La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó un pedido de sanción para los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por ordenar que se investigue el accionar de médicos y de funcionarios de la defensa pública que actuaron para garantizar la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual, además de haber usado en su sentencia expresiones misóginas y contrarias al sistema normativo respetuoso de los derechos humanos de las mujeres en una sentencia judicial.

El proyecto aprobado por unanimidad prevé una sanción a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 por una falta disciplinaria prevista en la ley 24.937 y modificatorias: “actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad del cargo”.

La sanción propuesta consiste en un multa equivalente al 50 por ciento de su sueldo por única vez y que tengan que formarse y actualizar sus conocimientos en materia de perspectiva de género tomando los cursos de la Ley Micaela --que obliga a la capacitación del funcionariado en materia de género, violencia y diversidades-- cada dos años.

“Sancionar a jueces que vulneran derechos y hacen abuso de poder a través de sus sentencias es lo que corresponde y lo que demanda la ciudadanía. Anzoátegui y Rizzi deberán responder por ello”, dijo Vanesa Siley en sus redes sociales, la consejera que lleva adelante la denuncia contra los jueces.

Para que tenga efecto, este proyecto debe ser aprobado por el Plenario antes del 8 de octubre, que es la fecha en que se cumplen tres años de la causa y lo que suele suceder en esos casos es que los expedientes se archivan. Todavía no hay fecha tentativa de reunión, que tiene que ser convocada por el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, y hay muchísimos temas para tratar. Pero según pudo saber este diario, se contaría con los votos para lograrlo.

Este pedido de sanción está lejos del pedido de juicio político y remoción de los jueces que habían hecho la ONG Mujeres x Mujeres, de Tucumán, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y la Defensoría General de la Nación. Pero es lo que se pudo conseguir antes de que la causa se archive, dicen organizaciones de derechos humanos que vienen acompañando el expediente desde sus inicios. Un proceso arduo en el que hubo que sortear distintas maniobras dilatorias para evitar la investigación y la sanción de Rizzi y Anzoátegui, encabezadas por el diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio).

El fallo por el que los jueces fueron denunciados es del 24 de septiembre de 2020 y resolvió acerca de dos causas por las que estaba imputado un hombre: el homicidio de otro hombre y las violaciones reiteradas de su hermanastra. El Tribunal decidió condenar al acusado a la pena de treinta y cinco años de prisión, por homicidio simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal de una niña de 13 años, mediante violencia y amenazas, y agravado por haber sido cometido por un hermano y con armas, y reiterado. Producto de los abusos, la niña quedó embarazada y pidió interrumpir su embarazo, derecho que se le garantizó.

El fallo del Tribunal dio por probados los hechos; sin embargo, el juez Anzoátegui decidió en su voto hacer un “excursus acerca de la muerte de una niña” en el que dejó plasmada toda la ideología de los grupos más conservadores y antiderechos. Comparó la interrupción legal del embarazo (ILE) con los métodos de tortura de la mafia o los rituales de las tribus antropófagas. Llamó “manual de salvajadas inhumanas” al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación. Desconoció además al llamado fallo FAL en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejó cualquier duda acerca de la legalidad de los abortos en las causales consideradas desde 1921 en el Código Penal (la violación es una de ellas). Además llamó “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos intervinientes en la ILE. Todo esto para terminar denunciando como delictiva toda acción tendiente a garantizar la ILE a la niña.

Estos dos jueces antiderechos inauguraron el Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a violencia de género creado el 8 de marzo de 2021 por el Consejo de la Magistratura de la Nación.