El represor y ex jefe del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, comenzó a ser juzgado ayer por el abuso sexual de una mujer de 37 años, hecho cometido el 24 de abril de 1975, en la propia Jefatura de Policía, frente a una veintena de policías que aún no han sido identificados. El juicio continuará el próximo miércoles 27 de septiembre a las 8.30.
El Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por el juez Federico Santiago Díaz, la jueza Marta Snopek y el juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, comenzó a juzgar al ex comisario por el delito de abuso deshonesto agravado por la calidad de funcionario, el uso de intimidación y por el concurso de dos o más personas, en calidad de autor mediato.
El fiscal general Carlos Amad, a cargo del Área de Derechos Humanos, lleva adelante la acusación penal contra Guil, que en su momento fue procesado por el juez federal Julio Bavio. Entonces también fueron procesados el coronel retirado del Ejército Virtom Modesto Mendíaz, que fue subjefe y jefe de la Policía, pero al que actualmente se le suspendió el proceso por incapacidad sobreviniente, y Roberto Arredes, ex comisario de la Policía de Salta que ha sido declarado incapacitado para que siga en el proceso.
Ayer, durante la primera audiencia, se expusieron las declaraciones de la víctima, identificada solo con la inicial R., y de una testiga en el marco de otra causa de lesa humanidad vinculada.
R. relató que un policía que parecía ser jefe, abusó de ella cuando fue a la Jefatura a pedir que le firmaran una autorización para retirar el cuerpo de su hermano de la morgue del Hospital San Bernardo con el propósito de trasladarlo para su entierro en Río Seco, Tucumán. Se trataba de un militante de Montoneros que fue asesinado por una patota policial junto a otro compañero, el 20 de abril de 1975, crímenes por los cuales Guil ya fue condenado. Los represores señalaban a estos dos hombres como los responsables de muertes de policías en Jujuy.
R. recordó que al 21 de abril de 1975 residía en San Miguel de Tucumán y trabajaba en la gobernación. En esa fecha recibió una llamada telefónica a su casa mediante la cual alguien le informaba que su hermano "cayó ajusticiado en San Lorenzo, Salta". Ese mismo día murió su madre al enterarse de la muerte del hijo, por lo que tuvo que ocuparse de este sepelio, y recién el 24 viajó a Salta en un furgón de la empresa fúnebre para retirar el cuerpo del hermano.
La víctima dijo que en el Hospital San Bernardo le indicaron que debía ir a la Jefatura de la Policía de Salta para que la autorizaran a trasladar el cuerpo. Por este motivo se dirigió hasta allí en el furgón del sepelio. Dijo que una tía la había acompañado pero no bajó a hacer los trámites y se quedó en el vehículo con el chofer porque tenía miedo. En el edificio de la Jefatura la atendió un policía que luego informó a su jefe. Indicó que después le "tiraron" las fotos de su hermano fallecido.
La mujer contó que a continuación, intervino un jefe policial (así lo dedujo por su autoridad y voz de mando) obligándola a desnudarse para una requisa. Indicó que era "un petizo, negro, vestido de policía". Recordó que la condujeron hasta una oficina con alrededor de 20 policías uniformados. Allí ese jefe la obligó a que se quitara toda la ropa y le tocó los senos y los genitales. Ella cayó sobre una mesa. "No paraba de llorar de dolor y la vergüenza", expresó.
Mientras el jefe policial cometía la violación, otro policía se acercó a R. exhibiendo ostensiblemente intenciones de tocarla al tiempo que profirió una frase obscena mientras el resto de los policías se reían y asentían en complicidad con este hecho.
La víctima sostuvo que aquella violación desencadenó en ella un trauma hasta hoy, y múltiples consecuencias en su salud psíquica y física. "Fui al psiquiatra, la psicóloga, al neurólogo, porque se me secaron los lagrimales, las glándulas salivales y la vagina. Tenía 37 años (...) y nunca más pude menstruar, nunca más sentí un deseo sexual (...) del asco de una cosa así", manifestó. También enumeró otros padecimientos, como la fibromialgia.
La mujer contó que además, aquella vez cuando volvían en el furgón del sepelio a San Miguel de Tucumán, los policías los persiguieron hasta el arsenal Miguel de Azcuénaga, y encandilaban con las luces altas por el retrovisor la visión del chofer como para provocar un siniestro vial: "a ver si nos matábamos nosotros también".
Asimismo, la víctima relató que después el represor y exgobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi la echó de su trabajo como empleada pública por haber ido a retirar el cuerpo de su hermano. Después pudo iniciar un juicio por este tema y un fallo ordenó el reintegro y una compensación económica.
A continuación se escuchó el relato de la cuñada de la víctima y esposa del hermano asesinado. Coincidió en que R. fue con el coche fúnebre a retirar el cuerpo, y en ese marco supo que en la Jefatura de Policía de Salta "le quitaron toda la ropa y la trataron de forma bastante indigna".
El comunicado de los represores
El fiscal Amad leyó una publicación del diario El Tribuno, del 24 de abril de 1975 sobre un comunicado de prensa de la Policía.
"Anoche alrededor de las 22 la Jefatura de la Policía dio a conocer el siguiente comunicado: La policía de la provincia informa que en el día de la fecha siendo las 13.30 aproximadamente, en forma conjunta con efectivos de la Policía Federal, mantuvo un nuevo enfrentamiento con elementos extremistas. En estas circunstancias, el choque se produjo en la localidad de San Lorenzo, en la finca de calle Leopoldo Lugones S/N, resultando abatidos dos sediciosos cuya identificación se procura, autores materiales de la muerte de los policías en San Pedro de Jujuy. En este operativo se encontró el material suficiente de prueba para la presunción directa de los mismos en la acción cometida, llevada a cabo en el ingenio Ledesma y también se incautó un verdadero arsenal exisitiendo en esta oficina granadas de mano de alto nivel explosivo", decía la publicación.
"Por último se logró obtener copias del comunicado en el que el grupo subversivo se adjudica la ejecución de los recientes hechos de Jujuy prosiguiéndose con las diligencias del caso, oportunamente se darán mayores detalles", añade la publicación que leyó Amad. El fiscal indicó que el comunicado fue firmado por el teniente coronel Miguel Raúl Gentil, jefe de Policía.
Acompañaron el juicio referentas de la Mesa de Derechos Humanos, también la delegada en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Morales Miy.
