La Asociación Latinoamericana de Acero (Alacero), entidad que agrupa a los gigantes siderúrgicos de la región, manifestó su "preocupación en relación con el proceso de reglamentación e implementación del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) impulsado por la Comisión Europea". "Entendemos que, con las condiciones actuales, será difícil cumplir en tiempo y forma con los requisitos solicitados, afectando los procesos de comercio tradicionales de nuestros miembros productores de acero de la región", advierte el comunicado.

El CBAM es uno de los puntos más calientes de la agenda ambiental global. Se trata de una herramienta comercial de parte de la Unión Europea que castiga las importaciones de bienes que contienen una carga de emisiones de carbono que supera las exigencias que enfrentan las empresas que operan en territorio europeo.

El CBAM es indisociable del Sistema de Intercambio de Emisiones (ETS por sus siglas en inglés), que es el principal modo que tiene la UE para alcanzar sus ambiciosas metas de descarbonización. El ETS es un sistema de “comercio de emisiones”, que penaliza económicamente a las empresas de electricidad, fabricación industrial y químicos, entre otros, que superan determinado umbral de carbono en sus procesos de producción.

Impacto

"La información oficial publicada en el sitio de la Comisión Europea es confusa e incompleta, en lo que refiere a la metodología futura. Por ejemplo, el modelo que se encuentra disponible como herramienta para la comunicación entre los operadores de las instalaciones e importadores genera preocupación con relación al nivel de detalle de las informaciones exigidas, que podrían afectar las reglas de compliance de los operadores. Por su parte, los tiempos definidos tampoco serían los más adecuados y suficientes para cumplir con un proceso de tal complejidad, considerando que el período de transición definido por el mismo organismo regirá entre el 1/10/2023 y el 31/12/2025. Los documentos guía fueron publicados apenas entre el 17/8/2023 y 22/8/2023. Las capacitaciones propuestas se están anunciando recién a partir del 5/10, incluso ya con el período de transición iniciado", dice el comunicado de Alacero.

La queja tiene dimensión política, porque no se trata de un puñado de micropymes que no llegan a completar la documentación requerida por las autoridades, sino que se trata de 60 megaempresas que producen 65 millones de toneladas por año de acero, equivalentes al 95 por ciento de la fabricación de América latina. Entre ellas, está el Grupo Techint, Acindar y el Grupo Usiminas de Brasil. En otras palabras, más temprano que tarde, este tema pasará a la esfera diplomática.

La medida

De acuerdo a lo que comunicó la UE, el CBAM entra en funcionamiento este 1 de octubre. Inicialmente, se aplicará sobre determinados bienes cuya producción es intensiva en carbono, como el cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. En esta primera etapa, los importadores europeos de estos bienes tendrán que reportar los gases de efecto invernadero contenidos en estas mercancías, aunque sin tener que pagar. El primer informe lo deberán presentar en enero de 2024.

El sistema entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2026. A partir de ese momento, los importadores tendrán que hacer una presentación anual sobre los ingresos de bienes y los gases de efecto invernadero contenidos, lo cual determinará pagos en función de las exigencias que también corren para los productores locales.

Mediante el CBAM, la idea de la UE es evitar “filtraciones de carbono”, ya que, en el marco del ETS, una empresa podría deslocalizar su producción para operar desde un país sin estas restricciones y luego vender al mercado europeo, obteniendo una ventaja sobre sus competidoras y adicionalmente esquivando la reducción de la emisión de carbono.

Las siderúrgicas, que son grandes consumidoras de energía y por tanto responsables de emisiones de gases de efecto invernadero, están entonces en la primera fila de sectores afectados por el CBAM. "Nuestra industria está plenamente comprometida con la transición energética y entendemos que es un proceso complejo, que debe ser justo y realista, contemplando la situación y recursos disponibles de cada industria y de cada país. A diferencia de los países que integran la Unión Europea, los latinoamericanos no cuentan con subsidios o ayudas a fondo perdido para financiar la transición o la adopción de tecnologías disruptivas de descarbonización", indica Alacero.