Organizaciones socioambientales que trabajan en el Barrio Padre Carlos Mugica, exvilla-31, alertaron sobre el posible desalojo de un grupo de familias que se resisten a dejar sus departamentos construidos debajo de la Autopista Illia. Las familias sostienen que sus viviendas están en buen estado y denuncian que el GCBA les ofrece a cambio una sola casa con una habitación para cada una de ellas. Desde el Gobierno porteño, en tanto, argumentan que el inmueble apuntado está dentro de la traza de un parque en construcción y que "obstaculiza" la ejecución de obras.
"Desde hace tiempo que el Gobierno viene relocalizando hogares del bajo autopista a las viviendas nuevas del 'Barrio YPF'. Esos departamentos están mal construidos y tienen problemas constantes, y muchos vecinos se resisten a la relocalización porque tienen sus viviendas en buen estado. Ese es el caso de estas cuatro familias que hoy tienen sus viviendas impecables", explicó a Página 12 Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).
Si bien el conflicto entre las familias y el GCBA ya venía desde hace tiempo, la problemática recrudeció luego de que el ODC denunciara que la administración porteña acudió a la Justicia para solicitar el desalojo, "con la excusa de que las familias viven en un edificio construido bajo la autopista". Página 12 consultó a fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, y sostuvieron que, en efecto, fueron a la Justicia a fines de agosto para pedir un "espacio de mediación" para que la dueña del inmueble "acepte alguna propuesta de relocalización o nos presente sus solicitudes para llegar a una solución". Ante la pregunta por el posible desalojo, sostuvieron que no lo pidieron, pero que "en todo caso lo ordena la Justicia".
También afirmaron que el inmueble ubicado en la Manzana 99 del barrio "se encuentra dentro de la traza del parque que está en construcción" y agregaron que "obstruye de manera deliberada la ejecución de obras públicas, específicamente la construcción y equipamiento de espacio urbano en sector bajo autopista". Baldiviezo manifestó, en cambio, que en ese sector "las calles ya están abiertas y el espacio público que hicieron está totalmente abandonado". El abogado advirtió también que a las familias "les ofrecen una sola vivienda con una habitación para cada una, algo totalmente absurdo".
A fines del 2021, el propio ODC publicó un informe sobre el estado de las viviendas del "Barrio YPF" en el que encontró "problemas constructivos y funcionales serios". En un detallado informe de 57 páginas, el ODC ya advertía entonces que las viviendas sufrían, entre otras falencias, filtraciones en techos en un 73,8 por ciento de los casos, y en paredes en el 69 por ciento. En cuanto a la provisión de agua, tanto fría como caliente, el informe remarcaba que era insuficiente en el 81,4 por ciento de los hogares.
El otro proceso que atraviesa al conflicto con las familias es el de la reconversión del tramo de la Autopista Illia que pasa sobre el barrio. En el año 2016, la Legislatura porteña aprobó una ley que establecía que esa parte de la autopista debía ser transformada en un "corredor verde" a modo de parque lineal en altura, en el marco de la reurbanización de la ex-villa 31. Para esto, el GCBA debía construir un "desvío" de la autopista de aproximadamente dos kilómetros para reemplazar el tramo a reconvertir. La nueva traza proyectada uniría la 9 de Julio con el peaje de Retiro por fuera del barrio Mugica, pero hasta el momento no se construyó.
Los dos factores, el de las deficiencias denunciadas en el "Barrio YPF" y el del futuro destino de la traza de la autopista, conforman en conjunto el principal argumento de los vecinos y vecinas para buscar quedarse en sus viviendas actuales: entienden que sus departamentos están en mejores condiciones que lo que podrían recibir a cambio y al mismo tiempo saben que, a futuro, la autopista ya no cumpliría ese rol por lo que no habría razón para dejar la zona. "Por ley, la autopista tiene que dejar de ser autopista para ser un parque lineal, por eso no se entiende para qué quieren desalojarlos si eso no va a ser una autopista a futuro", señaló Baldiviezo y sostuvo que "las viviendas no sufren ninguna afección por la autopista".
Según el abogado, detrás del pedido de desalojo se esconden también intereses políticos. Es que, aseguró, "las cuatro familias son bastante activas en contra del Gobierno y los quieren desalojar desde hace tiempo". "Son las primeras familias por las que el Gobierno va a la Justicia", agregó. Desde el Ministerio, en tanto, acusaron a la dueña del inmueble al asegurar que "nunca se mostró interesada en la posibilidad de abrir un diálogo para eventualmente relocalizarse, desestimando las razones expuestas", y agregaron que desde el primer contacto en 2018 "siempre manifestó escepticismo y rechazo respecto del proceso de reasentamiento".
El viernes pasado, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo en el barrio con el flamante ministro de Desarrollo, Gabriel Mraida, que reemplazó a María Migliore tras la victoria de Jorge Macri sobre Martín Lousteau en la interna oficialista de la Ciudad. Allí, Larreta celebró el avance en las obras de "70 nuevas viviendas" para completar el traslado de las familias del bajo autopista, aunque no mencionó la situación de los y las vecinas en conflicto.
