La Justicia mexicana declaró culpables a 11 policías por el asesinato de 17 migrantes centroamericanos que fueron baleados y luego calcinados en la frontera entre México y Estados Unidos a principios de 2021. Podrían ser condenados a penas que alcanzarían los 50 años de prisión.
La Fiscalía del estado mexicano de Tamaulipas "logró que fuera dictada sentencia condenatoria en contra" de 11 policías acusados de homicidio, mientras que otro fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad, informó un comunicado de la dependencia. El juez local Patricio Lugo Jaramillo consideró que había encontrado pruebas suficientes contra los expolicías.
Los migrantes asesinados eran en su mayoría del poblado de Comitancillo, en Guatemala, y de familias de escasos recursos que intentaban llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.
Esta es una de las masacres de centroamericanos más cruentas registradas en México, luego de que en agosto de 2010 un grupo de 72 migrantes sin papeles fueran asesinados por presuntos narcotraficantes en el municipio de San Fernando, también en Tamaulipas.
Masacre en la frontera
Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2021 en la comunidad de Santa Anita, del municipio de Camargo, próximo a la frontera con Estados Unidos, lugar al que buscaban llegar los migrantes, 16 de ellos de Guatemala y uno de Honduras.Las víctimas sumaron 19, ya que se identificaron los restos de dos mexicanos que, según las autoridades, eran los traficantes de personas que llevaban a los centroamericanos a la frontera.
Las víctimas "perdieron la vida por impactos de arma de fuego y posteriormente fueron incineradas", recordó el comunicado de la Fiscalía del estado de Tamaulipas.
Los policías responsables de la masacre pertenecían a un grupo de élite, y en un principio declararon que habían encontrado los cuerpos calcinados, pero el policía que colaboró dijo que habían sido ellos mismos quienes dispararon a los migrantes para luego prenderles fuego.
Las víctimas calcinadas fueron encontradas en una camioneta en el municipio de Camargo, una zona de disputas entre el cártel del Noreste, surgido de Los Zetas, que controla parte del estado norteño de Nuevo León, y el del Golfo, que por décadas actuó en Tamaulipas.