Cinco gendarmes fueron procesados, dos de ellos con prisión preventiva, por la desaparición de unos 16 kilos de cocaína -sobre un total de casi 27 kilos- que habían sido secuestrados en un procedimiento en la ciudad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, y que estaban en custodia en un depósito de la Gendarmería en Zárate. La hipótesis es que se iba a ocultar la maniobra cuando se incinerara el resto de la droga, que provenía de la ciudad de Orán, en Salta.
El cargamento fue descubierto el 23 de junio en la ruta 9, a la altura de Lima, escondida en un camión de transporte de cargas generales. El hallazgo se hizo a través de una entrega controlada, debido a que se estaba investigando la ruta de unas encomiendas con droga. En total, se contabilizaron un total de 25 paquetes que contenían cocaína con un alto grado de pureza.
Los cinco efectivos que ahora están procesados fueron detenidos el 4 de septiembre pasado tras un allanamiento a la sede del Escuadrón 63 "Zárate-Brazo Largo" de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), por dos denuncias anónimas hechas por personal de esa fuerza.
En esas denuncias, presentadas ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay donde se aseguraba que un faltante de droga secuestrada y que estaban involucrados varios gendarmes, con la intención era "ocultar esta situación hasta que se produjera la destrucción de los narcóticos".
Así, se allanó el depósito y se corroboró que en lugar de los 26,730 kilos de cocaína de máxima pureza -que se había secuestrado en Lima, durante un operativo de rutina en la ruta 9-, solo había 10.
Entregas vigiladas: así cayeron los gendarmes
Todo comenzó cuando se hizo una "entrega controlada" de cinco encomiendas con droga, en la que intervino el Escuadrón de Operaciones Antidrogas y de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Campana. En esa investigación, se logró detener a dos personas cuando fueron a retirar las encomiendas en una empresa de la ciudad de La Plata.
A raíz de esas detenciones, se decidió otra entrega vigilada, el 23 de junio pasado, realizado por la Sección Seguridad Vial "Lima", que depende del Escuadrón 63 “Zarate-Brazo Largo”. Los efectivos siguieron a un transporte de logística con apoyo de Zorro, un perro adiestrado de la fuerza, que reaccionó en presencia de estupefaciente en cinco bultos.
Al inspeccionar el camión de carga, los investigadores hallaron 25 paquetes envueltos en papel de aluminio que, tras las pruebas de campo, dieron resultado positivo para cocaína con un peso total de 26,730 kilos.
Para el magistrado, en función de las pruebas reunidas, los imputados Nicolás Rolleri -segundo comandante del Grupo Criminalística del Escuadrón 63- y Andrés Dávalos, alférez asignado, "transportaron y tuvieron con fines de comercialización la cantidad aproximada de 16,090 kilogramos" de la cocaína incautada.
El juez tuvo en cuenta que uno de los denunciantes sostuvo que Dávalos era el encargado de realizar el peritaje de la droga secuestrada, y que cuando descubrió el faltante, dijo: "Voy a presionar que se haga la quema y ahí es como que nunca paso nada, que se quemaron los 25 paquetes…"
Para el magistrado, "cobra especial relevancia el cargo que ocupaban los nombrados en el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses, y la circunstancia de que fueron ellos quienes propusieron e indicaron al resto de sus consortes de causa que el faltante del material estupefaciente iba a ser 'solucionado' con la incineración final y que con eso 'no iba a pasar nada'".
González Charvay también procesó al sargento primero Ariel Cruz y de los cabos primeros César Rengifo y Silvia Clapier, aunque les concedió la excarcelación. Según el magistrado, "se verifica, en principio, que los encausados Cruz, Rengifo y Clapier aceptaron la 'solución' propuesta por Dávalos y Rolleri para encubrir la faltante del material estupefaciente, que no era otra cosa que la destrucción mediante incineración" del resto de la droga secuestrada.
Rolleri y Dávalos seguirán presos como coautores de "sustracción de efectos secuestrados, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en las modalidades de transporte y de tenencia con fines de comercialización, agravado por ser cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de esta clase de delitos".
En un fallo de 91 páginas, el juez también les atribuyó el delito de "falsedad ideológica agravado por haber sido ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, e incumplimiento de los deberes de funcionario público", y les trabó un embargo de 25 millones de pesos al primero y de 30 millones al segundo.
Mientras que los gendarmes Ariel Cruz, César Rengifo y Silvia Clapier, están procesados, sin prisión preventiva, como coautores de "malversación culposa de efectos públicos, encubrimiento por omisión de denuncia agravado en razón de la especial gravedad del hecho precedente y por resultar el autor funcionario público, encubrimiento en la modalidad de desaparición de rastros o pruebas del delito agravado en razón de la especial gravedad del hecho precedente y por resultar el autor funcionario público en grado de tentativa, e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Además, dispuso la inmediata libertad y les trabó embargos de entre 10 y 15 millones de pesos, al tiempo que les prohibió la salida del país y les impuso normas de conducta.
