Antes era “NN averiguación de delito”, una ausencia de delito, la suspicacia en la Justicia, la “nada” de Videla. Ahora es “Santiago Maldonado, desaparición forzada”, un rayito de luz de democracia que viene del lado de la Justicia. Todavía sucede, todavía estos treinta años de transición tienen un sesgo democrático que se resiste al autoritarismo ancestral y primitivo. Fue todo tan parecido, todo tan machacón de una historia que se aleja y se avecina como si alguien martillara en la memoria, que producía escalofríos. Es la historia que trae su carga: un muchacho rebelde que se solidariza con la lucha de una comunidad mapuche por la tierra de sus ancestros. Una represión brutal y desigual, la denuncia de la desaparición, la campaña encubridora de la inmensa mayoría de los medios, la complicidad de muchos de sus periodistas: inventan guerrillas mapuches, inventan avistamientos del desaparecido en libertad, inventan historias que preanuncian su muerte en un acto terrorista, y el gobierno nacional que sale a minimizar, que reivindica la represión, que niega los hechos y se respalda en los inventos de los medios, que seguramente provienen de sus servicios de inteligencia. Eso configura exactamente el delito de desaparición forzada, con el Estado metido hasta el caracú, desde los gendarmes que participaron en la represión, hasta los funcionarios que ocultan lo que pasó con Santiago.

Aparición con vida de Santiago Maldonado, es también aparición con vida de un sentido de justicia, es aparición con vida del deseo de vivir en democracia y es aparición con vida de una república vapuleada como siempre por los que dicen defenderla. La congoja se transformó en indignación el miércoles cuando representantes de los organismos de derechos humanos se reunieron con los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. La ministra arribó cargada de expedientes para hacer el mismo discurso de reivindicación de lo actuado por Gendarmería, sembrar suspicacias sobre el destino de Santiago Maldonado y quejarse por la falta de cooperación de la familia.

Lita Boitano, de Familiares, fue tajante: “No voy a hablar en nombre de todos, pero nos queda la impresión de que ustedes ya saben lo que hicieron con Santiago Maldonado y no lo quieren decir”. Fue una reunión tensa donde los funcionarios pretendían que se tratara del “comienzo de un trabajo conjunto” y los representantes de los organismos planteaban que habían ido para exigir respuestas del gobierno sobre Santiago Maldonado. La intervención de Lita Boitano fue un cachetazo a esa actuación de los funcionarios. Se dieron por ofendidos, se levantaron y se retiraron de la reunión. Eso fue el miércoles. El jueves la fiscal subrogante Silvina Avila consideró que había suficientes elementos como para aceptar el pedido de la familia y cambió la carátula a “Desaparición forzada”. La posición oficial de hacerse los desentendidos quedó desarmada con el cambio decidido por la fiscal y aceptado ayer por el juez Guido Otranto. Sus decisiones serán tomadas como un acto de hostilidad, como la demuestra la experiencia con relación a otras medidas judiciales que molestaron al oficialismo.

Según la ONU el delito de desaparición forzada se caracteriza por tres factores: la privación de la libertad de una persona por agentes del Estado; la falta de información sobre su paradero y la negativa de las autoridades a reconocer su privación de la libertad.

El comunicado de la familia Maldonado hizo más aclaraciones sobre la importancia de esta decisión: “La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado; es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago; por eso la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas; por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y el Estado debe corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis”. Se trata de un delito que no prescribe, por lo tanto, si las autoridades se empeñan en ocultarlo, la justicia no tiene límite de tiempo para actuar y lo puede hacer cuando esta administración haya sido reemplazada.

No es el primer desaparecido en democracia. Como señala el comunicado de la familia, la transición democrática no pudo transformar en ese tiempo prácticas aberrantes de los organismos de seguridad que se continúan como una herencia maldita. El comunicado señaló varios de esos hechos, alguno de tipo político, como la desaparición de Julio López, y otros de tipo social, como el de Luciano Arruga. Pero en ninguno de los casos anteriores, las autoridades nacionales reaccionaron con la justificación, la mentira difamante o con la revictimización de la víctima como hizo ahora el gobierno de Mauricio Macri. Con Julio López ni siquiera se pudo identificar a los responsables, pero resultó evidente que se trató de una advertencia para atemorizar a los demás testigos de los juicios contra represores, así como un intento de desestabilizar a un gobierno que había permitido esos juicios y que no tenía control sobre todos los organismos de seguridad. En el caso de Arruga, la lucha de la familia, acompañada por los organismos de derechos humanos, pudo vencer la reacción corporativa en el ámbito bonaerense y así permitió esclarecer su asesinato y enjuiciar a sus responsables, aunque con un resultado desalentador ya que ocho policías fueron exonerados y sólo uno condenado.

La persistencia de estos crímenes desde instituciones públicas es el síntoma de un estancamiento, la señal de un mal de raíz que no pudo ser extirpado a pesar del esfuerzo de la sociedad y en pocos casos también de los gobiernos. Pero el ocultamiento, la justificación o el encubrimiento, (ya sea por una cuestión corporativa, ideológica, por conveniencia política o por razón de Estado) por parte de las autoridades nacionales, implica una regresión en el peor de los sentidos y da a entender que esas autoridades no harán ningún movimiento para terminar con esas prácticas, lo cual es lo mismo que decir que harán usufructo de ellas.

Es un debate que ocupa a toda la sociedad desde que empezó la transición democrática. Un debate cuya supuesta superación hacía pensar que la calidad ciudadana había mejorado un escalón. La desaparición forzada de Santiago Maldonado se produjo el primero de agosto. Hubo una gran manifestación en la CABA, que se reprodujo en todo el país, para reclamar su aparición con vida. Pero, en contrapartida, no pareció tener un impacto considerable en las elecciones, sobre todo en distritos como la CABA o Córdoba, donde la fuerza que representa al gobierno involucrado en estos hechos fue muy votada. 

El sitio de la ministra Bullrich apareció ayer inundado con mensajes de solidaridad. Por su sospechoso origen, la abundancia de mensajes se convierte también en un síntoma de la preocupación que empieza a cundir en el gobierno. El 11 de agosto, en El Bolsón, una ciudad de 19 mil habitantes, hubo una movilización de tres mil personas hasta la puerta del escuadrón 35 de Gendarmería, uno de los dos que habrían participado en la represión contra los mapuches. En esa ciudad y en Esquel, –donde se asienta el escuadrón 36—, es manifiesta la hostilidad hacia los gendarmes que en su mayoría residen en esas dos localidades. En ese contexto el gobierno de la CABA, en consonancia con el gobierno nacional, regaló camioncitos de juguete con el logo de Gendarmería para el Día del Niño y como parte de esa campaña de mejoramiento de imagen, algún alucinado organizó una exposición de armas de fuego de alto calibre en un stand de Gendarmería en la Ciudad de los Niños.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado aparece como una hoja en el torbellino de las elecciones, del vice norteamericano, del Council of Americas y los desastres en la economía y los viejos piropos del FMI que ahora se repiten, de la importación desleal de carne de cerdo de Estados Unidos y del aumento exponencial de los impuestos al biodiesel argentino en ese país. En esa maraña llena de urgencias y trampas está insertado Santiago Maldonado, es su parte más vulnerable, el rostro vuelto hacia atrás, una sociedad que se debe repetir sus prioridades hasta el infinito al borde del precipicio.