La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denunció un desmonte ilegal en Misiones. Fue el mes pasado en la comunidad indígena de Tacuapí Miní,a 230 kilómetros al norte de Posadas en Puerto Mado, municipio de Colonia Delicia. Los inspectores del Ministerio de Ecología que llegaron al territorio no pudieron identificar a los autores materiales. Se sospecha que se trata de empresas debido a la cantidad y el tamaño de las maquinarias utilizadas. 

Desde la comunidad apuntan la intervención de la empresa Petrovalle, de la familia Closs, dueña de varias estaciones de YPF y también camiones de transporte de madera, entre otros negocios en las provincia. “Estamos preocupados porque han desmontado nuestro territorio", relata Francisco Silva, cacique de Tacuapí Miní e integrante de la UTT. El suelo de la comunidad está en el marco de la Ley 26.160 de relevamiento de comunidades. En un recorrido por su territorio el 23 de agosto se encontraron aproximadamente 10 hectáreas con árboles talados, "los mas valiosos ya sacaron. Estamos reclamando que paren de destruir donde hay monte, en esta y otras comunidades de Misiones”, continuó Silva que escuchó en primera persona los ruidos de motosierras y maquinarias a la madrugada.

"Estamos en un momento crucial para nuestras comunidades y nuestro entorno, donde más que nunca debemos proteger la biodiversidad y el patrimonio natural. Es muy doloroso ver cómo este desmonte afecta de forma irreversible al ambiente donde habitamos y producimos”, agrega Miriam Samudio, delegada provincial UTT Misiones e integrante de Productores Independientes de Piray (PIP).

El monte es alimento

“Hoy nos encontramos con este panorama desolador y sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. El monte es una parte esencial de nuestra identidad y subsistencia, y esto es una condena a la desaparición para nuestro pueblo", explica Silva. “Es una comunidad de más de sesenta familias. Han arrasado con árboles nativos y frutales. Era una tristeza ver en el suelo todos esos árboles que tanto cuidaron, que le dan fruto, que le dan comida”, agrega Samudio.

La UTT en Misiones, dentro de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), cuenta con 14 bases que nuclean 430 familias entre asociaciones de pequeños productores, cooperativas y cuatro comunidades indígenas. “Venimos trabajando como organización en el sentido de cómo planificar la producción de las familia dentro de sus chacras buscando, como primera meta, que no nos falte el pan. Pero también que podamos compartir el alimento a la mesa de las familias consumidoras a un precio justo y con producciones sin químicos, sanas”, explica Samudio. “Incluso en épocas de pandemia, nos organizamos con todo el protocolo para llevar más de 7000 mil kilos de alimento de puerta en puerta, en los barrios, con un micrófono diciendo: ¡Hola, llegó la soberanía alimentaria!”, relata.

“No es la primera vez que ocurre en las aldeas de los pueblos originarios. Hay varias que tuvieron ese problema con grandes empresas. Hay una ley que supuestamente ampara a las comunidades reconociendo sus tierras. Pero ante el desmonte nadie respeta”, explica Zamudio. 

Políticas en retroceso

En su Informe Anual de Deforestación 2021, Greenpeace calculó a través de la comparación de imágenes satelitales que la deforestación en el norte de Argentina alcanzó las 110.180 hectáreas, lo que equivale a más de cinco veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien Misiones ha sido un ejemplo de políticas ambientales y economía social, esa tendencia viene en retroceso ante el avance del extractivismo y la concentración económica.

“Las imágenes satelitales muestran que el desmonte no se detiene en Misiones y por lo tanto, el escenario que se profundiza es el de supresión de los bienes naturales imprescindibles para todas las formas de vida. El Corredor Verde, establecido por ley para conservar el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo, no existe más como tal. Está severamente fracturado”, señalaron una decena de organizaciones sociales y ambientales en un informe enviado al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

El gobierno de Misiones viene reclamando al Estado Nacional una deuda de 114.000 millones de pesos por los servicios ambientales, ya que la provincia es carbono negativo con un saldo positivo es de 2049 toneladas de dióxido carbono al año. Además, tiene bajo resguardo alrededor del 52 por ciento de la biodiversidad de Argentina.

Luego de casi una década (2004-2010) en que la tasa anual de deforestación por año se redujo de 18.800 a 6700 hectáreas, el proceso parece haberse revertido. El escenario de desmonte, explica el informe, es propicio para la erosión hídrica, la propagación de grandes incendios (como ocurrió en el verano de 2021), a la vez que afecta el alimento y la salud de la población, la generación de energía, el turismo y otras producciones.

“La decisión de detener el desmonte y proteger las tierras de las comunidades originarias no solo es un acto de justicia, sino un paso fundamental hacia un futuro posible”, declara el comunicado emitido por la UTT.

* Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y Magister en Periodismo de la Universidad del País Vasco.