En solo dos párrafos la Corte Suprema avaló las declaraciones de los "arrepentidos" del caso "Cuadernos" que fueron utilizadas para presionar a empresarios y exfuncionarios de segunda línea con la finalidad de que admitieran sobornos e involucraran a Cristina Fernández de Kirchner a cambio de recuperar la libertad, si ya estaban detenidos, o de no perderla. Los supremos rechazaron un planteo del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido que cuestionaba la validez constitucional de la ley que introdujo en 2016 la figura también conocida como la del "imputado colaborador" con alcance más amplio al que tenía. La norma permite que las/los acusados que quieran aportar información nueva y verificable puedan aspirar a beneficios procesales y una pena morigerada. La defensa de De Vido también había objetado que, pese a los requisitos legales, no había registro de audio ni fílmico de las delaciones. 

La resolución que firmaron los cuatro supremos (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) incluye un mensaje de respaldo a los jueces e la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que este lunes decidieron reabrir las causas conocidas como Memorándum y Hotesur-Los Sauces en las que revocaron los sobreseimientos de la vicepresidenta que habían dictado dos tribunales orales para tenga que enfrentar dos juicios. Este dúo de camaristas es el mismo que en noviembre de 2020 también había rechazado el mismo planteo de De Vido y otros acusados contra la ley del arrepentido. Es más, un argumento fue que en el caso Cuadernos los involucrados se arrepentían por su propia voluntad. No es lo que contó, por ejemplo, el empresario Gerardo Ferreyra, quien rechazó "colaborar" y pasó un año preso a diferencia del resto. Describió públicamente el apriete del fiscal Carlos Stornelli. 

En aquel fallo de Casación en el caso de los Cuadernos, la jueza Ana María Figueroa, que integraba la Sala I con Barroetaveña y Petrone, votó en disidencia y desarrolló argumentos para dictar la inconstitucionalidad de la ley 27.304 del arrepentido. Consideró que atenta contra garantías constitucionales como la prohibición de autoincriminación, la presunción de inocencia, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Además, dijo que las declaraciones de los 24 arrepentidos en juego, debían considerarse nulas ya que no habían sido registradas por "medios técnicos idóneos" que permitan que todas las partes puedan controlar las pruebas. Estaba en línea con el reclamo de los imputados. Figueroa es la jueza que la Corte hizo "cesar" en el cargo hace dos semanas por haber cumplido 75 años (edad jubilatoria) pese a que estaba en trámite en el Senado un pedido del Poder Ejecutivo para extender su mandato por cinco años más, como habilita la Constitución Nacional. 

La decisión de la Corte se puede leer desde varios ángulos. Es un modo de meterse en la campaña a un mes de las elecciones, tratando de llevar al centro de la escena y de la agenda a CFK, como lo hizo Casación, y darle contenido a una polarización con el kirchnerismo que intenta Patricia Bullrich y no logra. Se reflota la vieja receta de agitar las causas judiciales para que se hable más de eso que de los anuncios de Sergio Massa. En un plano judicial específico, el caso de los cuadernos viene sufriendo fuertes golpes a partir de los peritajes que ordenó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en función de la denuncia del empresario Armando Loson, que revelaron que algunos de los manuscritos del chofer Oscar Centeno (el primer arrepentido) que relataban supuestos traslados de dinero de coimas, estaban llenos de enmiendas y tachaduras. Tenían, además, la caligrafía de otra persona que resultó ser el expolicía Jorge Bacigalupo, el hombre que le había entregado los cuadernos al periodista de La Nación, Diego Cabot, con cuyas fotocopias Stornelli metió el tema en otra causa, para quedárselo sin mandarlo a sorteo, junto con el fallecido juez Claudio Bonadio. 

La confirmación de la validez de las declaraciones de los arrepentidos, que estructuraron el caso junto con los cuadernos de Centeno, es también una forma de apurar que se haga el juicio oral, con esos relatos, cuestionados por los mismos arrepentidos. Mientras tanto, este jueves vuelve al ruedo la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que analizará el fallo con el que los supremos reformaron el Consejo de la Magistratura y pusieron a Horacio Rosatti a la cabeza con una ley que estaba derogada. 

El escueto fallo de la Corte sobre la ley del arrepentido, que contesta a un planteo de los abogados de De Vido (Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro), dice simplemente que se rechaza por no haber sentencia definitiva. Les llevó más de dos años llegar a la oportuna conclusión. Le reclaman al exministro, además, que pague los 300.000 pesos de la tasa de justicia.