A 12 años del femicidio de Sonia Liliana Garabedian la Justicia envió a juicio al único sospechoso del caso; su ex marido Roberto Alejandro Barros (50). El sujeto deberá responder, no por el homicidio, sino por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por ser cometido por su cónyuge.

En 2015, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó, luego de exhumar su cuerpo, que la causa de muerte de Liliana fue asfixia mecánica por lazo. Los fiscales no quisieron dar crédito, hasta que en febrero del año pasado, y a pedido de la fiscala Yésica Miranda, el equipo tanatológico de Gendarmería Nacional, aseguró que la joven tuvo una muerte violenta (coincidiendo con la pericia del EAFF) y que antes sufrió “violencia física, psicológica, económica y patrimonial” por parte de su ex marido hoy imputado en la causa.

Según los fundamentos de la elevación a juicio “desde noviembre del año 2010 hasta el 6 de diciembre del mismo año, Roberto Alejandro Barros teniendo plena conciencia de que su esposa estaba atravesando una crisis emocional y a pesar de que se encontraban separados de hecho y viviendo en domicilios diferentes, debió cumplir con sus deberes asistenciales. Sin embargo se presentó en reiteradas oportunidades en el domicilio conyugal y procedió a despojarla de sus bienes (cama, colchón, heladera, utensilios de cocina etc) y a omitir brindarle alimentos y necesidades básicas y dignas para la vida de una persona, colocándola en una situación de extrema vulnerabilidad”.

De esta situación “Barros se aprovechó para finalmente arrebatarle a sus hijos menores de edad, lo que desencadenó que Garabedian caminara para buscar una posible salida a la situación de desamparo en la que Barros la colocó debido a la falta de recursos económicos propios (trabajo) y la falta de afectos y o contención de familiares y amigos (por no ser oriundos de esta provincia) generando un peligro para su vida que desencadenó en la muerte”.

La causa

Liliana fue encontrada sin vida en un descampado de la localidad de Nueva Coneta el 12 de diciembre de 2010. Había sido Barros quien el 9 de diciembre denunció su desaparición, pese a que tenía restricciones de acercamiento por una denuncia de violencia de género que había radicado Liliana los primeros días de noviembre de ese año.

El 6 de diciembre, antes de ser asesinada, Liliana permaneció 16 horas detenida de manera irregular en la Comisaría Décima. Según el libro de actas fue por “averiguación de antecedentes y medio de vida”. Según la madre de Liliana, fue detenida porque había ido a buscar a sus hijos a la casa de la hermana de Barros, quien era policía, y no querían entregárselos.

De la Comisaría, a donde también está asentado que Barros concurrió tres veces para pedir que no la dejaran salir a su esposa, Liliana fue llevada a la guardia psicológica del Hospital San Juan Bautista. El alta se la dio una profesional, quien entendió que alguien la esperaba en la puerta. Fue la última vez que la vieron con vida.

Según las pruebas que obran en el expediente la causa estuvo repleta de impericias. La primera autopsia no siguió los procedimientos legales ni profesionales y determinó que falleció de hambre y sed. Los seis fiscales que pasaron por la investigación defendieron esa autopsia e incluso intentaron enviar a archivo la causa en dos oportunidades dilatando el proceso estos 12 años.

Actualmente los hijos de Liliana siguen bajo la tutela de su padre y sin asistencia psicológica ni seguimiento del Juzgado de Familia.