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El objetivo, en el que todos los países supuestamente coinciden, es que las grandes corporaciones globales paguen más impuestos. Pero pese a ese aparente acuerdo, los esquemas hasta ahora planteados no funcionan. Esta semana, la asamblea general de las Naciones Unidas tomará el tema, por iniciativa de un grupo de países africanos encabezados por Nigeria, tras cuestionar que las respuestas al conflicto quedara en manos de un acuerdo entre la OCDE y el Grupo de los 20. Los países en desarrollo son los más comprometidos en el impacto de la elusión de impuestos de las grandes corporaciones, que según estimaciones de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network, TJN), alcanza a unos 480 mil millones de dólares anuales en perjuicio de los Estados nacionales en los que desarrollan sus actividades. Se espera, además, una activa participación de países latinoamericanos en esta asamblea de la ONU, acompañando la iniciativa africana. Un proceso del cual se espera que cuente con Brasil en un rol de liderazgo clave en futuras instancias, según lo expresado por expertos argentinos en el tema.
Los estados nacionales, fundamentalmente de los países en desarrollo, van a necesitar crecientes recursos para enfrentar los problemas de una globalización cada vez más agresiva, no sólo por efecto de conductas empresarias mezquinas sino también por el cambio climático. La pobreza y la desigualdad creciente están en todas las agendas nacionales. Las crisis provocadas por desastres climatológicos cada vez son más frecuentes. Argentina apenas acaba de salir de la más grave sequía en un siglo, pero todavía paga las consecuencias.
Hasta el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó el último jueves un breve texto en redes sociales señalando: "Es hora de que los multimillonarios paguen al menos un impuesto mínimo del 25%", en referencia a la tasa del tributo a las ganancias. Pero ni esa, ni una tasa mínima del 15% a pagar por las grandes corporaciones, que se había definido en un acuerdo multilateral en el año 2021 entre las principales potencias mundiales, pareciera que pudieran llegar a implementarse.
A dicho acuerdo se arribó en el marco de un comité conformado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el G-20 y otros países invitados. Se le dio el pretensioso título de Global Tax Solution, pero no fue tal. Varios países se negaron a darle el estatus de Tratado internacional, y uno de ellos fue Estados Unidos, que necesitaría contar con dos tercios del Congreso para aprobarlo. Por más que el presidente demócrata lo proclame, nada hace pensar que los republicanos se lo habiliten.
"El objetivo es poder atacar el problema de la elusión impositiva por parte de las corporaciones multinacionales, que usan una arquitectura trributaria internacional, construida por y para ellas, para evitar pagar impuestos", explica a Página/12 un especialista argentino que participa activamente en uno de los organismos más activos en este combate a nivel mundial, ICRICT (Independent Commission for the Reform of International Corporate Tax).
En este organismo participan economistas de renombre, como el premio nobel Joseph Stiglitz, los franceses Thomas Piketty y Gabriel Zucman, el ex ministro argentino Martín Guzman y la economista india Jayati Gosh. Stiglitz es uno de los invitados a exponer en el foro que se realizará en el marco de la asamblea de la ONU (el miércoles 20), evento en el que también expondrán, el martes 19, Magdalena Sepúlveda (Chile) y Tabo Mbecki (ex presidente de Sudáfrica).
Sepúlveda ha sido una de las impulsoras de la cumbre que, a fines de julio, se realizó en Cartagena de Indias (Colombia) para concretar "una plataforma regional que permita abordar los desafíos que hoy supone un panorama económico mundial en cabeza de gigantes tecnológicos", y ante los cuales las estructuras fiscales presentan serias falencias.
Stiglitz, a quien acompañó el ex ministro Guzmán, tuvo en los últimos días intensos encuentros en Brasil, tanto con el presidente Lula como con su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, además de otros funcionarios de primer nivel tanto en el área ejecutiva como judicial. No sólo la segunda etapa de la reforma tributaria que tiene en la mira el gobierno de Brasil fue tema de consulta a los economistas visitantes, sino además la discusión abierta en torno al tratamiento impositivo a las corporaciones globales.
Los integrantes de ICRICT señalaron la necesidad de que Lula Da Silva asuma un rol importante en promover una nueva discusión de la solución fiscal global en las Naciones Unidas, apuntando a poder hacer un trabajo de coordinación entre países para proteger los intereses de los países en desarrollo en la materia.
Obviamente, la oposición de Estados Unidos pone en controversia cualquier solución parcial. Sin embargo, como sugiere Stiglitz, nada impide a países soberanos imponer un piso de impuestos, por ejemplo del 15 por ciento, a servicios digitales cuyos prestadores (grandes corporaciones como Apple, Amazon o Google) están en el ojo de la tormenta.
En definitiva, se trata de los recursos que necesitarán los estados nacionales para afrontar la lucha contra las desigualdades que seguirá derramando el modelo de globalización concentrada, todavía en auge.
