros Sergio Cavia, procesado por "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa", como también sus pares Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, procesados como "partícipes necesarios". También serían parte de la medida dos testigos claves, Jones Huala y González.

Mariano Przybylski, abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, dijo a Télam que por georeferenciación "ya están ubicados los puntos donde se realizaron los disparos por parte de los integrantes del grupo Albatros". Al letrado le parece "necesario que el Tribunal observe las características del terreno", y sostuvo que la distancia de cien metros en la que aparecieron dispersas las vainas de los proyectiles debe ser entendida como una extensión mayor, en razón de los accidentes del terreno. Para las defensas de los prefectos, la medida es "extemporánea e innecesaria".

La primera inspección se había realizado el 12 de diciembre de 2017 y arrojó como principal resultado la recolección de 32 vainas correspondientes a disparos efectuados con proyectiles 9 milímetros, todos ellos pertenecientes a las dos armas que portaban los efectivos del grupo Albatros: pistolas Beretta y subfusiles MP5. Los proyectiles fueron hallados, desperdigados, a lo largo de unos 100 metros de distancia, lo que para las querellas demuestra que existió una persecución de los uniformados sobre los miembros de la comunidad mapuche. En su momento, el perito Enrique Prueger detalló que en el terreno y en los árboles no se encontraron rastros de otros disparos que no fueran los realizados por los prefectos.

Afuera del Tribunal una numerosa movilización pidió justicia por Rafael Nahuel en medio del avance del juicio, que ya cumplió un mes desde su inicio en agosto.