Bajo amenaza de recurrir a la Justicia para frenar la puesta en funciones de la nueva ley de alquileres, que entre otras cuestiones obliga a los propietarios a pagar las comisiones, los pesos pesados del mercado inmobiliario presionaron para tener una reunión con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que se concretará en los próximos días.

Para la aprobación de la nueva normativa, el proyecto impulsado por Inquilinos Agrupados contó con el apoyo del propio Gobierno de la Ciudad, que de esta manera reconoció el grave desequilibrio que se produce en una población cada vez más inquilinizada: uno de cada tres porteños, alquila.

Sin embargo, varios actores del sector se manifestaron en contra de la ley y aseguraron que, de ponerse en marcha, habrá un incremento en los precios de los alquileres. Así lo indicó el presidente de la Cámara Nacional Inmobiliaria, Alejandro Bennazar: "Es muy factible. Cuando todo se toca y hay estos inconvenientes, algo de movilización interior produce. Lo que ha sucedido ya prácticamente ayer es poner a la venta sus inmuebles”. 

El dirigente explicó que desde el sector consideran "injusto" el traslado de costos a los propietarios, y advirtió que la ley "deja afuera a muchos actores, porque solo contempla a corredores inmobiliarios". En ese marco, adelantó que los colegios inmobiliarios "están estudiando" la posibilidad de recurrir a la Justicia con el objetivo de "revertir esta situación".

"Esto se produce por no haber generado la mesa de diálogo", dijo y afirmó que "a nivel nacional se logró llegar a un entendimiento y hasta hoy seguimos trabajando. Ayer decían que se habían convocado a todas las partes, pero nosotros no fuimos convocados. Somos la pata fundamental, es la intervención entre locatario e inquilino. Lo consideramos un error".

También se manifestó en contra Cámara Inmobiliaria Argentina,  que propuso un "esfuerzo compartido" en el pago de los honorarios entre propietarios e inquilinos.

La Legislatura porteña aprobó ayer por 51 votos a favor y 2 abstenciones la modificación de la Ley 2.340 de Alquileres, con la introducción de uno de los principales reclamos de los inquilinos: los propietarios serán ahora los que deberán pagar la comisión que hasta ahora pagaban los arrendatarios, que alcanza el 4,1 por ciento del contrato. La reforma también estableció la gratuidad de los gastos de gestoría, como pedidos de informes, sobre los que Muñoz dijo que los inquilinos pagaban "miles de pesos".