Ahora que quedó claro que Cristina Fernández de Kirchner fue la candidata más votada en las PASO, el juez federal Julián Ercolini decidió citarla a indagatoria para noviembre y dictarle la inhibición general de bienes, lo que le impide hacer operaciones comerciales. Es en la ya famosa causa conocida como “Hotesur”, en la que Ercolini decidió basarse en el planteo de dos fiscales que afirman que la ex presidenta junto con sus hijos, el empresario Lázaro Báez y otras veinte personas, conformaron un “circuito económico basado en la actividad hotelera” por el cual un grupo de empresas (de Báez) contratistas de obra pública redirigía el dinero recibido para el pago de supuestos contratos de alquiler y consultorías hacia la firma Valle Mitre, gerenciadora de los hoteles Alto Calafate (Hotesur) y Las Dunas, adquiridos por la familia Kirchner en 2008. Según los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques, los contratos eran simulados y escondían una maniobra de lavado de dinero. Decían, por ejemplo, que la empresa Austral Construcciones le había pagado a Valle Mitre casi 71 millones de pesos entre 2007 y 2015, y que esta última le giró a Hotesur 28,5 millones entre 2008 y 2013. La defensa de la ex presidenta siempre planteó que todas las operaciones se hicieron con contratos, que se pueden rastrear en el sistema bancario y que no existió incompatibilidad en alquilarle a Báez.

La indagatoria de CFK está prevista para el 9 de noviembre, después de las elecciones legislativas. Los días 13 y 15 les toca a sus hijos, mientras que Lázaro Báez y su hijo Martín deberán presentarse a fin de ese mes. La ronda terminaría hacia fin de año. Ercolini ya procesó a CFK y al empresario Báez por la adjudicación a este último de 52 obras públicas de 80 en la provincia de Santa Cruz. Fuera de esa provincia prácticamente no consiguió contratos, pero igual el juez consideró que hubo una organización ilícita. En la nueva resolución dice que aquellos contratos fueron el punto de partida de una maniobra para blanquear dinero –de coimas por ejemplo– y que volviera a los bolsillos de la familia Kirchner. Es un razonamiento que hace en forma lineal, por el hecho de que un grupo de empresas de Báez establece contrataciones con Valle Mitre, otra firma del empresario que a su vez administró los hoteles de los Kirchner. Los fondos que se giraban, dice la resolución, eran en su mayoría en concepto de alquileres de habitaciones y contratos de consultoría y eran percibidos por la familia Kirchner. Lo que no se analiza es si, por ejemplo, eran montos razonables por esos servicios.

Para el juez, la adquisición de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas por parte de los Kirchner (que se pasaron del negocio de alquilar departamentos y oficinas al de adquirir y alquilar hoteles) no tiene relación, al menos en su planteo, con la posibilidad de desarrollar esa actividad en un momento de explosión del turismo en la zona de El Calafate (opción que no analiza) sino con la posibilidad de disponer de una pantalla para poder hacerse del dinero por concederle a Báez la obra pública. Así es como señala que Valle Mitre obtuvo fondos por las transferencias desde varias empresas del grupo (de Báez) adjudicatarias de la obra vial en Santa Cruz: Kank y Costilla,  Austral Construcciones, Loscalzo y Del Curto SA, Don Francisco SA, La Estación SA , Alucom Austral y Badial. Los fiscales habían alegado que el objeto de los contratos no siempre coincidía con lo declarado en la AFIP o que se planteaban ciertas incongruencias como que se alquilaban habitaciones para personal que estaba trabajando en obras pero a mucha distancia, como 380 kilómetros.

Los fiscales habían señalado que Báez movilizó en Valle Mitre unos 86 millones de pesos en cinco años para pagar 22 millones de alquileres falsos que en realidad eran coimas, que son cifras que no tienen congruencia. Ercolini señala pagos de unos 28,5 millones a la administradora de los hoteles. Armar semejante estructura para una coima que cercana al 5 por ciento no tendría demasiado sentido.