El caso probado de abuso sexual a una niña de dos años en el jardín del Colegio del Libertador, del barrio de Flores, derivó en el pedido de intervención a la fundación que maneja el colegio --Fundación Educar-- y en el pedido de juicio político al juez que dio lugar a un armado de concurso de quiebra para evitar el pago de la indemnización a la víctima y su familia e, insólitamente, promover el cumplimiento de la reparación en 72 cuotas. La Inspección General de Justicia (IGJ) --en su función de controladora y fiscalizadora de las fundaciones-- intervino pidiendo ambas actuaciones al Ministerio de Justicia por un lado, y al Consejo de la Magistratura en el caso del juicio político por mal desempeño al juez Fernando Gabriel D’ Alessandro, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7, que actualmente se sigue desempeñando en el cargo. El largo proceso judicial que padecieron la niña y su familia, con las sucesivas revictimizaciones por las que pasaron en diferentes instancias, es tal vez un botón de muestra de un estado de cosas, pero en este caso se amplifica por los detalles de esta peregrinación judicial. 

El largo camino judicial 

La causa penal Nº 3681 del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 había dejado establecida la condena a la Fundación Educar con sentencia definitiva, dando por probado que en 2008 Francisco Alfonso Nieto, empleado de maestranza del jardín del Colegio del Libertador, abusó sexualmente de una niña que entonces tenía 4 años. El fallo estableció cuatro años de condena y la sentencia quedó firme. 

La familia inició también una demanda civil por daños y perjuicios --causa Nº 35421/2014 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 110--, y como es lógico también tuvo sentencia contra la Fundación Educar. Pero no sólo eso: allí se demostraron una serie de maniobras que buscaron obstaculizar el esclarecimiento de la verdad, de formas lamentables que fueron desde cambiar posteriormente a la denuncia la fisonomía del abusador "con la clara finalidad de restar credibilidad a la descripción realizada en su media lengua por la víctima", hasta guiar testimonios de otros empleados del colegio que pasaron a sugerir que el abusador podía estar en el entorno familiar, llegando a mencionar a otro padre del colegio. 

“Las autoridades de la entidad educativa, comenzando por la directora, además de violar el deber de seguridad propio del vínculo, lejos de colaborar con el esclarecimiento del hecho y de abstenerse de realizar conductas vergonzantes, humillantes y vejatorias, no mantuvieron una postura neutral. Antes bien, se involucraron en la investigación pero para desviarla", expresa la sentencia, que en 2019 condenaba a la Fundación Educar a pagar 6.225.000 pesos (más intereses y costas). "Quedó en evidencia una importante actividad para direccionar la responsabilidad hacia afuera de la institución", concluía la sentencia. 

Conductas vergonzantes

Pero la fundación dio un paso más en la concreción de "conductas vergonzantes, humillantes y vejatorias": para evitar el pago de la sentencia civil, se presentó en concurso de acreedores, esta vez ante el Juzgado de Comercio 7 de D´Alessandro. Que en 2016 consideró probada la repentina pobreza de la fundación, dando lugar a la propuesta de pago en 72 largas cuotas. 

Posteriormente la Sala F de la Cámara Comercial contradijo este escandaloso fallo, demostrando que el concurso fue preparado exclusivamente para perjudicar a la niña y su familia, yendo directamente en contra de "la especial, mayor, prioritaria y efectiva tutela deferida a las niñas víctimas de violencia de género que consagran los instrumentos internacionales, revictimizándola a expensas del criterio interpretativo del Dr. D´Alessandro, que no satisface ni conforma aquellos mandatos que deben primar en el análisis jurídico cuando involucra tópicos tan sensibles como los del caso", observa la IGJ.

Así las cosas, con todos los años trancurridos desde el abuso y todas las instancias de revictimización que la niña y la familia atravesaron, el pedido de intervención a la fundación, y el pedido de juicio político al juez, están cursados, y aún irresueltos.