Desde Sevilla

 España vive en estos días una monumental paradoja política. A menos de una semana de que el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se presente ante el Congreso para pedir el apoyo para ser proclamado presidente, todo el país discute en torno a las exigencias que los partidos nacionalistas han puesto sobre la mesa para respaldar no al candidato del PP, sino al socialista Pedro Sánchez. Formalmente el único aspirante oficial a la presidencia es Núñez Feijóo, pero como su fracaso se da por hecho todas las miradas están puestas en el secretario general del PSOE.

El sistema institucional español establece que una vez celebradas las elecciones, el rey consulta a todos los portavoces parlamentarios y una vez que conoce con cuánto respaldo cuenta cada uno, encarga al candidato con más apoyos que intente formar gobierno. En las últimas elecciones, del pasado 23 de julio, Núñez Feijóo fue el candidato más votado, pero quedó lejos de los 176 escaños con los que se alcanza la mayoría absoluta. El respaldo de la extrema derecha de Vox y otras formaciones menores le permiten contar con un máximo de 172 votos.

En teoría, Sánchez sí podría alcanzar el número de votos necesarios al mostrarse más abierto a hacer concesiones a los nacionalistas vascos y catalanes, tanto de izquierda como de derecha, que pese a haber retrocedido electoralmente conservan la fuerza para inclinar la balanza en una u otra dirección.

El problema institucional, que metió en la encrucijada al rey y dio lugar a la situación inédita que vive la política española, es que la mayor parte de los nacionalistas no acuden a las audiencias con el jefe del Estado, por lo que a la hora de hacer las cuentas en el Palacio de La Zarzuela, residencia de Felipe VI, formalmente el candidato del PP contaba con más apoyos que Pedro Sánchez. Como Núñez Feijóo mostró su disposición a presentarse, el monarca le encargó que lo haga, aunque su intento está destinado al fracaso. La participación de Vox en la ecuación anula la posibilidad de que cualquier otro partido, especialmente los nacionalistas, respalden su investidura.

Por ello, en estos días se da por amortizado a Núñez Feijóo y el debate gira en torno a las exigencias que los nacionalistas –Bildu y PNV (Partido Nacionalista Vasco) y Esquerra Republicana y Junts en Cataluña- han puesto sobre la mesa para dar su apoyo a Sánchez. De hecho, el propio Partido Popular convocó para el próximo fin de semana un acto contra la amnistía, la exigencia que el líder de Junts, Carles Puigdemont, plantea para respaldar la investidura de Sánchez.

El árbitro de la investidura

Puigdemont, sucesor del histórico líder de la derecha catalana, Jordi Pujol, era el presidente de la Generalitat cuando el 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum considerado ilegal que precedió a la declaración unilateral de independencia. Este proceso acabó en los tribunales y nueve de sus líderes fueron condenados a penas prisión por sedición y malversación (al haber usado fondos públicos en el proceso independentista), aunque el Gobierno de Sánchez los indultó tras pasar casi cuatro años en la cárcel e impulsó posteriormente una reforma del Código Penal referida al delito de malversación.

El ex presidente de la Generalitat se ahorró todo este proceso, ya que huyó en el baúl de un coche la misma noche de la declaración fallida de la independencia y desde entonces reside en Bélgica amparado por la inmunidad que le otorga su condición de parlamentario europeo. Imposibilitado de volver a España y pese a que su partido retrocedió electoralmente ante el avance en las urnas de los socialistas catalanes, la aritmética parlamentaria le dio la oportunidad de convertirse en el árbitro de la investidura. No dudó en poner la amnistía y un referéndum de autodeterminación como condición para respaldar a Sánchez.

Aunque el secretario general socialista aseguró este domingo que “habrá gobierno progresista”, no se ha pronunciado sobre la amnistía. La sola posibilidad de que Puigdemont consiga salir indemne tras humillar durante casi seis años al Estado español desde su refugio belga levanta ampollas en buena parte de la opinión pública. Especialmente, pero no sólo, en la derecha. En los últimos días, la vieja guardia socialista, encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, levantó la voz contra esa posibilidad con la advertencia de que se trata de dos situaciones –amnistía y referéndum- que no encuentran encaje en la Constitución.

Los nacionalistas también han puesto sobre la mesa otras propuestas, como una relectura de la Carta Magna que dé un estatus diferenciado a las autonomías vasca, catalana y gallega y concesiones en materia de financiación privilegiada para las administraciones regionales de las dos primeras, que junto con Madrid son las de mayor desarrollo económico de España.

La crispación subió en los últimos días después de que la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, viajara a Bruselas para reunirse con Puigdemont, lo que desde la derecha política y mediática se ha visto como una nueva humillación al Estado. A ello se ha sumado la reforma del reglamento del Congreso, con la mayoría de izquierdas y nacionalista que dio la presidencia de la Cámara a la socialista Francina Armengol, que permitirá a partir de este periodo de sesiones utilizar las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego), lo que obligará a instalar un sistema de traducción simultánea. Sánchez también ha pedido que el catalán sea reconocido en el Parlamento Europeo y se ha ofrecido a correr con los gastos que ello implique. Bruselas mira con recelo esta propuesta, que abriría un debate de desconocidas consecuencias en otros países con minorías lingüísticas.

Mientras tanto, el reloj ha comenzado a correr. Una vez que el intento de Núñez Feijóo fracase, Sánchez tendrá dos meses para obtener los apoyos que le permitan seguir cuatro años más como presidente del Gobierno. Si no lo consigue, los españoles volverán a ser convocados a las urnas en enero del año próximo.