Desde Río de Janeiro

El pasado jueves el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia en Brasil, condenó por abrumadora mayoría a los tres primeros reos que participaron del intento de golpe de Estado el domingo ocho de enero a penas pesadas. Dos fueron condenados a 17 años de cárcel, y el otro a 14.

De los once integrantes de la Corte, nueve votaron por la sentencia, y solamente dos por declararlos absueltos. Ninguna sorpresa: los dos fueron nombrados por el desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro durante su mandato presidencial, que fue de 2019 al año pasado.

También se les aplicó una multa de seis millones de dólares, que será compartida con los demás futuros condenados en el mismo juicio.

Hay otros 1.394 reos, y se especula que al menos 39 de ellos también recibirán condenas pesadas. Los demás deberán cumplir medidas restrictivas, como el uso obligatorio de tobilleras, la prohibición de usar las redes sociales y el recogimiento nocturno y de fines de semana en sus casas.

Esta semana, por ejemplo, un cuarto reo será juzgado por la misma razón: haber participado del intento golpista y destrozado patrimonio público durante la invasión a las sedes de los tres poderes.

Al establecer claramente que lo que ocurrió el ocho de enero fue un intento de golpe el Supremo Tribunal Federal liquida de una vez el intento de los seguidores del desequilibrado ultraderechista de que se trató de una manifestación multitudinaria.

Esa versión afirma que los destrozos provocados en la invasión de las sedes del Congreso, de la Presidencia y de la instancia máxima de Justicia fue obra de izquierdistas infiltrados, que contaron con la complicidad de las autoridades del gobierno de Lula que se mantuvieron inertes.

Juristas, analistas políticos y el público en general entendieron que la dureza de las penas impuestas en el primer juicio fue un claro mensaje del Supremo Tribunal Federal en el sentido de defender la democracia amenazada por los seguidores de Bolsonaro.

Otro grupo que sale mal en la foto es el de las Fuerzas Armadas. Uno de los integrantes de la Corte afirmó que los campamentos armados delante de cuarteles y del mismo Comando General del Ejército, en Brasilia, fueron base para la acción de los golpistas del ocho de enero, que reivindicaban una intervención militar para deponer a Lula da Silva.

También llamó la atención que Brasil ha sido más rápido y más duro con los juzgados por el ocho de enero que los Estados Unidos con los juzgados por la invasión del Capitolio, en Washington, el seis de enero de 2021, luego de la derrota de Donald Trump frente a Joe Biden.

La dureza de las condenas en este primer juicio prendió la señal de alerta en el entorno más directo del ultraderechista exmandatario, que incluye a varios generales retirados además de asesores y familiares.

Bolsonaro, quien ya fue declarado inelegible por ocho años, se mantuvo en silencio.

Él sabe, sus seguidores saben, todos saben que el cerco a su alrededor se cierra cada vez más. Al mismo tiempo, su aislamiento no hace más que aumentar. A excepción de un grupo más radical de seguidores, calculado en un quince por ciento del electorado, sus columnas desmoronan.

Eso, para no mencionar lo que su antiguo edecán y hombre de la más absoluta confianza, el teniente-coronel Mauro Cid, está revelando a la Policía Federal en su acuerdo de confesión que podrá disminuir su condena.

No hay previsión de fecha para el juicio de Bolsonaro. De parte de las autoridades, tanto de la Policía Federal como del Supremo Tribunal Federal, hay muestras palpables de no haber ninguna prisa.

Y mientras su hora no llega, serán cada vez más visibles las señales de que no habrá ninguna condescendencia frente a los crímenes que él cometió. Él y, claro, su pandilla, empezando por sus hijos.