La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, finalmente tuvo que dar explicaciones ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, a la que se había negado a asistir la semana pasada, pero mantuvo su postura de negar la "desparición forzada" de Santiago Maldonado, a pesar de que la fiscal Silvina Ávila ordenó ayer que la investigación continúe bajo esa carátula, que apunta a la responsabilidad de la Gendarmería. La presidente de la comisión de DDHH, Victoria Donda, aseguró que en la reunión que se mantuvo hoy con la ministra respondió "tajamente que no" ante la consulta de si al menos una de las hipótesis del Gobierno era la de desaparición forzada.

En la reunión, según Donda, la titular de Seguridad señaló que existe en marcha una investigación interna sobre los 40 agentes de Gendarmería que participaron de la represión en Cushamen y también una investigación del propio ministerio, y otra a cargo de la  Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), además de la que lleva adelante la Justicia de Chubut. 

Tras esa explicación, Donda consultó puntualmente si la cartera de Seguridad realizaba esas investigaciones internas bajo la hipótesis de la "desaparición forzada" y Bullrich respondió "tajantemente que no", indicó la diputada. 

Para Donda, la negativa de Bullrich "tiene una interpretación propia y restringida de lo que entiende por 'desaparición forzada de persona', contraria a la de la misma Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con rango constitucional", y señaló que la ministra no debe demorar más en aplicar esa convención, cuyo artículo 12 dice que "cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones".

En el mismo tono, se expresaron varios de los diputados presentes. Donda, quien en primer lugar solicitó una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, estuvo acompañada por las diputadas Nathalia González Seligra, Soledad Martínez y  Karina Banfi; los diputados Martín Hernández y José Luis Patiño; y el legislador porteño Patricio Del Corro.

"Lamentamos profundamente que la ministra se mantenga en esa posición que en un punto demuestra su falta de colaboración con la aparición de Santiago; y hasta  podría implicar estar cometiendo los delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público", advirtió Donda.