El juez de Reconquista Fabián Lorenzini rechazó la propuesta concursal de Vicentin y ordenó la apertura del período de concurrencia (cramdown). La propuesta de la firma cerealera para salir del default contaba con el respaldo de buena parte de los acreedores, pero fue impugnada por el Banco Nación y la AFIP, entre otros organismos, por considerarla fraudulenta. Si bien el magistrado destacó que la conformidad de los acreedores es de relevancia, consideró que “no es suficiente para obtener la homologación judicial”. La instancia abre la posibilidad de que acreedores, trabajadores y terceros interesados puedan quedarse con patrimonio de la firma, para liquidar su deuda.
En diciembre de 2019, Vicentin entró en default con una deuda que ronda los 1.300 millones de dólares. Luego de tres años de disputas legales, la propuesta de pagos presentada por la empresa contaba con varias objeciones. En concreto, cinco organismos presentaron impugnaciones judiciales: el Banco de la Nación Argentina (BNA), la firma Commodities SA, la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BPBA) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior SA (BICE). En un dictamen que se conoció este viernes, Lorenzini resolvió rechazar las impugnaciones “por resultar improcedentes”, pero también rechazó la propuesta concursal de Vicentin dando apertura a lo que se conoce como “salvataje”.
Para el magistrado, el impedimento para homologar la propuesta de Vicentin “surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”. En ese marco, la Justicia ordenó que en los próximos cinco días hábiles se establezca el cronograma definitivo para el período de concurrencia. Con este fallo, la cerealera pierde la exclusividad para hacer propuestas de pago a sus acreedores y abre la posibilidad de que nuevos interesados presentes ofertas de pago superadoras.
En el fallo, Lorenzini detalla algunos argumentos a favor de la propuesta, destacando “la adhesión de una cantidad muy importante de acreedores y de capital” que supera los mínimos previstos por la ley concursal. Pero también pone el foco en los argumentos en contra de la propuesta, que terminaron de inclinar la balanza para el lado del rechazo. Para el juez de Reconquista, el programa de Vicentin “no ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos”.
Además, el fallo establece que el plan de la empresa “no permite la libre disponibilidad de dichas acciones o títulos de deuda para que sus tenedores obtengan liquidez inmediata en el mercado cambiario”. Tampoco se contempla “un plan de reorganización empresaria” que establezca qué pasará con las unidades de negocios de la firma y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda mientras rija el acuerdo.
Por último, el fallo cuestiona que no se organiza “un mecanismo legal trazable para la emisión de acciones que serán luego entregadas al fideicomiso e indirectamente titularizadas por los acreedores concurrentes”. Para Lorenzini se trata de un “aspecto esencial” que queda en un terreno de incertidumbre y que el proceso concursal no puede pasar por alto.
Días movidos
Los últimos días fueron de mucho movimiento en el marco de la causa Vicentin. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia ratificó a Lorenzini al frente del concurso de acreedores. La presentación contra el juez de Reconquista había sido impulsada por La Clementina, una de las firmas acreedoras, quien le achacaba una presunta “falta de imparcialidad” a Lorenzini, acusándolo de tener un vínculo profesional de más de veinte años con el Banco Nación, el mayor acreedor del proceso. No obstante, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal consideró “inadmisible” el cuestionamiento de competencia del juez.
Asimismo, como informó Rosario/12 en la edición de este jueves, el juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, ordenó suspender el cobro de un anticipo del impuesto a las supuestas ganancias de la empresa en 2024, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por Vicentin. El pedido fue acompañado por los trabajadores de la cerealera, entendiendo que la resolución les garantizaría, al menos, 18 meses más de trabajo.
La decisión de Alurralde además insta a la AFIP prohíbe a la AFIP a “trabar medidas cautelares” contra el patrimonio de Vicentin y a adoptar “cualquier medida o acción tendiente al cobro compulsivo del citado pago a cuenta”.
Además, este viernes, previo a que se conozca la decisión de Lorenzini, el abogado Gabriel Monserrat también presentó una denuncia contra el juez que lleva adelante el concurso para que se investigue si su accionar durante todo el proceso configura “los delitos de Prevaricato, y/o Tráfico de influencias”. Según adelantó a este medio, la denuncia contra Lorenizini seguirá adelante con intención de dilucidar si los hechos que se relatan en la presentación constituyen delito.
