La jueza María Eugenia Capuchetti guarda en la caja fuerte de su juzgado informes de las empresas Telefónica Argentina y Telecom que incluyen un registro de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes del celular del diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio). La magistrada y el fiscal Carlos Rívolo tuvieron una seguidilla de cruces por el trámite de esta prueba y ella decidió guardar ese reporte no se sabe bien a la espera de qué, sin darles acceso a las partes que intervienen en este tramo de la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Los abogados querellantes hicieron una presentación este miércoles para poder conocer el material en forma urgente. La pista sobre Milman y su posible relación con el atentado ha sido el reino de las dilaciones y la pérdida de información a lo largo de un año. 

Capuchetti conserva en la misma caja el teléfono que Milman entregó en forma voluntaria, a través de su abogado, Manuel Barros, el 22 de agosto. Aunque la jueza había rechazado el análisis del contenido del aparato, la Cámara Federal revocó esa decisión por la gravedad de la causa y la necesidad de que no quede nada sin investigar. La Cámara de Diputados votó expeditivamente la autorización para abrirlo en un peritaje, pero como el legislador y exjefe de campaña de Patricia Bullrich volvió a apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, todavía no se concretó la medida. El 4 de septiembre, el defensor de Milman informó algo que no se conocía y agregaría alguna complejidad: Milman usaba dos líneas de teléfono, una tercera para WhatsApp y tenía una cuarta que habría dado de baja posiblemente ligada a otro dispositivo. 

El arte de postergar

Rívolo dispuso una serie de medidas para cotejar datos sobre las líneas telefónicas. También entendió que había que pedir lo que técnicamente se llama "tráfico de IMEI" entre el 1 de julio de 2022 y el 22 de agosto de 2023. Esas siglas se refieren al código grabado en el aparato, que permite detectar dónde impactan las llamadas, o dicho de otro modo, con qué teléfonos hablaba Milman. Los rastros del IMEI, a diferencia del registro de llamadas, no se pueden borrar. Aquí viene la increíble secuencia: 

* El fiscal le pidió a Capuchetti que firmara ella el requerimiento de información por tratarse de comunicaciones, algo que está en su ámbito de decisión. Le explicó que cuando las prestatarias de telefonía móvil envían todo lo referido al IMEI indefectiblemente revelan datos sobre llamadas. El 8 de septiembre la jueza rechazó el pedido y le dijo que lo mande él, porque no veía razones para que apareciera con el código en cuestión información sobre llamadas entrantes y salientes.  

* Rívolo envió los oficios y les preguntó a las compañías si para dar cuenta del tráfico de IMEI revelarían datos sobre las comunicaciones. El 13 de septiembre Telecom mandó directamente lo requerido, que incluía registros de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes. 

* La jueza sostuvo que Telecom y Telefónica no habían respondido correctamente le pedido del fiscal y sostuvo que las empresas "se extralimitaron" y que eso no podía ser la excusa para "justificar la incorporación de pruebas inválidas". Alegó también, como si Rívolo no hubiera avisado nada, que la información se había pedido sin su autorización. Le exigió a la fiscalía que mandara las respuestas para guardarlas en un sobre cerrado en la caja fuerte de su despacho. Pero a la vez lo mandó a Rívolo a preguntarles a las telefónicas si no podían mandar el tráfico de IMEI sin el flujo de llamadas y que si le decían que no era posible, volviera a mandar el pedido. 

Los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, explicaron: "Si bien se trata de un caso vinculado con el estudio de comunicaciones privadas, el trámite no es el mismo que el del secuestro y análisis del dispostivo y no es necesario esperar una decisión de la Casación". "El estándar aquí -aclararon- es otro, debido a que solo se conocerían datos de llamadas y de SMS, y no todo el contenido de su teléfono". 

Es difícil leer este embrollo sin advertir que pareciera que la jueza no quiere esa información en la causa. Para colmo, lo que le señalaba Rívolo es que es prueba que le corresponde estudiar a ella. En duros términos la querella plantea que la actitud de Capuchetti "respecto de todo el trámite vinculado a Gerardo Milman cada vez despierta mayores sospechas de que las obstrucciones a la producción de prueba son producto de la mala voluntad y no solo de una evidente incompetencia". El escrito repasa, además, que la Cámara ya en tres oportunidades revocó decisiones de la jueza relacionadas con la pista Milman: su rechazo a secuestrar los celulares de sus secretarias, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz; su rechazo a ampliar el pedido de análisis del contenido; y hasta el rechazo a secuestrar el celular de Milman, que a esta altura -y sin respuesta firme- es difícil pensar que pueda ofrecer algo relevante para el expediente. 

La historia sin fin

La "pista Milman" comenzó cuando un asesor del bloque del oficialismo y colaborador del diputado Marcos Cleri, llamado Jorge Abello, se presentó en el juzgado y declaró como testigo que, dos días antes del atentado a CFK, había escuchado al diputado en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, decir la frase "cuando la maten yo estoy camino a la costa". Contó que estaba con dos mujeres que, se cotejó, era Gómez Mónaco y Bohdziewicz. Cuando ellas declararon, el 26 de octubre pasado, intentaron negar haber estado ahí, hasta que les mostraron los videos. Igual incurrieron en contradicciones. 

Capuchetti no quiso, como pedía la querella, secuestrarles los celulares. Recién los entregaron en diciembre por orden de la Cámara Federal. Gómez Mónaco dijo que había cambiado el aparato y que ya no tenía el viejo contenido. En efecto, no se le encontró nada relevante. Bohdziewicz declaró que había borrado todo para preservar su intimidad. De todos modos, algo se rescató de una copia de seguridad como un mensaje donde decía a sus compañeras "borren todo" el día previo al encuentro en Casablanca. El 5 de mayo último volvió a declarar: dijo que en realidad el borrado no había sido voluntario sino que su compañera la había llevado a una oficina de Patricia Bullrich donde aguardaban un perito y Milman. El especialista, dijo, eliminó el contenido de su celular en cuatro horas. El celular del diputado, agregó, también fue "manipulado". A Carolina la mandaron a comprar un Iphone nuevo pero resulta -agregó Ivana- que tenía otro que recién le secuestraron este año. Según los abogados de CFK, no habría tecnología disponible para extraer la información de ese dispositivo, un Iphone 14. 

Es decir, las pruebas cruciales para desentrañar esta pista política pudieron ser alteradas gracias al tiempo que la dilación de medidas claves fue facilitando. El teléfono de Milman al cabo de un año ni siquiera fue analizado. Y ahora que Rívolo envió al juzgado los informes sobre sus comunicaciones la jueza "sacó la prueba de circulación", y mandó al fiscal prolongar el laberinto kafkiano con nuevos oficios sobre lo mismo, ya respondido, denuncian los querellantes. "Nos encontramos frente a situaciones insólitas. Recordamos, por si alguien lo olvidó, que lo que aquí se investiga es un intento de asesinato contra la vicepresidenta", dicen. Señalan que la jueza debería dejar sin efecto todo el trámite burocrático que inició y ponerse a estudiar la prueba, además de poner a disposición los datos.