No todos los gobiernos populares conducen la política económica de la misma forma. Desde el 2003 hasta el 2015 los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner administraron la economía de forma tal que el escenario adverso fuese el que tuviera mayor probabilidad de ocurrencia. Esto permitía generar previsión y contingencia frente eventuales shocks exógenos. Fue así que se pudo sortear sin grandes sobresaltos la crisis internacional que provocó la quiebra de Lehman Brothers, la gripe A del 2009 y la pérdida de 8675 millones de dólares por las sequías de 2008 y 2011.

El plan anti crisis anunciado el 25 de noviembre de 2008 fue el más ambicioso de los últimos años, el programa de obras públicas por 21.000 millones de dólares que se inyectó a la economía permitió el sostenimiento de la actividad, la Ley 26.425 que puso fin a las AFJP y permitió la recuperación del sistema de seguridad social de reparto y la Ley 26.509 del 20 de agosto del 2009 que creó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios para una mejor articulación con el sector público, fueron algunas de las medidas anticíclicas que se aplicaron. La construcción de poder y el permanente pronóstico de ocaso gubernamental forjaron un carácter de conducción mejor provisto para delinear estrategias.

A partir de diciembre de 2019, la gestión económica se encaró con extremada positividad y en el camino se perdió parte de la conducción básica. Sin embargo, el cúmulo de imponderables excedió con creces la capacidad previsora de un Estado menguado en su capacidad de acción por el ajuste del 2016 al 2019.

Devenidos los shocks exógenos de la pandemia en marzo de 2020, de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero del 2021 y el shock endógeno de la sequía con pérdidas estimadas en 18.200 millones de dólares, no hicieron más que precipitar la una de las mayores crisis de deuda de la que se tenga registro.

Previsión política

La clase política tradicional dejó de hablar el idioma de la juventud. El grado de desconexión entre la dirigencia se fue amplificando con cada cimbronazo económico y las insuficientes respuestas materiales. Cuando todo se volvió un gran signo de pregunta, ensayó soluciones improvisadas que ya no fueron creíbles. En los últimos años la política dejó de cuantificar el riesgo. 

Hoy esa no cuantificación del riesgo se traduce en las decisiones de la población. La despolitización de últimos años por el corrimiento de la dirigencia política produjo un cambio cultural que se pagó con desinterés social.

De ahí que el mejor momento del gobierno de la gestión de Alberto Fernández haya sido durante la pandemia, cuando se le explicaba a la sociedad el estado de situación y se accionaba en consecuencia con medidas concretas como el IFE, ATP, bonos, prohibición de despidos o el impuesto a las grandes fortunas. 

En tanto el peor momento comenzó con la judicialización del Decreto 690 que declaraba los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como servicios públicos para fijar tarifas, la capitulación en la estatización de Vicentin o del impuesto a la renta inesperada, sin los porqués necesarios para la compresión del 48 por ciento del electorado.

De la teoría a la práctica

Las teorías económicas se formulan en un determinado momento histórico, para explicar un hecho social particular, dentro de un contexto político específico. Por eso hay tantas teorías del valor, otras tantas para explicar el crecimiento económico y muchas otras para explicar la inflación. Eso no implica que varias no puedan coexistir, solaparse y explicar problemas similares en otros períodos históricos. Identificar las teorías correctas para la elaboración de políticas públicas es tarea exclusiva de la conducción económica.

La no confrontación con los factores de poder también es un modo de hacer política. Sin embargo, no es cierto que los gobiernos de Néstor y Cristina no estableciesen consensos con sectores del poder económico concentrado, sino que dialogaban todo lo posible y gestionaban todo lo necesario cuando ese diálogo ya no era viable.

El momento de conducir implica abandonar debates filosóficos inconducentes por el pragmatismo y el ejercicio de la decisión. Si Kirchner se hubiese quedado sólo en señalar a los responsables del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2005 en vez de resolver, probablemente seguiríamos discutiendo sobre quienes contrajeron esa deuda. Cuando las soluciones producen un escenario de mejora, los resultados pasan a ocupar el rol protagónico.

Estrategia

El gran ganador de las PASO fue el FMI. Pero no de las PASO 2023: de las PASO 2021 y 2019. La macroeconomía está naturalmente en un equilibrio inestable, el contrato de adhesión con el FMI en 2018 y el sobreendeudamiento implicó someter a la macroeconomía a un desequilibrio permanente. Y en esto no hay distinciones ideológicas, todos se vuelven impotentes porque la soberanía política y la independencia económica están concesionadas. Sólo los vencimientos de capital e intereses de la deuda pública en moneda extranjera para los próximos 10 años suman 258.637 millones de dólares.

Lo que quedó de manifiesto con las últimas elecciones es que, en épocas de crisis económica, las formas son más importantes que el fondo. Los discursos efectistas tienen mayor aceptación cuando hay una distribución regresiva de los ingresos y una pérdida constante del poder adquisitivo por la inflación.

Hay señales fundadas que en los próximos años en Argentina se va a dar un cambio en el ciclo económico por la resolución parcial de la restricción externa. Organismos públicos como el INTA, CONICET, Servicio Meteorológico Nacional, INVAP o ARSAT, van a ser imprescindibles para monitorear, medir y cuantificar los fenómenos climáticos de un cambio climático cada vez más extremo. El futuro va a demandar de una mayor presencia del Estado para morigerar los efectos del ya irreversible calentamiento global.

Las instituciones que producen bienes públicos generan externalidades positivas que mejoran el bienestar general, potencian la macroeconomía y fortalecen el sistema democrático sobre la base de la solidaridad social. La redistribución de la riqueza no es una cuestión automática que surge espontáneamente a partir del crecimiento económico: surge de la decisión política.

La ortodoxia sugiere siempre adaptar la realidad al marco teórico. En cambio, lo sensato es adaptar el marco teórico, económico y político a la realidad propia. No hay dudas que Argentina necesita una reforma tributaria, laboral y del Estado, pero con la gente adentro. Esas transformaciones estructurales deben hacerse para ampliar y mejorar la distribución del ingreso y no para conculcar derechos como demanda el mercado, pero por sobre todas las cosas requieren conducción económica. Sólo es tarde cuando se deja de intentarlo.

* Economista. Auxiliar docente de Historia Económica y Social Argentina (UBA)