El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer al empresario Lázaro Báez y otras 26 personas –incluidos sus cuatro hijos– por integrar “una banda” que lavó dinero entre los años 2010 y 2013, y vinculó las supuestas maniobras que se habían realizado en Suiza a fondos que el empresario recibió por contratos de obra pública.
De esta manera, Casanello –quien se declaró incompetente para investigar las cuentas offshore del presidente Mauricio Macri– completó los requerimientos de la Cámara Federal porteña que le pidió que vinculara la acusación de lavado con el dinero con las adjudicaciones de obra pública para readecuar los procesamientos que ya había dictado sobre Báez y el resto de los acusados. La causa judicial se abrió a partir de la denuncia del “arrepentido” financista Leonardo Fariña. Para Casanello se tuvo por probado que, en enero de 2011, Fariña adquirió a Federico Elaskar con dinero de Báez la financiera SGI Argentina, con oficinas en Puerto Madero, “desde donde se dirigen las operaciones de lavado de la banda y se gestiona la formación de una estructura jurídica y bancaria en el extranjero para albergar el dinero expatriado”, según resumió el juzgado en un informe en el que dio a conocer el procesamiento.
“Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina aportaron al hecho delictivo mediante la aplicación de una enorme cantidad de fondos de origen ilícito, realizando la gestiones necesarias para que confluyan en el mercado formal como provenientes de fuentes lícitas”, sostiene otros de los párrafos que Casanello expuso en su fallo de 751 páginas. Casanello también dispuso mantener en prisión preventiva a Lázaro Báez (que con este acumula tres procesamientos), al contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco, además de trabar embargos de hasta 10.500 millones de pesos a cada uno de los acusados.
En tanto y cumpliendo con los pedidos de la Cámara Federal, Casanello reenvió a su par Julián Ercolini los datos que pudieran estar vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que analiza si hubo direccionamiento de la obra pública hacia la empresa Austral Construcciones de Báez durante su gobierno.
