Las organizaciones Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentaron ante la CIDH para denunciar el incumplimiento del Estado argentino de las medidas cautelares dictadas por ese organismo internacional en favor de Milagro Sala. El plazo venció el 11 de agosto, pero la Justicia jujeña aún demora el traslado de la dirigente social a una casa en la que cumplirá la prisión preventiva de forma domiciliaria. 

La CIDH había dispuesto que Milagro Sala no podía permanecer en la cárcel, al considerar que ponía en riesgo su salud, y solicitó al Estado argentino que garantice la vida e integridad personal de la dirigente. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, desacreditó la recomendación de la CIDH y tildó de “burócratas de Washington” a los comisionados, mientras que la Justicia provincial optó como medida alternativa a la detención preventiva, que Sala cumple arbitrariamente desde enero de 2016: el arresto domiciliario.

La otra opción indicada por la CIDH era que pueda enfrentar los procesos en libertad y a lo sumo con fiscalización electrónica, pero fue descartada. 

El plazo para cumplir con alguna de las medidas alternativas venció el 11 de agosto. Tras 14 días, los jueces jujeños continúan demorando el cumplimiento de las cautelares de la CIDH y Sala continúa en el penal de Alto Comedero, a pesar de que los comisionados dictaron la cautelar en favor de la dirigente social en virtud de la gravedad, urgencia y la afectación grave e irreparable.   

“Toda acción, estrategia dilatoria u obstáculo que impida hacer efectiva la medida de prisión domiciliaria compromete la responsabilidad del Estado argentino en su conjunto”, advirtieron los tres organismos de derechos humanos y subrayaron que “es preciso que el Estado adopte medidas concretas y efectivas para disponer de inmediato las condiciones de detención indicadas en la resolución de la CIDH”.

Al reglamentar el arresto domiciliario, los jueces Pablo Pullén Llermanos y Gastón Mercau se arrogaron la decisión de definir dónde debería quedar alojada Sala y fijaron domicilio en una casa en El Carmen, ubicada a 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy. El inmueble elegido había sido completamente saqueada: no contaba con agua corriente, luz eléctrica, ventanas ni sanitarios; lo que demoró el traslado. 

“La decisión judicial impone restricciones que vulneran los derechos de Sala: limita sin justificación la cantidad de personas que podrían visitarla, el tiempo en que podrían hacerlo; encomienda su custodia a la Gendarmería Nacional, lo que está expresamente prohibido por la ley”, advirtió el CELS. 

Días atrás, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, había advertido que “pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es el domicilio, no es prisión domiciliaria. Eso es cambio de una a otra prisión”.

En ese contexto, los organismos que presentaron la medida cautelar en 2016 y consiguieron el pronunciamiento de la CIDH en julio pasado, volvieron a presentarse ante la Comisión de la OEA para denunciar los nuevos incumplimientos por parte del Estado argentino. 

La casa de El Carmen quedó a mediados de esta semana en condiciones de ser habitada gracias al esfuerzo de integrantes de la organización Tupac Amaru desempleados desde la llegada de Morales al gobierno jujeño en diciembre de 2015 y a la campaña de solidaridad impulsada por el Comité por la Libertad de Milagro. Para acelerar la salida de Sala de Alto Comedero, en cuestión de días se hicieron los arreglos necesarios: se pusieron las puertas y las ventanas y se restableció la electricidad y el agua.

Hechos los arreglos, los abogados de la dirigente social presentaron el jueves dos escritos ante los jueces Mercau y Pullén Llermanos para exigir sin más demoras el inmediato traslado ordenado al Estado argentino por la CIDH.

Pullén Llermanos; el director del Patronato de Liberados, Gustavo Aguirre, y el abogado de Milagro, Luis Paz; revisaron ayer las refacciones hechas en el domicilio. “Es inminente el traslado de Sala porque los plazos de la CIDH ya están vencidos. La responsabilidad es gravísima. Debería estar realizándose en pocas horas”, señaló Paz, abogado de la dirigente. “Milagro está expectante por el cumplimiento de la resolución de la CIDH, tiene plena consciencia de que su detención es arbitraria y política, y así lo han demostrado los organismos internacionales”, añadió.

El abogado de la líder de la Tupac Amaru remarcó que la presencia de funcionarios judiciales en el inmueble tuvo el propósito de “corroborar las condiciones de habitabilidad y ver que nada falte a los efectos de las medidas de control”. 

Al respecto, Aguirre explicó que estuvieron haciendo las pruebas de la (una pulsera que va a usar Milagro Sala una vez que salga del penal de Alto Comedero. “La semana pasada cuando vinimos, no había energía eléctrica. Ahora hay señal de celular. Conectamos el aparato a 220”, detalló.

“Una vez que Milagro esté acá en el domicilio, va a disponer de los rangos por los que se va mover. Y vamos a hacer un acta para ponerla en conocimiento de las condiciones, para cuando ella decida salir del domicilio. En ese caso el Patronato va a ejercer la supervisión de la pulsera”, finalizó Aguirre.