La vida de Luis Tagliapietra cambió, de manera dramática y definitiva, el 15 de noviembre de 2017. Ese día, a las 7:30 AM hora Argentina, se perdió la comunicación con el submarino ARA San Juan, que había zarpado de la base de Mar del Plata. Alejandro Tagliapietra, su hijo mayor, entonces de 27 años de edad, era uno de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia.

Desde entonces, las prioridades de este abogado penalista, de 65 años, oriundo de San Isidro, cambiaron. Su tiempo y su energía están dedicados a la búsqueda de justicia. Trasladó la sede de su estudio a Mar del Plata. donde el submarino tenía asiento y residían casi todos sus tripulantes. Desde allí, patrocina a 13 de las 44 familias, intenta contener emocionalmente a quienes se desmoralizan por un proceso que ha dejado expuestos altos niveles de connivencia e impunidad.

Sostiene que, “de todas las causas por espionaje en las que Macri fue sobreseído, esta es la más obscena” y agrega que esa impunidad tiene consecuencias severas. Entre los familiares abundan las depresiones y trastornos psicológicos de todo tipo, muchos padres y madres de víctimas se enfermaron de manera fulminante y fallecieron en períodos brevísimos, y hasta hubo, incluso, intentos de suicidio. 

“También ocurre”, cuenta, “que la viuda del tripulante se pelea o distancia con sus suegros y la familia se rompe”, proceso al que contribuyeron, señala, "el espionaje macrista, la infiltración y los trolls". “Es un dolor difícil de procesar”, explica. En su búsqueda, tomó contacto con familiares de víctimas de otros hechos luctuosos, como Iron Mountain, AMIA y Cromagnon.

Por eso, para él, la media sanción obtenida en diputados en la sesión del martes del proyecto que instituye el "Día Nacional por la memoria de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan", ingresado por la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Marcela Passo (UP), que espera tenga un trámite pronto y similar en el Senado, tiene un carácter especialmente reparatorio.

--¿Cuál es la situación judicial actual?

--Hay varias causas abiertas: hundimiento, espionaje, y otras derivadas. Respecto al espionaje, yo presenté un recurso ante la cámara de casación, porque la cámara federal que integran Llorens, Bruglia y Bertuzzi sobreseyó a Macri, Arribas y Majdalani, lo cual es absolutamente ridículo e insostenible. Acá se reconoce la existencia de la prueba: nos espiaron durante un año. Se reconoce la autoría de arribas y Majdalani, es decir que, a diferencia de otras causas, no se puede alegar “cuentapropismo”. Se intenta justificar el accionar en base a criterios de seguridad presidencial, pero los responsables reales de la seguridad presidencial nunca pidieron ni recibieron esos informes. Las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior son muy claras respecto de cuándo se justifica violar el derecho a la intimidad de un individuo, tiene que haber delito o investigación judicial, pero acá no había ninguna de las dos cosas. Llegaron al extremo de espiarnos en días que Macri estaba en Europa. ¿Cómo podemos constituir una amenaza desde Argentina?

--¿Y en la causa principal, la del hundimiento?

--Esa causa está en manos de la jueza Marta Isabel Yañez, de Caleta Olivia. Presenté un recurso de queja por retardo de justicia, que ahora está en manos del tribunal de alzada, que es la cámara de Comodoro Rivadavia. Hace más de tres años que esperamos que designen a los peritos y expertos para analizar la prueba. El 5 de diciembre de 2018 la jueza secuestra los discos rígidos con las pruebas del hallazgo: hay horas de filmación y 67 mil fotos. Ese verano, todavía movilizados por el hallazgo, que se produjo un año después de la desaparición, dejamos que pasen las fiestas, dejamos que pase la feria y después vimos que pasaban los meses y la prueba quedaba ahí, sin que pase nada. En un caso como este vos, más que un perito, necesitás un equipo, con expertos de distintos perfiles, ingenieros navales, ingenieros en estructura, expertos en explosiones, expertos en submarinos. Lo único que hicieron en todo 2019 fue tomarnos declaración a nosotros en condición de testigos del hallazgo, una estupidez, una pérdida de tiempo y una forma de desgaste.

--¿La Cámara falló?

--Sí, en noviembre de 2020, cuando la prueba llevaba dos años durmiendo, nos dio la razón y ordenó peritar. La jueza se siguió negando y el tema escaló hasta un pedido de juicio político. Pero la salvaron en el Concejo de la Magistratura. El que opera para ella es el diputado del PRO Pablo Tonelli, casualmente amigo de Macri. Logró dormir el pedido tres veces, de manera que ahora va camino a archivarse. Luego de nuestra denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la Cámara le ordenó imputar a Mauricio Macri, Jorge Auad y al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur. Pero sólo imputó a Villamil, López Maceo, Correa y Alonso, que son jefes operativos, de segundo nivel.

--¿Cómo conviven con esta trama de impunidad?

--Es muy difícil. Entre los familiares hay mucha frustración y resignación. Hace poco hubo un homenaje en el Senado. De las 44 familias, sólo asistieron 10. Las familias quedan muy sensibles, muy dolidas, en carne viva. Y ellos han aprovechado esa situación: nos infiltraron, nos mandaron gente a hacerse pasar por familiares que después supimos que no eran, con la intención de armar conflictos y sembrar divisiones entre nosotros. En 2018 y 2019 nos mandaron sus ejércitos de trolls a atacarnos en las redes sociales, con el objeto de silenciarnos. En algunos casos lo lograron, pero el resto seguimos acá, firmes.