Este viernes se reanuda el juicio por la muerte de 43 gendarmes al desbarrancar el colectivo en el que viajaban a la provincia de Jujuy. El siniestro ocurrió el 14 de diciembre de 2015, en la ruta nacional 34, en cercanías de la ciudad de Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia de Salta. Por orden de la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, actual candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, los gendarmes iban a reprimir una protesta de la organización social Tupac Amaru en Jujuy.
Este juicio comenzó en noviembre de 2021, sin embargo, el Tribunal Federal Oral N° 2 de Salta, suspendió el avance del debate, debido a que detectó ciertas irregularidades que atribuyó a los demandantes. En este sentido, el presidente del tribunal, Domingo Batule, y los vocales Abel Fleming y Mario Marcelo Juárez Almaraz, señalaron que existió una falta de diligencia y desidia por parte de las querellas y los actores civiles, y también habían afirmado que las defensas habrían cometido actos de obstrucción en la investigación.
En la causa fueron imputados el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, quien estaba encargado de la División Motorizada del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero; el responsable de la logística del viaje, el comandante Juan Carlos German; el jefe de personal, el comandante Juan Carlos Bordón; el jefe del Destacamento, el comandante mayor Elio Rafael Martínez, y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando, por presunta responsabilidad penal y civil sobre el siniestro ocurrido el 14 de diciembre de 2015.
Ahora el juicio se reaunudará con modificaciones en el Tribunal, que seguirá siendo presidido por el juez Batule pero tendrá como vocales a la jueza Liliana Snopek, designada luego de la renuncia de Fleming tras iniciar los trámites de jubilación, y la jueza María Alejandra Cataldi ocupará el lugar de Juárez Almaraz, quien se apartó de la causa por amistad manifiesta con un abogado de las partes.
Asimismo, se espera que este viernes se informe quien actuará como conjuez ya que en 2021 tenía ese rol la jueza Snopek.
El abogado Nicolás Vedia, querellante en la causa en representación de 6 familias, recordó ayer que el juicio se había suspendido por la falta de notificación a la defensa en la etapa de investigación cuando el expediente estaba a cargo del juez federal Julio Bavio. Señaló que se entiende que los vicios legales se encuentran subsanados por eso esta semana los notificaron de la reanudación del debate. El letrado dijo a Salta/12 que espera que hoy el TOF 2 explique los alcances que tuvo la medida, "si fue total o parcial la razón que le dieron a la defensa".
Vedia adelantó que planteará la ampliación de la acusación a otros funcionarios de alta jerarquía de la Gendarmería Nacional que los familiares de los fallecidos consideran que intervinieron en la cadena de mandos y que deben responder ante la justicia.
Por otro lado, el querellante sostuvo que este viernes vendrán algunos familiares y estarán fuera del TOF Nº 2 desde las 7 de la mañana. Señaló que aunque esta querella se formalizó con 6 familias, hay otras 14 que no se pudieron presentar en la causa "por falta de tiempo o de conocimiento", pero apoyan al grupo que sí pudo ser parte del proceso.
Respecto a los 8 años que lleva la causa, Vedia dijo que "hay un mecanismo judicial federal que no está coincidiendo con los tiempos" pero aclaró que tienen "confianza en la administracion de jusiticia" y en que llegarán "a la verdad de los hechos".
Vedia, que en 2015 era director de Asuntos Jurídicos de la Policía de Salta, destacó que después de la muerte de los 43 gendarmes, la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación dispuso que todas las fuerza de seguridad tienen que contar con la revisión técnica de sus vehículos en cada jurisdicción. "Lamentablemente tuvo que pasar esta tragedia para que los vehículos tengan estas revisiones", manifestó.
Por su parte, el abogado Mauricio Arriagada, que comparte la querella con la letrada Nuria Monserratt en representación de 23 familiares, viudas, hijos, padres y madres, de los gendarmes fallecidos, dijo a Salta/12 que pedirá la conexidad de esta causa con otra por asociación ilícita que está en trámite tras una denuncia realizada en 2017. El letrado recordó que una auditoría encontró que "no se ha ejecutado correctamente el presupuesto por parte de la Gendarmería en ese periodo" ya que había una partida asignada de aproximadamente 53 millones de pesos para el mantenimiento de los dos colectivos del destacamento móvil 5, sin embargo, lo que se ejecutó fue menor a los 19 mil pesos.
Arriagada dijo que en caso de que prosiga el debate este viernes, será el primer testigo en declarar porque es denunciante. Cuando ocurrió la muerte de los gendarmes, luego de haber sido contactado por familiares, radicó la denuncia.
El querellante consideró que tras lo ocurrido, Patricia Bullrich no aplicó "mano dura" porque "los jefes de Gendarmería siguen en funciones y ni siquiera tuvieron una reprimenda".
