Un día después de que la Legislatura porteña aprobara la reforma de la ley que regula a los Corredores Inmobiliarios para establecer que los inquilinos no paguen más comisión al alquilar una vivienda, las cámaras del sector vaticinaron que la medida aumentará el precio de los alquileres y anunciaron que analizan la vía judicial para revertir la nueva disposición. El vicepresidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), Omar Porta, sostuvo ante este diario que “es posible que la comisión que van a pagar los dueños se traslade, pero además, como la rentabilidad es la más baja históricamente, a un propietario le va a parecer más interesante vender y poner la plata en bonos o Letes que alquilar. Esta fue una decisión apresurada del gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta que beneficia a un sector en detrimento de otro, cuando la idea que planteamos el año pasado era no perjudicar a nadie y menos al inquilino”. Las agrupaciones de inquilinos, en cambio, desestimaron los argumentos y sostuvieron que las quejas son porque “se les achica el negocio y van a tener que competir entre ellas y dar un buen servicio”.
La reforma aprobada el jueves, que beneficiará a un 35 por ciento de los habitantes de la Ciudad que, según estadísticas oficiales, son inquilinos, fue promovida por el bloque de Cambiemos. Aprobada con 51 votos a favor y 2 abstenciones, establece que las comisiones por alquiler las deberán pagar los propietarios de los inmuebles; que no se podrá cobrar gastos de gestión a los inquilinos y, además, fija que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) será el órgano de control del cumplimiento de la legislación en materia de locaciones y del asesoramiento para dueños e inquilinos.
Porta sostuvo que “está en evaluación hacer un planteo judicial por el lado de la inconstitucionalidad de la ley”, y remarcó que “lo primero que hay que aclarar es que ésta no es una ley de alquileres sino una modificación a la ley 2340 que creo el CPI”. En esto coincidió con el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, quien dijo a PáginaI12 que “el gobierno vendió la modificación como una ley de alquileres, y no es más que una reforma de una ley que se incumplió durante diez años”.
El vicepresidente del CPI explicó que “en noviembre pasado planteamos hacer una reforma que pensamos de esfuerzo compartido: bajar la comisión al 3 por ciento para los inquilinos, y cobrar otro 3 por ciento a los propietarios (hoy se les cobra entre uno y dos y medio por ciento)”, y remarcó que “la baja de esa rentabilidad del 6 por ciento es la que perjudica a las inmobiliarias que sólo pueden cobrar el 4,15. El Colegio agrupa a unas 6000 inmobiliarias, de las cuales el 80 por ciento son chicas, con dos o tres empleados, y a las que les va a costar sostenerse”.
“Ahora, además –continuó Porta–, al propietario que tiene que estar inscripto y pagar Ingresos Brutos, tenemos que decirle que tiene que pagar el 4,15 y los gastos por gestiones. En un país donde la inflación no es un tema menor es muy factible que esto lo trasladen a los precios, y eso si no le parece más interesante vender y poner la plata en Bonos o Letes”.
En cambio, el titular de Inquilinos Agrupados rechazó los argumentos del sector inmobiliario, y explicó que si la comisión se trasladara a los precios, prorrateado a lo largo de un contrato no tendría incidencia”. Lo que pasa es que se les achica el negocio y ahora van a tener que competir entre ellas para que un propietario las elija. No van a poder hacer lo que quieren como lo hacían con los inquilinos, que eran rehenes de la situación y no podían negociar las comisiones”, sostuvo.
Para Muñoz, la reforma “facilita el acceso a un sector que no puede ingresar al mercado porque no tiene 30 mil o 40 mil pesos para entrar. Además, es más justo que la comisión la paguen los propietarios porque es a ellos a quienes las inmobiliarias les brindan el servicio”.
Para alquilar, según los datos aportados por Muñoz, se necesitan cuatro meses y medio de alquiler para entrar y un precio promedio de 8500 pesos: un mes de depósito en garantía, un mes de adelanto, un mes y medio de comisión y casi otro mes por gestiones de pedidos de informes y certificaciones.
Con la nueva reglamentación, se reduce, además de la comisión, el cobro por gestorías y sólo se cobrará el trámite oficial: el valor del informe (360 pesos) y el de la certificación (450 pesos).
Además, Muñoz remarcó que “se haya transferido el control al IVC es fundamental porque hasta ahora el control dependía del Colegio Inmobiliario, donde no prosperó ninguna denuncia de los inquilinos”. Y en cuanto a la posibilidad de que la norma sea recurrida por medio de la justicia sostuvo que “es muy difícil que fallen a favor de las inmobiliarias porque ya hay dos fallos a favor nuestro. Ellos sostenían que era inconstitucional el tope a las comisiones, y les dijeron que tienen que cumplir con la ley. Además, esta es una ley que salió del Ejecutivo de la ciudad con mucho consenso, no tuvo ningún voto en contra. No creo que tengan mucho margen para revertirla”.
