La causa por la desaparición de Carlos Labolita, el amigo de Néstor y Cristina Kirchner, lleva seis años acumulando polvo en la Corte Suprema. Lesa humanidad hace tiempo que dejó de ser una de las prioridades del máximo tribunal, que tampoco convocó a la Comisión Interpoderes –encargada de resolver los obstáculos que se presentan en los juicios contra los genocidas– desde que Horacio Rosatti llegó a la presidencia del cuerpo en octubre de 2021. En el Palacio de Justicia estiman que hay cerca de 100 recursos –vinculados a revisión de sentencias, condiciones de detención o de ejecución de la pena– que podrían firmarse pero que no llegan al acuerdo.

La de “Chiche” Labolita es una de las causas más antiguas en la Corte. Llegó en 2017 y no parece tener demasiada complejidad porque los supremos deben dejar firme la condena contra un único represor, Alejandro Duret. Es, sin embargo, una causa sensible porque toca directamente a la vicepresidenta: “Chiche” Labolita y su compañera, Gladis D’Alessandro, vivieron con Néstor y Cristina Kirchner hasta el 24 de marzo de 1976. Ese día se separaron en La Plata. “Chiche” quiso volver a Las Flores, de donde era oriundo, porque habían detenido a su padre. A poco de llegar, lo secuestraron. Sigue desaparecido.

En 2009, se hizo el juicio por la desaparición de “Chiche” Labolita. Al general de brigada Pedro Pablo Mansilla lo condenaron a prisión perpetua. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, sin embargo, decidió absolver a Duret. El juez Carlos Rozanski se opuso. El tema llegó en Casación. En 2011, el máximo tribunal penal del país revocó la absolución y lo condenó a quince años de prisión. Duret tomó un recaudo para evitar la cárcel: se fugó a Chile un día antes de que firmaran la sentencia. Evidentemente, guardaba cierta capacidad para obtener información, como en sus días de oficial de inteligencia de Ejército.

En 2015, la Corte reenvió el tema para que otra sala de la Casación revisara la condena. Desde 2017, el expediente espera en el Palacio de Justicia. “Estamos esperando desde 2011, cuando lo condenaron. Si se siguen demorando, va a salir en libertad antes de que le confirmen la condena”, se alarma Gladis D’Alessandro. Pese a su fuga a Chile, Duret estuvo en su casa durante todo el gobierno de Cambiemos. Era habitual verlo panfleteando contra los juicios de lesa en los tribunales de Comodoro Py.

La de Labolita es solo un ejemplo de las causas que esperan ser resueltas por la Corte. Hay otras que también esperan revisión, como la de los secuestros de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo en la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), ubicada en Morón. Omar Rubens Graffigna, jerarca de la Fuerza Aérea que fue absuelto en el Juicio a las Juntas, fue condenado a 25 años de prisión por este caso, pero murió sin tener sentencia firme.

Los supremos no solo tienen sentencias condenatorias para revisar, tienen otros recursos que terminan frenando investigaciones en curso. Ése es el caso del exjuez de Menores de San Nicolás Juan Carlos Marchetti, que intervino en la sustracción de Manuel Goncalves Granada. El fiscal Javier de Luca llevó en 2017 el tema ante la Corte después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara el sobreseimiento de Marchetti.

Hay otros expedientes en los que se esperan definiciones profundas, como en el de las torturas a los conscriptos en Malvinas. Allí, Casación funciona como un dique de contención para que las investigaciones avancen: la Sala I de ese tribunal dijo en dos oportunidades, y con conformaciones distintas, que las torturas que los oficiales infringieron a su propia tropa no son delitos de lesa humanidad y, por ende, están prescriptos. La jueza Ana Figueroa votó en disidencia. Es la misma magistrada a la que la Corte declaró cesante dos semanas atrás.

“Tenemos nueve recursos extraordinarios en trámite ante la Corte. Pretendemos que las torturas cometidas a soldados por miembros de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas sean consideradas crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, se permita la investigación y el eventual juzgamiento de los artífices”, dice Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. “En la causa, hay más de 100 militares denunciados y han declarado más de 170 personas, muchas de ellas en calidad de víctimas directas. A 16 años de iniciar la causa, que sigamos todavía esperando una cuestión incidental y tan crucial habla de una deshumanización total de la justicia”, afirma.

Impacto político

El expediente por las torturas en Malvinas está lejos de resolverse, afirman en el tribunal. Lo mismo que otros casos vinculados con empresas, como Ford o Mercedes Benz. El que podría salir es otro que tiene muchísimo impacto político: el que está centrado en el coronel Argentino Larrabure, por cuya muerte la familia responsabiliza al PRT-ERP y busca que sea llamado a indagatoria su último líder, Arnol Kremer –conocido como Luis Mattini–. El hijo del militar, Arturo Larrabure, presentó la denuncia en 2006, justo después de la reapertura de los juicios a los genocidas. En todas las instancias, el Poder Judicial dijo que no se trata de un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, el tema está latente en la Corte.

El caso Larrabure es el caso emblema del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Victoria Villarruel –candidata a vicepresidenta de Javier Milei– y que también integra Larrabure hijo. El Celtyv se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) y tiene el respaldo del influyente colegio de abogados de la calle Montevideo. Las organizaciones de “memoria completa” bregan por sentar en el banquillo a los militantes de los años ‘70 y apuestan a un fallo favorable en la Corte de la mano de Larrabure o en la Cámara Federal porteña, donde está para revisar el rechazo de la jueza María Servini a reabrir la investigación sobre la bomba a Coordinación Federal de 1976.

En algunas oficinas de la Corte le apuntan a Rosatti por la demora en llevar al acuerdo de ministros las causas de lesa. El presidente supremo había dicho que estos expedientes serían su prioridad cuando defendió su pliego en el Senado. Sin embargo, desde que se hizo cargo de la presidencia de la Corte, no convocó a la Comisión Interpoderes en la que se reúnen las distintas agencias estatales con responsabilidad en el avance de los juicios. Creada durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti, la Interpoderes estuvo inactiva entre 2016 y 2020. Carlos Rosenkrantz se acordó de citar a una reunión después de que presentaron un pedido de juicio político en su contra por su postura frente a las causas de lesa. Si bien se concretaron algunos encuentros, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos decidieron no concurrir porque consideraron que era una “lavada de cara” del supremo.

En la Comisión de Juicio Político, los diputados y las diputadas evalúan la responsabilidad de Rosatti y Rosenkrantz frente al fallo del 2x1, que en 2017 fue un puntapié para la liberación anticipada de represores de la última dictadura. Los tribunales se negaron a aplicar la sentencia y el repudio creció masivamente en las calles, por lo que la Corte debió, al año siguiente, modificar su doctrina. Rosenkrantz no alteró su voto; Rosatti, sí.

En la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard estimaron que el tema lesa podría volver a tratarse en el plazo de un mes. Habrá dos sesiones sobre la situación del Consejo de la Magistratura y después está previsto que los diputados escuchen al secretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, Claudio Avruj, que inicialmente había dicho que el fallo del 2x1 estaba “ajustado a derecho”.