El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este miércoles con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, a seis días de cumplirse el noveno aniversario del caso que conmovió al país y al mundo.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, explicó ante la prensa que el mandatario hizo una apertura parcial de los archivos militares sobre el caso. "El presidente nos dijo que ya entregó toda la información, pero nosotros le decimos que todavía hay información faltante y que está en manos del ejército", indicó el abogado a la salida del encuentro en el Palacio Nacional. "Después de un largo debate, acordamos otra reunión el lunes 25 a las 5 de la tarde", agregó, al tiempo que aclaró que no estará presente López Obrador, pero si la secretaria de Gobernación, Luisa Maria Alcalde, y el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas para que den respuesta a la petición de las familias.
La palabra del Ejecutivo
Más temprano, en su rueda de prensa diaria, López Obrador dijo que quería hablar con los familiares para "para informarles, para que no haya manipulación, porque no es cierto que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso. El Ejército entregó toda la información”. Además descartó que haya una ruptura con ellos: "No hay motivo (de ruptura) porque no hemos fallado, ni vamos a fallar, independientemente de lo que puedan decir, en este caso los padres, que tienen todo el derecho de manifestarse, porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos, y eso es entendible, es muy humano", expresó.
El mandatario aseguró que cumplirá su promesa de resolver el crimen antes de dejar el cargo el 1 de octubre de 2024. “Sí, tenemos mucho avance, hoy vamos a informar, y una de las cosas que nos va ayudar mucho a contrarrestar estas calumnias, va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos”, aseveró.
También acusó a organizaciones civiles y organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), de usar el caso para atacar a su Gobierno. “Ha sido un asunto también manejado por los conservadores, reaccionarios, en contra nuestra, y también para un grupo de pseudodefensores de derechos humanos aliados con organismos internacionales de derechos humanos, incluso de la ONU y de la OEA, que se han dedicado a medrar con el dolor de la gente”, criticó. “¿En dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos?, ¿dónde?, ¿en qué país?", añadió.
El caso
Los estudiantes de magisterio desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban subir a micros en Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones. Los jóvenes fueron detenidos por policías complotados con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial de la época. Los militares mexicanos tienen parte de responsabilidad por sus acciones u omisiones en la desaparición, reconoció un informe de la Comisión de la Verdad gubernamental divulgado en agosto de 2022. Hasta ahora, solo fueron identificados los restos de tres de las víctimas y se sospecha que los cadáveres fueron incinerados.
Como parte de sus actividades para conmemorar la fecha, padres y estudiantes se trasladarán en los próximos días a Ciudad de México, donde harán plantones frente a la Fiscalía General de la República (FGR) y protestarán para exigir que el presidente resuelva el caso.
